El presidente Salvador Sánchez Cerén manifestó este viernes que su gobierno está comprometido con la reconciliación y acompañamiento de las víctimas del conflicto armado de la década de 1980 de El Salvador, esto, ante la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
“Quienes conducimos este Gobierno, siempre hemos tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto y con edificar una sociedad justa y democrática en la que no se repitan las condiciones y los hechos que llevaron a esas graves violaciones a los derechos humanos”, expresó el jefe de Estado en cadena nacional de radio y televisión.
El mandatario enfatizó que ha sido en su gobierno que las víctimas del conflicto armado han tenido reparación, impulsando una institucionalidad garante del respeto a los derechos humanos.
Asimismo mostró su compromiso por trabajara en favor de un nuevo acuerdo nacional.
“El compromiso de mi gobierno es trabajar por la unidad nacional en torno a la búsqueda de un nuevo acuerdo de nación que solucione los temas urgentes que afectan el desarrollo y bienestar de la población a las puertas de la celebración del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz", puntualizó.
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Por otro lado, Sánchez Cerén también se refirió la declaratoria de ilegalidad de la emisión de bonos por 900 millones de dólares previstos por su gobierno para la inversión social; y la inconstitucionalidad de los diputados suplentes.
“Estas (las resoluciones) no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país y lejos de ayudar a resolver las problemáticas diarias de los salvadoreños, las agudizas”, manifestó el presidente.
El mandatario aseguró que estas sentencias tienen gran incidencia en la “frágil convivencia” de la sociedad, rompen la seguridad jurídica y no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente.
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El presidente llamó a todos los sectores sociales a asumir esta situación “con madurez” en beneficio de los intereses del país
Además enfatizó la necesidad del crecimiento económico en función de la creación de más y mejores empleos, así como fortalecer la economía de forma inclusiva y fortalecer el diálogo para la consolidación de la paz social.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993, así como la emisión de bonos por 900 millones de dólares y la figura del diputado suplente. Las medidas fueron tomadas el pasado miércoles 13 de julio.
