spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
martes, 22 de junio del 2021

¿Estado de derecho para quién?

Este artículo consta de dos partes: a) Reacciones a los hechos del 1 de mayo. b) Observar cuál estado de derecho está en juego

Sobre la primera, los opositores a Bukele sostienen que se violó la Constitución (Arts 236 y 244) y el Reglamento Interno de la Asamblea (Art 67), calificándolo como golpe de Estado técnico. Sus parciales, en cambio, dicen que se basaron en los Arts 131 (ord. 19), 186 y 235 de la Constitución.

El Salvador nunca se distinguió como país donde impere la ley. Los Acuerdos de Paz buscaron cambiarlo, aunque ese vino nuevo quedó en odres viejos: la Constitución vigente es la de 1983 -bajo presidencia del mayor d´Aubuisson-, modificada en 1992 por dichos Acuerdos.

En el ejercicio del poder, las administraciones del FMLN y ARENA estuvieron manchadas por corrupción; las del PDC y PCN gobernaron con regímenes dictatoriales y deshonestos. Las de los tres últimos partidos estuvieron teñidas de sangre; induciendo todo ello -más la pobreza e inseguridad- a emigraciones masivas de población.

Fueron pocas las iniciativas internacionales condenando los excesos de esas administraciones. En cambio, dicha comunidad sí se pronunció en contra de lo ejecutado el 1 de mayo último: Kamala Harris, Norma Torres, Niels Annen, Unión Europea, Foro de Sao Paulo, WOLA, Michelle Bachelet, Luis Almagro, Amnistía Internacional, etc. Esa exposición internacional favoreció que los bonos salvadoreños se desplomaran en los mercados internacionales.

Las potencias no han propiciado en Centroamérica el imperio sostenido de la ley. Es requetesabida la expresión de Roosevelt sobre Somoza.  Trump mantuvo fluida relación con el presidente Hernández, de Honduras, señalado de tener nexos con el narcotráfico; lo que no ha cambiado significativamente con la actual administración. En 2009, la administración Obama-Biden reconoció al gobierno surgido del golpe de Estado en dicho país, que no fue técnico sino militar.

Esa comunidad internacional preocupada por la emigración desde estos países debería comprender que la única forma de detenerla es apoyando a agentes vernáculos que impulsen cambios reales en sus estructuras socioeconómicas y un imperio real de la ley.

Se acusa a Bukele de utilizar a la Asamblea para controlar al poder judicial, pero los gobiernos en las democracias occidentales también buscan apoyo popular para incidir en los otros poderes del Estado. ¿O no buscaba el presidente Biden lograr mayoría en el Congreso en las últimas elecciones? ¿No ha nombrado una comisión para revisar la duración y número de jueces en la Corte Suprema, para neutralizar a los conservadores que nombró Trump?

Claro que todo eso es conforme a ley, pero en Centroamérica la cosa es más burda: la presidencia hondureña utilizó a sus diputados para destituir a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional en 2014, y al quinto luego le nombró Fiscal. ¿Y el “comandante” Ortega? Más control no puede tener sobre todos los poderes del Estado. ¿Hace algo concreto la comunidad internacional en ambos casos?

Desde siempre, la separación de poderes en la realidad salvadoreña ha sido un sueño incumplido. Los partidos políticos que ahora protestan, cuando fueron gobierno interpretaron la Constitución a conveniencia del poder; fuese éste político, económico o militar. La cooperación internacional fue testigo mudo de ello.

El estado de derecho, que es nuestro segundo tema, parte mal desde la independencia: la ley ha sido maleable en beneficio de las elites, ajustándola conforme a sus intereses: cuando el precio del añil colapsó a mediados del s. XIX -por el descubrimiento de las anilinas sintéticas y la reducción de demanda por la guerra civil en Estados Unidos-, el Estado apoyó a los grupos de poder en 1881 y 1882 al emitir leyes de extinción de ejidos y tierras de comunidades indígenas, que tenían condiciones ideales para un nuevo cultivo: el café, dejando en la indigencia a inmensas cantidades de población que ahí vivía. Los estímulos a la formación de bancos a inicios del s XX o para el cultivo del algodón a mediados del mismo, o del proceso de industrialización, o del desarrollo de redes ferroviarias y carreteras con trazos convenientes para exportar los productos, etc. Todo contó con respaldo legal. El tema es a conveniencia de quién.

Las constituciones y leyes secundarias han evolucionado y respondido a esos requerimientos e intereses, que no son los del pueblo.

La guerra civil de finales del s XX pretendió contraponerse a esa concentración de poder, defender las libertades y la democracia; pero ya en la paz algunos de los líderes rebeldes se convirtieron en potentados.

La elección de Bukele en 2019 y luego de su partido en 2021 fueron rechazos masivos a la corrupción de viejas y nuevas elites. Esperemos que el 1 de mayo último NI apartó a funcionarios útiles a ese estado de cosas, para intentar cambiarlas.

Se podrá argumentar que la Constitución y el cuerpo legal establecen cómo proceder para ello. Pero hasta la fecha sólo han sido instrumentos facilitadores de los fines de ambas elites.

En resumen, parece haber en el horizonte un plan para cambiar ese aparataje jurídico-político elitista. Sin embargo, no queda claro que ese plan sea compartido por un equipo articulado. Si estuviese concentrado en una persona podría ser peligroso…

spot_img

Últimas entradas