La organización humanitaria CRISTOSAL, cuyos abogados son querellantes en el proceso jurídico en contra de altos oficiales de la Fuerza Armada por su participación material e intelectual en la masacre de El Mozote, en diciembre de 1981, aseguraron que "la respuesta actual de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa es similar a la remitida por la Presidencia y el Alto Mando de la Fuerza Armada del gobierno anterior, por lo que responde al mismo patrón de ocultamiento y negación de información documental relevante para la investigación de la masacre de aproximadamente mil personas civiles".
"Masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el batallón Atlácatl (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá) de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador", de acuerdo al diccionario en línea Wikipedia.
En la actualidad, y desde 2016, se lleva a cabo un proceso judicial en contra de altos ex jefes militares en los tribunales de Morazán, con el fin de establecer justicia y verdad sobre la que se considera una de las mayores masacres ocurridas en la era moderna de Latinoamérica. El juez del caso le solicitó al presidente Nayib Bukele los archivos que estás presuntamente ocultos por las guerzas militares desde aquellos fatídicos días de guerra.
"El pasado 18 de noviembre de 2019 fue entregado el informe del señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada sobre archivos militares relacionados a la investigación de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, a través de nota suscrita por el Secretario Jurídico de la Presidencia", afirma CRISTOSAL.
Pero indicó que "Presidencia anexó 43 actas de búsquedas en archivos históricos en igual número de unidades militares, las cuales hacen constar que en ninguna de tales unidades se localizó o existe registro de los documentos solicitados. Los archivos requeridos eran documentos relacionados al plan de la llamada Operación Rescate (durante la cual se perpetró la masacre), al plan de la Campaña Militar 1980-1992 y cualquier otro documento sobre planes militares de campaña o de operaciones militares del período que va de 1980 a 1982".
En tal sentido la organización humanitaria manifestpo que "la respuesta actual de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa es similar a la remitida por la Presidencia y el Alto Mando de la Fuerza Armada del gobierno anterior, por lo que responde al mismo patrón de ocultamiento y negación de información documental relevante para la investigación de la masacre de aproximadamente mil personas civiles no combatientes en el caserío El Mozote y lugares aledaños, perpetrada en el mes de diciembre de 1981 por el Batallón de Infantería Atlácatl”.
CRISTOSAL, como otras organizaciones humanitarias, estima que se advierte que no solo se ha negado la documentación referida a la “Operación Rescate”, sino también la relacionada a cualesquiera planes militares del período 1980-1982, el más álgido en la perpetración de masacres de civiles. Resulta inverosímil que cientos de operaciones militares de la época se hayan realizado sin dejar rastro documental alguno. Además, dos de las unidades militares que reportan no contar con registros en esta ocasión, ya habían entregado anteriormente documentos sobre planes militares que se anexaron al expediente judicial.
En el informe de la Comisión de la Verdad, que las Naciones Unidas redactaron tras investigar más de 30 casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, de hablan de varias masacres campesinas, como El Mozote, Río Sumpul, Junquillo, Las Hojas, La Quesera, entre otras. En la guerra civil (1980-1992) murieron más de 70.000 personas, 8.000 fueron desaparecidos y se registró un millón de refugiados.
"Por primera vez el tribunal competente había prevenido sobre la eventual realización de inspecciones judiciales en los archivos militares, ante lo cual la Presidencia actual expresó disposición de coordinar la diligencia", agregó CRISTOSAL, misma que añade que "hace notar que las inspecciones de tales archivos fueron solicitadas por la acusación particular desde hace meses, pero advierte que las inspecciones pueden resultar infructuosas si persiste una actitud de encubrimiento desde los más altos niveles de la Fuerza Armada de El Salvador".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia sobre el caso “Masacre de El Mozote y sitios aledaños vrs. El Salvador”, establece el derecho de las víctmas a la verdad y justicia. Además dice que "la jurisprudencia interamericana, la Sala de lo Constitucional ha declarado que la Fuerza Armada de El Salvador está obligada a garantizar el acceso a los archivos militares en casos de graves violaciones de los derechos humanos, y ha reprochado que la Fuerza Armada de El Salvador ha obstaculizado dicho acceso y debe, en caso de inexistencia, reconstruir la información (sentencias Inconst. 44-2013 contra Ley de Amnistía; amparos 323-2012, y 213-2015 sobre casos de niñez desaparecida)".
Finalmente, CRISTOSAL hace un llamado para que "el Señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, emita una ORDEN GENERAL de búsqueda exhaustiva de cualquier tipo de documentos relacionados a la Operación Rescate y a planes de operaciones militares o campañas militares realizadas durante todo el período del conflicto armado salvadoreño y las ponga a disposición de las autoridades competentes y organizaciones de derechos humanos".
