La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso, este martes, una demanda ante la Cámara Segunda de lo Civil en contra del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, la exprimera dama Vanda Pignato y Diego Funes Cañas, hijo del exmandatario, por el delito de enriquecimiento Ilícito.
La FGR asegura que Funes y sus familiares no pudieron justificar el ingreso de más de 728,000 dólares. Según el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Andrés Amaya, los acusados tienen 20 días para responder a la acción realizada por la FGR.
Amaya expuso que fue “hasta este momento al Fiscal General ha tenido a bien presentar la demanda en la que se hizo el análisis de toda la información que se ha obtenido tanto de Probidad como de otra documentación”.
Aclaró que al hacer la observación de la documentación presentada encontraron diferencias que no fueron tomadas en cuenta por Probidad y que la cantidad de dinero no justificada por Funes podría incrementar al hacer una pericia de las armas que el exmandatario posee.
El jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción también indicó que Pignato y Funes Cañas están dentro de la investigación por su vinculación al exmandatario desde que inició su periodo en el Gobierno Salvadoreño. Asimismo, Amaya señaló que ellos tienen el derecho a defenderse y demostrar que no están involucrados en este caso.
Recientemente, la Corte de Cuentas de la República admitió que no existe copia de la solicitud ni del finiquito de Mauricio Funes en sus archivos, por lo que el documento que el expresidente ha presentado fue emitido de manera irregular y no es un finiquito auténtico; Funes deberá solicitarlo a través de las instancias correspondientes para recibir este documento que valida la administración de los fondos públicos durante su presidencia.
Funes, periodista de profesión, se convirtió en el primer presidente de izquierda en El Salvador, representó al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). A finales de 2015 Funes estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a sospechas de enriquecimiento patrimonial ilegal.
Fue hasta febrero de este año que nueve de los 15 magistrados de la CSJ decidieron abrir un juicio civil en contra Funes por presunto incremento ilegal de su patrimonio en el período de su gestión desde 2009 hasta 2014, luego que este no pudiera justificar la cantidad de sus ingresos.
Pignato, exprimera dama de El Salvador y actualmente secretaria de Inclusión Social aún no se ha pronunciado sobre la acusación que la FGR hace en su contra.
Funes, Antonio Saca y Francisco Flores son los tres los expresidentes salvadoreños que desde el 2014 han estado en la palestra pública por el delito enriquecimiento ilícito.
En el caso del expresidente Flores fue en mayo de 2014 que la FGR lo acusó por delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito por haber malversado los fondos provenientes de China Taiwán para proyectos de reconstrucción en El Salvador por los terremotos de 2001. Se emitió una orden de captura en su contra hasta con difusión roja de la INTERPOL para que pudiera ser aprehendido en los 190 países asociados a esta organización.
Flores se presentó voluntariamente a los tribunales de San Salvador el 5 de septiembre de 2014, en dicha audiencia se lee decretó "arresto domiciliario" mientras continuaban las investigaciones.
El 3 de diciembre de 2015 el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador determinó que Flores fuera enviado a juicio por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo días después por otra orden judicial fue trasladado hacia su casa en la Colonia San Benito, lugar del que fue traslado de emergencia este 24 de enero al Hospital de la Mujer, lugar en el que permaneció hasta el día de su muerte.
Mientras que el expresidente Elías Antonio Saca también está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito al no poder justificar un poco más de cinco millones de dólares en su patrimonio. La FGR incluso podría agregar nuevos elementos, propiedades, cuentas o nuevos involucrados al caso Saca.
La Cámara 1º de lo Civil también ha solicitado saber si se ha dado cumplimiento al congelamiento de cuentas ligadas a la familia Saca Mixco y a sus empresas, así como el congelamiento de sus inmuebles.
