El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, presentó el lunes el proyecto de Ley de Reconciliación Nacional que busca que en la próxima plenaria (jueves) sea aprobado, para poder acatar el plazo que ha otorgado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se vence el viernes.
Además, este cuerpo de ley contendría ciertos beneficios para los criminales que confiesen los delitos que cometieron en la pasada Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
"Las leyes por supuesto no son perfectas, ni acá ni en la China. Pero le puedo asegurar que la ley en términos generales lleva un 90 % de insumo que habían presentado organizaciones defensoras de derechos humanos y un 10% de la propuesta por subcomisión", dijo Ponce, esto en referencia a que tomaron en consideración lo expuesto en los foros en los que se recibió a familiares y víctimas del conflicto armado.
Este documento que tomó meses de deliberación en privado y varias solicitudes a la Sala para extender el plazo de entrega, fue presentado en la comisión política organizada en un hotel capitalino.
Al lugar, también llegaron miembros del cuerpo diplomático, con el objetivo de conocer la propuesta que los parlamentarios habían formulado.
En la sesión, el presidente Ponce solicitó que mañana a las 3 de la tarde se realice una reunión, donde se pueda escuchar a las víctimas para poder mejorar la propuesta.
En este sentido, Ponce sostuvo que el anteproyecto concede beneficios penales, establece medidas de reparación obligatorias al Estado, pero asignar fondos específicos, y prohíbe condecorar a acusados de crímenes de guerra.
Agregó, que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un periodo de seis meses para evaluar y presentar a los tribunales las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
Pero en caso que el fiscal del caso no cuente con los indicios suficientes en el plazo asignado, podría solicitar al fiscal superior un periodo de gracia de seis meses más.
Beneficios para criminales de guerra confesos
Uno de los puntos controversiales es la propuesta de reducir a la quinta parte la totalidad de las penas cuando se reconozca la participación en los hechos, pida perdón a víctimas, colabore en el esclarecimiento de los hechos y ayude a dar con el paradero de las víctimas o sus restos.
Este punto se aborda en el artículo 66 del proyecto, que establece que el juez "podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas, si la persona procesada cumple con cualquiera diferentes condiciones".
En julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, prohibiendo que se impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.
Reparación a los daños hechos a las víctimas de guerra
En el punto de reparación de daños a víctimas de guerra, el anteproyecto propone la creación del Consejo Nacional de Reparación (Conrepara), entidad autónoma liderada por la Procuraduría General de la República (PGR) y acompañada por los ministerios de Hacienda, Salud, Educación y cuatro representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nombradas por el presidente de la República.
Este trabajo interinstitucional, tendrá la misión de formular la Política Nacional de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, programas de reparación, administrar un registro oficial de víctimas, vigilar políticas públicas que las afectan, y rendir informes sobre el estado de reparación a la Asamblea Legislativa.
Además, se incluirá el registro de víctimas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como las del decreto Ejecutivo 204. Además, se mantendrá el Régimen Especial de Registro Único de Víctimas de la Masacre de El Mozote.
Los fondos otorgados a víctimas como reparación, en tanto, serán incluidos de forma escalonada en el Presupuesto General de la Nación de parte del Ejecutivo; aportes extraordinarios que determinen el Estado; y donaciones de cooperación internacional para tal fin. No se establece un monto específico para la indemnización.
Finalmente, el Conrepara debe elaborar una prohibición de homenajes y retirar las distinciones honoríficas y nominación de instalaciones públicas hacia personas condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Diputados dan su postura
Ante esto, la diputada de GANA, Rebeca Cervantes, lamentó que no se hayan tenido el tiempo suficiente para darle estudio a la propuesta y respaldó lo dicho por ayer por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respecto al retraso que se ha tenido en la aprobación de este documento.
“Definitivamente pensamos de la misma manera. Es preocupante que no hemos tenido el tiempo para poder darle estudio; sin embargo, hemos asumido el compromiso para poderle dar estudio al anteproyecto de ley para ver si de verdad reúne los puntos de inclusión para las víctimas y que no sea una ley exprés sino que de verdad sea la Ley de Reconciliacion Nacional que se necesita”, expresó.
Por su parte, el parlamentario de AREN, Carlos Reyes, dijo que lo más importante es cumplir con los plazos que daba la Sala y los puntos que se debían de corregir.
“Esperamos que no haya una dificultad, pero si hay algunas observaciones para darle solución si son puntuales, por supuesto. Será difícil que se pueda dejar satisfecho a todo mundo, recuerde que siempre hay partes que ver y esta propuesta ha sido bastante discutida”, explicó.
VEA VIDEO: VIDAS-VÍCTIMAS DEMANDANTES no satisfecho con la propuesta
Mientras tanto, la propuesta de ley no ha sido recibida de buena manera de parte de las asociaciones que luchan en favor de las víctimas de la guerra.
Uno de ellos es Benjamín Cuellar, representantes de VIDAS-VÍCTIMAS DEMANDANTES, quien dijo que la “suerte ya está echada” para los afectados porque no se les está dando una verdadera justicia a sus casos.
“Lo que pasó es que tuvieron algunas complicaciones, de cómo hacerlo, pero si sabían que iban a proteger con impunidad a los responsables imprescindibles de los hechos atroces, los imprescindibles no son los que ejecutaban las ordenes sino eran quienes que las daban”, expresó.
