Por Alessia Genoves
Permaneció 13 años y medio recluida en prisión. Fue acusada de quitarle la vida a su bebé, bajo el cargo de “homicidio agravado”, con una pena de 30 años de prisión. A su caso se apeló, hasta que el administrador de la causa determinó que, tras el parto, sufrió una “emergencia obstétrica” en un parto extra-hospitalario.
Maritza es el nombre con el que la salvadoreña es reconocida. Ésta tarde celebró su libertad la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, la institución política que garantizó su defensa, “gracias al trabajo colectivo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”.
El caso de Maritza es uno más de los 63 casos de mujeres que han recuperado su libertad, luego de que la justicia salvadoreña estableciera que los mortinatos estaban arraigados a complicaciones obstétricas. Sin embargo, a muchas de éstas liberaciones precedieron acusaciones y condenas por homicidios, por lo que la titular de la Agrupación, Morena Herrara, sostuvo que en el país existe una “criminalización”, y persecución de mujeres que reciben atenciones por partos extra-hospitalarios, y que sufren abortos por complicaciones obstétricas.
Hechos
Maritza tuvo un parto extra-hospitalario. A las 19 horas del pasado 24 de octubre de 2008, la embarazada debía dar a luz. Fue asistida por su hermana y por su suegra. Pero, de acuerdo a los testimonios ventilados en la administración de justicia, el bebé habría nacido con “serias malformaciones en la cabeza y cuello”, y vivió apenas 20 minutos, tras el parto.
Enterraron los restos del fallecido cuerpo en el jardín, esa noche. Sin embargo, vecinos de la localidad hicieron una denuncia anónima, apenas 5 días transcurridos los hechos. Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) accedieron a la vivienda de las acusadas. Realizaron una inspección ocular al interior de la vivienda, y del jardín; y, en adelante, desenterraron el cadáver del mortinato, y procedieron a hacer entrevistas a personas del vecindarios.
Maritza y su suegra fueron detenidas, con cargos de homicidio agravado. Pero, “en ningún momento la Policía les leyó sus derechos ni les aclaró los cargos de los cuales se les acusaba”, asegura el informe titulado “Muerte o Cárcel”, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai).
Su detención provisional tuvo lugar el 5 de noviembre de 2008, por el Juzgado de Paz de Anamorós, siendo procesada por el delito de homicidio. Ya, el 11 de junio de 2009, el tribunal de Sentencia de La Unión la declaró responsable de las acusaciones atribuidas, y la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Libertad
En el transcurso de su pena, Maritza recibió asistencia judicial por la Agrupación. Permaneció en prisión durante 13 años y 5 meses. La institución que veló por su defensión informó que la reclusa dio a luz a otro de sus hijos; y que hasta que cumplió 5 años éste fue entregado a su madre para que cuidara de él, mientras cumplía su pena.
Por otra parte, el tratamiento judicial en el que se abordó el caso de Maritza fue juzgado como “incorrecto y violatorio de derechos huamnos”, según cita la Agrupación, de las declaraciones expresadas por su abogada, Abigail Cortéz.
“No se han dado, dentro de la vista pública, los elementos necesarios para poder concluir, la verdad de los hechos, lo cual es la base de toda argumentación razonada de culpabilidad”, añadió.
Pese a las arbitrariedades judiciales, Maritza se expresó congraciada con la Agrupación, que le representó en el proceso; y expresó un gesto de satisfacción, tras la resolución judicial.
“Yo me siento feliz por ésta libertad que he tenido hasta el día de ahora, porque yo no me lo esperaba. Y ésta ha sido una sorpresa para mí. Y quiero que así, en adelante, sigan ayudándole a las demás compañeras, que quedan todavía en los recintos de cada uno de los penales, como allá en Zacatecoluca”, expresó Maritza, congraciada.
