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martes, 11 de mayo del 2021

La otra cara de la impunidad por crímenes de guerra y lesa humanidad

Diputados del PCN, PDC y No Partidario, pidieron que se considere en el estudio de la nueva ley de reconciliación nacional, un listado de víctimas “invisibilizadas” desde 1970 hasta 1992 y en donde tuvo participación el FMLN.

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Este jueves, los diputados Raúl Beltrán Bonilla del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el diputado No Partidario, Leonardo Bonilla, explicaron que en las convocatorias y visitas a escala nacional de víctimas y de organizaciones que las representan, se ha identificado exclusivamente a víctimas provocadas por un solo sector, lo cual, durante las entrevistas que efectuó la subcomisión política, solo exponen los delitos cometidos por los agentes  del Estado (Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad), en tanto que los cometidos por la extinta guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han quedado en la impunidad.

El  diputado pecenista Beltrán Bonilla pidió que se considere dentro del estudio de la nueva ley de reconciliación nacional un listado de 140 víctimas “invisibilizadas” en el período comprendido desde 1970 hasta 1992, ya que de la década de los  responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de la guerra, fueron autores intelectuales y materiales que continuaron posteriormente formando parte del conflicto armado y quedaron en absoluta impunidad.

El  diputado Leonardo Bonilla, mencionó que en el listado se incluyen delitos cometidos como el secuestro, tipificación de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional regulado por el Estatuto de Roma; crimen de lesa humanidad. Y citó 40 casos.


También  se refirió a víctimas de asesinatos que pueden constituir crímenes de guerra cometidos en el marco de la escalada y conflicto armado. Se trata  de 100 casos.

Beltrán Bonilla recordó que en estos hechos, los responsables son algunas de las cinco organizaciones que conformaron al FMLN.

Luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diera una segunda prórroga a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley de reconciliación nacional, el debate por el tema otra vez ha surgido en el Primer Órgano del Estado.

Los diputados tienen hasta el 28 de febrero de 2020 para contar con la nueva legislación, pero el principal obstáculo ha sido la falta de consenso en las penas carcelarias para los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto armado.

El 13 de julio de 2016, la Sala declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, por "ser contraria al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de víctimas de crímenes cometidos durante la guerra".

La sentencia establece que los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de una justicia independiente.

El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, recoge las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado (1979-1992).

 Dicha comisión investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil en el país, entre ellos, el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero (1980), así como matanzas que dejaron cientos de muertos como la de El Mozote (1981) y la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras (1989).


La Comisión Política de la Asamblea tiene dos propuestas. Uno presentado por las organizaciones de derechos humanos que piden penas carcelarias no menores a los 10 años en contra de la cadena de mando y autores intelectuales de los crímenes, y no menos de cinco años para los autores materiales.

El segundo proyecto de ley fue presentado por Arena, PCN y PDC y propone que Fiscalía decida si hay elementos para iniciar una investigación o para archivar el caso.

El 28 de mayo el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que pidieron una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación.

El 5 de septiembre, presentaron un escrito a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, para que la Asamblea diera detalles de las consultas de campo que efectuaba a las víctimas de la guerra (1979-1992). Hasta la fecha, el tribunal constitucional no se ha pronunciado.

El Frente fue fundado el 10 de octubre de 1980 por las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

En 1975, el ERP se había dividido por discusiones acerca de la estrategia política y militar a seguir, y de allí surgió la RN. La dirigencia del ERP ordenó y ejecutó la muerte de dos de sus militantes: el poeta Roque Dalton y el obrero Armando Arteaga (Pancho).

Las víctimas por secuestro

11 de febrero de 1971 es secuestrado el empresario Ernesto Regalado Dueñas, exigiendo un millón de dólares como rescate; fue asesinado el 19 de febrero del mismo año. Se atribuye como responsable a “El Grupo”.

27 de enero de 1977 es secuestrado Roberto Poma, presidente del Instituto  Salvadoreño de Turismo; su cadáver fue abandonado el 25 de febrero tras el pago de $20 millones, no obstante ya había sido ejecutado. Se responsabiliza al ERP.

17 de mayo de 1978 es secuestrado el empresario japonés Fujio Matsumoto, presidente de INSINCA, exigiendo por su rescate la libertad de 14 detenidos durante la huelga de la Central Azucarera de Izalco, derogación de la Ley de Garantía y Seguridad del Orden Público y amnistía para los presos políticos, siendo encontrado muerto en las faldas del Cerro San Jacinto el 4 de octubre de 1978. Responsable las FARN.

24 de noviembre de 1978 es secuestrado el ciudadano holandés Fritz Schuitema gerente general de Philips de El Salvador; a cambio de su vida se exigió un millón de dólares y la transmisión de un comunicado en 32 países del mundo. Fue liberado el 30 de diciembre del mismo año por las FARN.

28 de noviembre de 1979 es secuestrado el embajador de Sudáfrica Alchibald Gardner Dunn, quien murió durante su secuestro y aún no ha sido entregado su cadáver. La Sala de lo Constitucional exigió al expresidente Salvador Sánchez Cerén, revelar dónde fue enterrado. Responsable las FPL.

Víctimas de asesinato que pueden constituir crímenes de guerra

1 de abril de 1884, es acribillado el doctor Raymundo Pineda, secretario de la Presidencia del coronel Arturo Armando Molina, falleciendo el 5 de abril del mismo año. Responsable “Grupos Insurgentes”.

12 julio de 1977, es asesinado el expresidente de la República Óscar Osmín Aguirre y Salinas a la edad de 87 años. Responsable las FPL.

12 de septiembre de 1977 es asesinado el industrial Ramón Molina Cañas, en el intento frustrado de secuestro en su casa de habitación. Responsable las FPL.

16 de septiembre de 1977 es asesinado el rector de la Universidad de El Salvador, Carlos Alfaro Castillo, Responsable las FPL.

24 de enero de 1982 es asesinado el alcalde de Comasagua, José Luis Monterrosa. Responsable el FMLN

Masacres

El 2 de febrero de 1982, se produce una masacre en Nueva Trinidad, Chalatenango, en donde más de 150 civiles fueron asesinados; monseñor Gregorio Rosa Chávez, fue testigo de la exhumación de 30 cadáveres y él responsabilizó al FMLN.

El 1 de junio de 1983, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la masacre de Quebrada Seca, San Vicente, donde 42 soldados fueron ajusticiados el 25 de mayo de ese año por el FMLN.


Finalmente, los legisladores pidieron que el listado sea trasladado a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República (FGR), para su debida investigación y aplicación de la justicia transicional, en el marco de la aprobación de la nueva ley de reconciliación nacional.

En su oportunidad, el diputado efemelenista Damián Alegría, sobre el tema de la reconciliación nacional, manifestó que “la parte más importante del proyecto de ley debe ser la aplicación de la justicia. Si bien con la normativa no se puede resarcir los daños causados a las víctimas que perdieron a sus seres queridos, hay que compensar de alguna manera”.

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