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sábado, 23 de octubre del 2021

Guatemala en la encrucijada de la ONU

El Festival de Films y Forum Internacional sobre Derechos Humanos (FIFDH) se ocupó de la crisis guatemalteca. Hubo testimonios de ví­ctimas, discursos de oeneges, y se ventiló la posición de ONU y de ciertos actores de un proceso polí­tico y humanitario de final incierto.

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GINEBRA – Al tiempo que se inicia la presentación de candidaturas para la elección presidencial del próximo 16 de junio (se adelantan unas 30), la ONU exhortó al parlamento guatemalteco, a que no apruebe una ley de “amnistí­a”, para absolver a los verdugos de la tiraní­a militar 1982-1983 y de la guerra civil 1960-1996, en total 200 mil ví­ctimas. El jurista colombiano, Iván Velásquez, desojado en 2017 por el Presidente Jimmy Morales de su cargo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Claudia Paz y Paz, la fiscal general entre 2010 y 2014 que logró la condena de Efraí­n Rí­os Mont, por crí­menes de lesa humanidad en la represión del pasado dictatorial que ahora el parlamento quiere blanquear, intervinieron en el debate de organizado por la FIFDH, el pasado fin de semana en Ginebra.

“¿Cuándo se jodió el caso guatemalteco?”, podrí­a preguntar Mario Vargas Llosa, extrapolando imaginariamente la célebre expresión para con su paí­s, el Perú, a Guatemala. Sin duda en enero de 2017 cuando la CICG descubrió que un hermano y un hijo del Presidente Jimmy Morales, eran presuntos autores de hechos de corrupción, en el financiamiento de la campaña presidencial de 2015. En septiembre de 2018, el mandatario expulsó del paí­s al Comisionado Iván Velásquez, nombrado por la ONU y aceptado por Guatemala, y anunció que el organismo, concebido de común acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, cesarí­a de existir en septiembre de 2019, cuando debe renovar su mandato.

La fórmula es apoyada por Estados Unidos, principal abastecedor de apoyo económico y militar en la región, para que consiguiera émulos en sus vecinos, sin suerte todaví­a, toda vez que prosigue el proceso penal por estafa al fisco contra el Presidente. El Congreso de la República tiene actualmente a estudio despojarlo de la inmunidad presidencial para que comparezca en tribunales, y responda ante los hechos confirmados por los empresarios que inyectaron los fondos ilegales en la campaña electoral en 2015, todos ellos ya condenados. Sin embargo, le quedarí­an a Morales al menos cuatro años de inmunidad, por su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano, al que pueden acogerse sin votación por su condición de ex Presidente.

 “La impunidad del pasado es la corrupción de hoy”

“Para dar vuelta la página, hay que leerla”, afirmó Iván Velásquez, en la conferencia pública de Ginebra. “Hace falta un Estado para todos, no para una clase”, abrevió. Dí­as antes, seis expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, instaron por escrito al poder legislativo de Guatemala “a no aprobar una iniciativa de ley que establece una amnistí­a general para las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”.

Comisionado Iván Velásquez, nombrado por la ONU, como jefe de la CICIG

“La iniciativa busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, la cual ha sido la base para los juicios” antes mencionados. “Establecerí­a un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables” de los crí­menes. Su aprobación “afectarí­a seriamente los derechos de las ví­ctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantí­as de no repetición”, con el riesgo que abrirí­a las puertas “a represalias y ataques contra ví­ctimas, jueces, fiscales, abogados, demandantes, testigos, peritos y otras personas involucradas” en los juicios sobre las matanzas del pasado reciente, consignaros los 6 Relatores de la ONU.

Recordaron que “las amnistí­as, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”. Y subrayaron que “la falta de investigación y enjuiciamiento de tales violaciones constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

No obstante, los 26 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2018, la voluntad de la sociedad civil parece mantenerse incólume. “Nos quitaron todo, hasta el miedo”, se escuchó. “Mientras no se sepa la verdad las heridas seguirán abiertas y no se logrará paz, verdad y justicia”, advirtieron. Tras reflexionar un momento, Paz y Paz concluyó: “La impunidad del pasado es la corrupción de hoy”.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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