Organizaciones de la sociedad civil, consideran que el Gobierno y la Asamblea Legislativa no están haciendo mucho por atender a las víctimas por desplazamiento forzado por la violencia.
Solo entre el 2017-2018, más de 235 mil personas tuvieron que dejar sus lugares de residencia tras ser amenazados por grupos criminales.
Bianka Rodríguez de COMCAVIS TRANS, manifestó que con base a las valoraciones y diagnósticos que han realizado como Mesa de la Sociedad Civil, se percibe la resistencia del Órgano Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Seguridad en acatar los llamados de la Asamblea Legislativa para dar su opinión de un proyecto de ley que tiene la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre el desplazamiento forzado por la violencia.
De hecho, la instancia legislativa tenía que haber emitido un dictamen favorable para aprobar la normativa en enero pasado, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declarara que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas, que tiene su origen en el contexto de la violencia y la inseguridad que afecta a colectivos en situación de vulnerabilidad de distintas zonas geográficas del país controladas por pandillas.
David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), opinó que en el gobierno de Nayib Bukele debe figurar este problema en el tema de seguridad pública.
Un elemento clave y estratégico es el tema de las víctimas por desplazamiento forzado. “Si entendemos que existe un contexto de violencia generalizada que permite que este fenómeno social se dé, también debemos concluir que si bajan los índices de criminalidad de igual forma debería de darse el mismo resultado en el tema de desplazamiento forzado”, precisó.
Por eso reiteró que es importante que en el Ejecutivo figure el discurso de abordar el problema. Para transformar las condiciones de violencia, no deberían de haber más víctimas, pero en este momento hay; no se sabe cómo el Gobierno está atendiendo a las personas afectadas, ¿cuál es el rubro presupuestario o fortalecimiento institucional?, preguntó Ortiz.
En el 2018 casi se duplicó el número de víctimas con relación al 2017; y sin contar con datos específicos se percibe que la situación para este año será igual que la del año pasado.
Es fundamental que los sectores de la sociedad civil sean tomados en cuenta por las autoridades, ya que el tema debe ser abordado en su conjunto; además, las organizaciones dan atención a las familias que han tenido que abandonar sus hogares por amenazas de grupos criminales. La atención que brindan por familia tiene un promedio de entre $500 y $700 para darles lo necesario para su subsistencia, entiéndase alimentación y techo, entre otros tipos de ayuda.
Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), es del criterio que el Estado debe crear protocolos estandarizados en derechos humanos, y sobre todo, de carácter humanitario.
La atención de víctimas por desplazamiento forzado por la violencia por ser un aspecto multicausal que se produce por homicidios, extorsiones, desapariciones y violencia sexual, hay que verlo desde un enfoque diferenciado en donde el Estado responda a las necesidades de asistencia de estas personas, es decir, desde una perspectiva de carácter integral.
