El presidente de la República, Nayib Bukele, informó de que su administración ha logrado recuperar $4 millones de los $108.5 millones que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagó, en julio de 2012, a la empresa italiana Astaldi, que fue contratada hace más de 10 años para ejecutar la presa El Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, al norte del Departamento de San Miguel.
Además, indicó que el proyecto que inició en la presidencia del entonces arenero, Elías Antonio Saca y quedó varado en las dos administraciones del FMLN, ha logrado ser sacado del letargo y ya presenta un avance del 87.07%, es decir, a registrado un progreso del 20% en menos de un año y pese a la pandemia del coronavirus.
“En los últimos 10 años, El Chaparral presentaba un avance de 6.6% por año. Nosotros en este Gobierno hemos avanzado en un año 20.51%, a pesar de la pandemia (…) por más de cinco meses, logramos tener un avance significativo”, aseguró.
Los trabajos de la presa hidroeléctrica de El Chaparral iniciaron en 2008, con una inversión estimada de $216 millones; sin embargo, las irregularidades de los gobiernos anteriores hicieron que el costo se incrementara en $700 millones.
“Lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores en 11 años, nosotros lo vamos a hacer en un año, vamos a demostrar que el dinero alcanza cuando nadie roba y vamos a perseguir a quienes se robaron acá el dinero del pueblo”, añadió el mandatario.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, detalló que al momento que recibir el proyecto, este se encontraba detenido, en medio de protestas por parte de los habitantes de la zona, debido a la falta de cumplimiento de promesas hechas por las administraciones anteriores.
Además, señaló que se encontró una serie de inconsistencias administrativas, producto de las constantes irregularidades: el proyecto no contaba con un diseño final, había terrenos a intervenir que aún no habían sido adquiridos y la implementación de múltiples contratos, entre otros.
“Encontramos un proyecto detenido, en el letargo, con protestas de la población por la ineficacia y por los indicios de corrupción. Los gobiernos anteriores gastaron más de $500 millones en una obra sin terminar”, explicó Álvarez.
Las irregularidades incluyen el pago de $108 millones a la empresa constructora ASTALDI, aduciendo fallas geológicas. Para el año 2015, cuando inició la construcción de la fase dos, continuaron las irregularidades a través de una modalidad de multicontratos. “En ese momento priorizaron obras que no eran y se enfocaban en contratos como acabados arquitectónicos”, explicó el titular de la CEL.
Ante estas irregularidades cometidas por las pasadas administraciones, Bukele logró el financiamiento de una auditoría forense internacional, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para determinar si era conveniente continuar con el proyecto. La auditoría detalló que el proyecto careció de una planificación clara, donde prevaleció la improvisación.
La meta del gobierno es lograr que la presa El Chaparral esté lista en marzo de 2021. Su capacidad de generación estimada es de 63 megavatios, equivalentes al consumo de 200,000 familias.
Entre los múltiples beneficios, el presidente Bukele señaló que será un proyecto clave para que el servicio de energía siga bajando de precio para todos los usuarios, porque la energía hidroeléctrica proviene de fuentes limpias y renovables. “(Generar esta energía) nos cuesta una fracción de lo que nos cuestan otras energías: baja la tarifa de energía”, comentó.
Durante la gestión de Bukele la tarifa de energía registró tres reducciones consecutivas y, a partir de la facturación de julio, los hogares comenzaron a pagar 30 % menos por este servicio.
Según el jefe de Estado, además de continuar con la obra, también han generado empleo para las comunidades aledañas durante los meses recientes. El Chaparral está ubicado en San Luis De La Reina, al norte del departamento de San Miguel, cerca de Carolina y atravesado por el cauce del río Torola.
El aporte no terminará con el proyecto hidroeléctrico. Según el gobernante, desde el Gobierno se invertirán $20 millones en obras sociales: $10 millones en proyectos de infraestructura y otros $10 millones van para amortiguar el impacto ambiental que tienen obras de esta magnitud.
Entre las acciones que el Presidente citó están las de agua y saneamiento para los habitantes de los municipios ubicados alrededor de la presa.
También mencionó 15 kilómetros de calle para mejorar la conectividad en la zona, dos puentes vehiculares y actividades de reforestación.
“Esta será una zona turística, una vez terminada. Vamos a generar empleos”, reiteró el mandatario.
En cuanto a lo de Astaldi, el mandatario dijo que ese dinero fue parte de un cuestionado arreglo directo que no procedía, en medio de irregularidades técnicas y financieras y donde, según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, hubo participación del hoy prófugo de la justicia en Nicaragua; Miguel Menéndez, “Mecafé”; Leopoldo Samour (ex presidente de CEL) y Mario Pieragostini, ex representante legal de Astaldi.
“Además de los importantes avances que llevamos en la obra, más de un 20% sólo en nuestro primer año de Gobierno, quiero informarle a los salvadoreños que ya recuperamos $4 millones que el gobierno de Funes le pagó a Astaldi como parte de un arreglo directo que fue un claro ejemplo de su corrupción: esto es algo que se logró luego de que pedimos ser parte de la querella porque esto afectó al país y a su gente”, dijo.
También confirmó que la OEA-CICIES está en la fase final de la auditoria sobre la corrupción y las irregularidades de los gobiernos del FMLN sobre El Chaparral y que el informe “robustecerá” la investigación fiscal en curso que va por buen camino porque la FGR ha estado “muy activa y participativa”, afirmó el gobernante.
“Vamos a recuperar todo lo robado, la Fiscalía ha estado diligente y la OEA-CICIES está por terminar el reporte final para incorporarlo a la querella de la que formamos parte, ese documento de auditoría será internacional y será vinculante al caso penal que lleva el Ministerio Público”, agregó.
