La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993. La medida fue tomada este miércoles por cuatro de los cinco magistrados que conforman la Sala.
Con la Ley de Amnistía se otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña que combatieron durante el conflicto armado-que duró doce años- y cometieron crímenes de lesa humanidad.
La Sala justificó la decisión señalando en un comunicado que “la extensión de la amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Agrega que al realizar el análisis del contenido de la Ley de Amnistía establecieron que los artículos 1 y 4 de dicha ley son inconstitucionales, debido a que la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales ya que impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones de los derechos cometidos durante el conflicto.
La Sala asegura que no son amnistiables aquellos hechos narrados en la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a a la Fuerza Armada o a la guerrilla “y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales, por los efectos de la presente sentencia y por la gravedad de los mismos, no han prescrito”
La acción de la Sala es en respuesta la demanda de inconstitucionalidad que fue interpuesta por 20 organizaciones, entre ellas defensoras de los derechos humanos y víctimas de la guerra civil, el 20 de marzo de 2013.
Crímenes como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han juzgado en El Salvador puesto que los jueces se han amparado en la citada amnistía.
