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domingo, 16 de mayo del 2021

DDHH amenazados por impunidad y ejecuciones extrajudiciales

El IDHUCA asegura que el derecho a la vida es el más vulnerado en El Salvador

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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) señaló este miércoles que la impunidad y las ejecuciones extrajudiciales son de las afectaciones más graves contra la población salvadoreña. En su informe de Derechos Humanos 2016 estiman que un 85% de los homicidios quedan en la impunes en El Salvador. 

“Lo más preocupante es que no hay garantí­a ni protección estatal adecuada respecto al derecho a la vida; es preocupante la ola de violencia, la cantidad de homicidios y las ejecuciones extrajudiciales”, dijo el director del IDHUCA, José Marí­a Tojeira. 

El documento presentado por el IDHUCA explica que el aumento de enfrentamientos entre autoridades de seguridad y presuntos pandilleros ha contribuido al alza de la impunidad y abuso de fuerza por parte de las autoridades de seguridad. 

Según datos oficiales, en 2016 se registraron 650 enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad pública y presuntos pandilleros. Investigaciones periodí­sticas sobre estos han provisto indicios para presumir el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales. En 2016, según la misma fuente, los enfrentamientos armados registraron un incremento del 4.5 % con respecto a los reportados en 2015. 

En el informen señalan que,  pese a que la cifra es menor a la de 2015,  los datos de “2016 expresan con claridad el fallo de las polí­ticas y estrategias dirigidas a la prevención y persecución del delito“.

Para Tojeira, es preocupante que El Salvador sea el único paí­s centroamericano que no ha ratificado el “Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos”. 

Dicho documento internacional fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que busca el compromiso de los gobiernos para prevenir la tortura. “Estamos preocupados de los malos tratos y de torturas incluidas; pensamos que se está multiplicando por parte de la PNC y que hay prácticas que equivalen a tortura”, explicó. 

Durante la presentación del informe también se destacó el derecho más vulnerado de los salvadoreños es la vida. 

El informe detalla que no existen cifras “normales” de homicidios, pero que “en una población calculada en 6.3 millones de habitantes “no podremos hablar de una seguridad adecuada mientras las cifras no desciendan de los 630 homicidios al año. Esta proporción, menos de diez asesinatos por cada cien mil habitantes, no se ha logrado en El Salvador desde que se lleva contabilidad de homicidios en el paí­s, hace aproximadamente 50 años”, explicó Tojeira. 

El IDHUCA señaló que a los homicidios se suman las extorsiones, que según la Fiscalí­a General de la República (FGR) en 2016 aumentó 6, 27%. “La extorsión, en efecto, que generalmente implica la amenaza de muerte, daña gravemente el derecho a la seguridad al tiempo que amenaza la vida de las personas y de sus parientes más cercanos. Como toda amenaza mortal, daña severamente la integridad psicológica de los afectados, sin que los sistemas de salud dispongan de los adecuados recursos en salud mental para atender a las ví­ctimas”, cita el informe al respecto de ese delito. 

El IDHUCA aseguró que es necesario que el Gobierno “incluya mayor inversión en la población, en el desarrollo, en capacidad de producción y formación para de desarrollo personal (“¦) además del reforzamiento de las instituciones y la inversión en redes de protección social de la gente”. 

Al igual que el informe del IDHUCA,  la organización Amnistí­a Internacional detalló en su informe de derechos humanos 2016/2017 que los niveles de violencia y otro tipo de delitos, principalmente consecuencia de la actividad de las bandas delictivas, maras o pandillas, seguí­an asolando el paí­s. Asimismo coinciden en que la impunidad también es uno de los grandes problemas en El Salvador. 

Para la analista en seguridad, Jeannette Aguilar, informes como los del IDHUCA dejan entrever una realidad que aqueja a la población salvadoreña y señala que el Gobierno debe invertir en materias de seguridad e institucionalidad, tal y como lo sugiere la entidad de derechos humanos.

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