El presidente de la República, Nayib Bukele, arremetió contra el defensor de los derechos humanos y exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), Paulo Abrão, por que este último criticó las medidas que ha tomado el mandatario para controlar el incremento de los homicidios, que dejó una cuota de 85 fallecidos solo el fin de semana.
Abrão retomó un mensaje del mandatario salvadoreño en el que ordena a las pandillas: “Paren de matar o ellos (cabecillas presos) van a pagar también”, y calificó las medidas de “populismo penal”, y señaló que el Gobierno de El Salvador estaría recurriendo a “ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries”.
Bukele respondió al mensaje y acusó a la OEA de haber acompañado la tregua de las pandillas y permitir que éstas consiguieran acumular desde entonces armas, dinero y entrenamiento “para matar”.
“Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la “Tregua” que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país”, publicó Bukele en sus redes sociales.
Respecto a los señalamientos del mandatario, no hay registros que la CIDH haya apoyado la tregua entre pandillas. Lo que sí se puede confirmar es el respaldo que el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, le dio a esta iniciativa registrada en 2012, durante el período del expresidente, Mauricio Funes.
El plan de apoyo a la tregua vigente desde el 9 de marzo de 2012 entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18 inició a partir de que los pandilleros le entregaron a Insulza un listado de peticiones y una entrega simbólica de más de 3,000 armas que fueron destruidas.
Estas acciones en 2012 impulsdas para frenar la ola de crímenes violentos, fue señalada por el presidente Nayib Bukele, quien pidió el fin de semana a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía y del ejército, para frenar una ola de homicidios que inició el viernes y que en tres días deja 87 asesinados.
Sin embargo, una investigación del periódico digital El Faro reveló en septiembre de 2020 que el gobierno de Bukele llevaba un año negociando con la pandilla MS-13 la reducción de homicidios y apoyo electoral.
Según esa indagación basada en documentos oficiales del Ejecutivo, según revela El Faro, registran que desde junio de 2019 hubo negociaciones del actual gobierno con líderes encarcelados de la MS-13.
“El Faro obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y de libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del Director de Centros Penales, Osiris Luna, con líderes pandilleros”, revela la investigación publicada el 3 de septiembre de 2020.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó al director del Tejido Social, Carlos Marroquín y a Osiris Luna, a quienes señala de negociar un acuerdo político con las pandillas MS13 y el Barrio 18, con el fin de reducir los homicidios y obtener apoyo para el partido oficialista Nuevas Ideas.
Luna también fue señalado por el Departamento del Tesoro de participar en una trama de corrupción junto a su madre, Alma Meza, en la cual, supuestamente obtenían y revendían bienes que debían ser entregados como parte de la ayuda del gobierno en el marco de la pandemia.
En esa ocasión también el presidente Bukele reaccionó fuertemente a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa es detener el mal ejemplo”, escribió esa vez en su cuenta de Twitter.
