Imágenes que evocan a los planes Mano Dura y Súper Mano Dura del los gobiernos de ARENA, son los que se pueden percibir con la estrategias implementadas por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para intentar controlar el alza de homicidios registrado el fin de semana.
Entre las 1 mil 800 personas que han capturado las autoridades de seguridad, empiezan a surgir casos de ciudadanos que no forman parte de estructuras delincuenciales y que fueron detenidos desarrollando sus actividades cotidianas.
Prueba de ello se puede percibir en las diferentes bartolinas del país, donde uno se topa con historias de madres que lloran a sus hijos sin que sepan cuales son delitos que les imputan.
El reciente repunte de homicidios que cerró el fin de semana con 87 masacradas, en medio de toda esa problemática, Bukele se reunió con su gabinete de seguridad para intensificar los trabajos a escala nacional.
Mientras los agentes se encontraban en el terreno, deteniendo sospechosos, los diputados aprobaban el domingo la solicitud del Ejecutivo de emitir el Estado de Excepción, con el cual se suspende algunas garantías constitucionales por un lapso de 30 días, entre ellas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones, derecho a defensa durante detención y restricciones de circulación en algunas colonias del país.
ContraPunto tuvo acceso a historias de presunto abuso de autoridad contra residentes de las colonia San José El Pino, Santa Tecla en La Libertad y urbanización Distrito Italia, municipio de Tonacatepeque, San Salvador.
Las narraciones tienen un común denominador: la sobrevivencia en zonas vulnerables y ahora el temor de ser víctimas del abuso policial, como lo fueron sus familiares que se encuentran guardando detención.
En San José El Pino, la familia de Fernando José Martínez Marroquín, jugador del C.D. Quezaltepeque de la Tercera División del fútbol salvadoreño, quien regresaba acompañado de sus tíos de un partido de fútbol y fue apresado sin mayor motivo.
Mientras que en Distrito Italia se registró varios casos similares. Uno de ellos es la de la familia Mora, ya que cerca del mediodía del domingo agentes policiales irrumpieron en su casa y sin mayor explicación sometieron a Cristian Javier, de 19 años, debido a que le vieron tatuajes en el cuerpo.
Al ver la rudeza que era tratado su hermano, Emmanuel Alejandro, de 26 años de edad, lo defendió generando un forcejeo entre los jóvenes y las autoridades.
“Uno no estaba preparando sus cosas para comer y el otro acababa de llegar a la casa de trabajar en construcción de San Miguel. Sin orden de captura entraron y sin nada, solo llegaron, los agarraron los golpearon y se los llevaron… Uno de mis hijos les abrió y entraron a la fuerza”, indicó.
La madre, Patricia, explicó que los tatuajes que puso en alerta a los agentes, son artísticos y ninguno de los dos tienen relaciones con estructuras delincuenciales.
“Es que vivió y trabajó un tiempo en Estados Unidos y hace poco tiempo fue deportado, pero lo que se había hecho son los pies de su hijo… Es una gran injusticia lo que está haciendo el señor Presidente, porque solo da órdenes de agarrar y no averigua bien, para hacer eso tiene que tener seguro quienes son los delincuentes y quienes no. Estos pobres cipotes sin comer, golpeados maltratados”, reclamó.
Patricia indicó que las imágenes de dinero decomisado, pertenece al papá de sus hijos quien es trabajador de una empresa embotelladora de agua purificada y que hizo un préstamo de US$1 mil para poder hacer mejoras a la casa.
Además, Cristian Javier tenía un ahorro de dinero que le manda de Estados Unidos, unos familiares.
Respecto a los celulares, justificó que son aparatos viejos que los tenían guardados y lamentó el desorden que le dejaron en su casa, al no encontrar ningún ilícito.
Pero no solo ellos fueron los detenidos, porque un vecino intercedió por ellos pero los agentes tomaron a mal la acción y lo habrían ultrajado, por lo que al ver su esfuerzo en vano decidió regresar a casa.
Lo que no se imaginó fue que los agentes le darían persecusión y lo capturarían.
“Él estaba descansando y fue a ver porque nadie estaba con ellos, por lo que fue a ver que pasaba porque los estaban golpeando, cuando él regresó dijo que cerrara la puerta. A los pocos minutos tocaron la puerta los policías, entraron y se lo llevaron”, narró Jackeline Corcios, esposa del tercer capturado.
Corcios se encuentra a un mes de dar a luz, por lo que dijo que esta situación la pone mal en su salud y la de su bebé. Además, contó que gracias a una amiga logró tener contacto con el jefe de su esposo.
“De la empresa donde él trabaja me han dicho que me van a ayudar, por la misma situación que estamos afrontando. Hemos visto la manera de poder venir hasta acá -bartolinas “El Penalito”-, porque una mujer militar me dijo que si salía ya sabía quien soy yo”, detalló.
Ambas mujeres expresaron su preocupación por la falta de ingresos económicos, que tienen que ingeniarselas para poder costear $US12 de la ropa penitenciaria (camisa, short, boxer y crocs), US$7 enseres de limpieza y US$2.50 por tres tiempo de comida.
En las mismas bartolinas cercanas al mercado “La Tiendona”, se encontraba Víctor Peña quien se acercó a Patricia para ver como se encontraban sus hijos.
Ambos se dan fraterno saludo porque viven en la misma urbanización y pertenecen a la misma congregación religiosa.
Peña llegó con la intención de que su hijo, Heber Peña, pudiera comer unos panes dulces y un fresco de piña que le llevaba, pero le dijeron que solo la comida asignada por las bartolinas podían ingresar.
El anciano afirmó que su hijo no tiene nada que ver con la pandilla MS-13 que opera en el lugar. Agregó que desde hace años que su hijo aprendió a confeccionar sandalias e instaló un taller en su propia casa.
“A mi hijo todo mundo lo conoce. Él sale a vender sandalias en distintas zonas de San Salvador. No es marero”, insistió.
En este sentido, recordó que el domingo por la mañana su hijo estaba trabajando en el taller cuando de pronto escucharon unos golpes que parecía que iban a derribar la improvisada puerta de lámina.
“Esa puerta es la trasera es de lámina porque cerramos el patio, pero no la lograron botar fue mi hijo quien les abrió. Lo trataron como si fuera un gran criminal. A mí me llevaron para adentro. Vengase, me dijeron. Anduvieron registrando todo. Le dieron vuelta a todo. Pero no encontraron nada. Porque mi hijo no es marero. No tiene esa mancha”, remarcó.
Por su parte, Noé Castro, hermanastro de Heber, manifestó su inconformidad con lo que hicieron con su hermano.
“¿Usted cree que si mi hermano fuera pandillero lo hubieran encontrado en la casa? Los policías saben quiénes son los pandilleros, ellos salieron temprano antes del operativo”, reprochó.
Otro caso es el de Esperanza, quien es compañera de congregación de Patricia y Víctor, quien evidente descontento alzaba la voz con el afán de sacar su desesperación de lo sucedido con sus vástagos.
Entre muchas cosas, la fémina planteó que ella a las cinco de la mañana del domingo se encontraba en un culto y desde la iglesia contactó cerca de las ocho de la mañana a los jóvenes, para saber cómo estaban y si habían comido.
En una breve charla uno de ellos, le responde que se encontraban en la casa descansando y que saldrían a comprar pupusas a eso de las 9 am.
Tal como lo indicaron, Alexis y Anderson Isaí Ponce salieron a buscar el desayuno cuando los policías los capturaron.
¿Las razones? No las tiene claras, pero intentó aproximarse a algunas, por ejemplo, cortes de cabello inapropiados o vestirse con short.
Pero Alexis y Anderson, según ella, tienen cortes ordinarios de cabello porque, desde que se graduaron como bachilleres, comenzaron a trabajar: el primero es empleado de Lactosa y el segundo de una sucursal de las gasolineras Puma.
“¿Usted cree que alguien mata y se encierra cerca? No, se dispersa. Entonces los policías agarran al primer pasmado que encuentran que sale a buscar su comida”, se queja mientras espera noticias de ellos.
Al grupo se unen dos vendedores ambulantes de mariscos, quienes cuentan su experiencia que su hijo Erick Adonay Rodríguez Méndez, se dirigía a un culto.
“Nosotros vendemos marisco de forma ambulante, él nos ayuda porque tiene su familia. Hasta habíamos sacado un carro en el Grupo Q, para poder mejorar la distribución”, acotaron.
Aprueban nombramiento temporal de 10 jueces
Con 14 votos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se aprobaron el nombramiento temporal de al menos 10 jueces especializados de instrucción en tres sedes departamentales.
Las más de 1,000 capturas realizadas en las últimas 72 horas obligó a los magistrados de la CSJ a aprobar un refuerzo en los Juzgados Especializados del país. Fueron nombrados tres jueces en San Miguel, tres en Santa Ana y dos en los tres Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador.
Para cada persona detenida bajo el régimen de excepción, el juez deberá cumplir plazos de ley, dependiendo del tipo de delito, cuántos delitos y la cantidad de imputados que sean remitidos por cada proceso.
Una de las medidas aprobadas con este régimen, es la ampliación del tiempo en detención administrativa de tres a 15 días, para que la Fiscalía tenga más tiempo para recabar pruebas y presentar el requerimiento fiscal.
Oposición considera “ilegal” cierre focalizados
La oposición salvadoreña considera que los cierres de colonias que las Fuerzas Armadas han comenzado a ejecutar podrían ser un abuso de autoridad, porque no aparecen contemplados o mencionados en el decreto que aprobó la Asamblea oficialista el pasado domingo en la madrugada.
“La cuestión es que el decreto quedó abierto. El artículo 3 dice que quién va a tener la operatividad va a ser la PNC, el ministerio de Seguridad, la FGR, y el ministerio de Defensa. Quiere decir que van a poner las reglas del juego en este accionar”, consideró el diputado Mauricio Linares (ARENA), quien indicó que los cuerpos de seguridad deben respetar los derechos de la población, y que se debe evitar estigmatizar a la juventud.
Luego, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) también coincidió con el legislador tricolor, al señalar que hay una “desconexión” entre lo que se legisló y lo que se está haciendo. “El régimen de excepción solamente limitó cuatro garantías constitucionales, no la libertad de tránsito. Pero ya hay ciudadanos que están denunciando estos cercos en algunas colonias”, indicó.
Así, en la misma línea que los otros legisladores, la diputada Anabel Belloso (FMLN) también cuestionó el manejo que el GOES está haciendo del régimen de excepción en el país.
“No es cierto que no se reconozca que hay una situación extraordinaria que debe ser atendida. Sin embargo, cuando uno lee el contenido de lo aprobado, se sabe que eso tampoco es que sea la solución a la problemática”, consideró Belloso.
Mientras el oficialismo considera que el aumento en el número de homicidios de los últimos días podría haber sido provocado por afectaciones económicas hacia los pandilleros, luego de la confiscación de unidades de transporte, o por financiamiento de los partidos de oposición.
Este último argumento fue esgrimido por el subjefe de la fracción cian, Caleb Navarro, y por el diputado Jorge Castro. Ambos se refirieron a que la oposición intentaría desestabilizar al gobierno en un intento de volver al poder.
“Las olas de violencia son planificadas por grupos de poderes fácticos que han ido perdiendo fuerza. Ellos se encuentran batallando para seguir tomando el dinero público como hacían antes; por ello, están buscando cómo desestabilizar al país”, aseguró Castro, que en anteriores ocasiones ha calificado a la oposición de “irrelevante” y que no explicó cómo ahora sí podrían tener la fuerza u organización para provocar el alza en los homicidios.
Mientras, Navarro apuntó que “es raro que cuando estén viniendo inversionistas y nuestro país está saliendo adelante suceden estas alzas”. “Ahí es donde nos queda la duda que, quizá, hay agentes oscuros de estos partidos tratando de jugar con la vida de los salvadoreños”, señaló.
Asimismo, William Soriano hizo mención a la confiscación de unidades de transporte del empresario Catalino Miranda, al dar a entender que esta era ocupada para “lavado de dinero” y que con esto las pandillas obtenían financiamiento.
“Cuando vemos que se han intervenido algunas rutas del transporte público que son fuente de renta, fuentes de ilicitos, de lavado de dinero, para estos grupos delictivos; obviamente se golpea sus bolsillos”, apuntó el legislador.
De momento, Miranda guarda detención y ha sido acusado de resistencia, desórdenes públicos y ventas a precio superior. La Fiscalía no ha hecho público si tiene intención de acusarlo de lavado de dinero.
