Por Benjamín Cuéllar
El 19 de julio, pero de 1972, la autonomía de la Universidad de El Salvador fue ultrajada por orden del recién estrenado presidente de la república, coronel Arturo Armando Molina. Este acababa de asumir el cargo y no tardó veinte días en plantar la bota militar sobre la cabeza académica e intelectual del país, mediante la ocupación violenta de su máxima casa de estudios. Entonces y hasta la fecha, la única pública; había, también, una entidad privada fundada en 1965. No existía más que ese par de opciones; sin embargo, al régimen dictatorial no le importó destruir infraestructura y patrimonio inapreciables, saquear bienes, capturar ilegal y arbitrariamente autoridades legítimas o forzar su salida del suelo patrio. Fue este el nefasto costo pagado entonces, junto al retroceso en lo logrado durante décadas relativo a la investigación, la docencia y la proyección social institucionales. Eso tuvo lugar hace cincuenta años.
Las puertas de nuestra alma mater fueron reabiertas iniciando 1974; así ingresé a un campus militarizado y totalmente hostil para estudiar Ciencias Jurídicas, pero me retiré meses después de la masacre de estudiantes y pueblo solidario perpetrada el 30 de julio de 1975. Los signos de los tiempos no auguraban nada bueno para El Salvador y, deplorablemente, la espiral creciente de represión estatal y violencia guerrillera desembocó en la dilatada guerra abierta que asoló el territorio nacional. Cinco décadas transcurrieron ya desde que Molina ordenó la citada aberración contra el saber, la ciencia y la cultura; el coronel murió sin que nadie le escribiera su absolución, pues nunca pagó por esa y otras enormes deudas suyas con el respeto de los derechos humanos.
De 1972 a 1992 se incrementaron el derramamiento de sangre y el sufrimiento. Los responsables de las atrocidades ocurridas durante ese largo y siniestro período, permanecen hasta hoy escondidos pérfidamente bajo el “trapo chuco” de la impunidad. La amnistía que les obsequiaron el 20 de marzo de 1993, los mantuvo sin aflicciones ni desvelos durante 23 años. Esa fue la “herramienta útil” para favorecer a los “señores de la guerra” que ‒frente a un “sistema de justicia” indecente‒ permanecían resguardados con la bendición de sus cómplices mentores y patrocinadores; todos, también culpables de la barbarie.
Se abatieron un poco, sí, cuando el 13 de julio del 2016 logramos derrotar esa infame “ley”. Pero ya pasaron seis años sin que, independientemente del Gobierno de turno, la dignidad de las víctimas haya sido desagraviada por un Estado que se las profanó. Lo mismo pasó tras la matanza de población indígena y campesina consumada en enero de 1932: esa rebelión contra el hambre terminó ahogada en sangre. Durante mucho tiempo intentaron ocultar semejante salvajada con el impenetrable y nocivo manto de una historia tergiversada o, en el “mejor” de los casos, del silencio. Y en julio de ese mismo año, se oficializó el “borrón y cuenta nueva” con una amnistía favorable a los victimarios y perjudicial para sus víctimas.
Eso mismo le requirió Alfredo Cristiani el 14 de marzo de 1993 en cadena de medios a la Asamblea Legislativa, un día antes de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad; dicha exigencia fue diligente y ciegamente obedecida ‒como ahora‒ seis días después al decretarse la referida amnistía del todo amplia, incondicional, absoluta y contraria a los estándares de derechos humanos en la materia. Así, ya no por razones políticas sino por políticas sinrazón, ese “borrón” derivó hasta la actualidad en una “cuenta nueva” de sangre y dolor, luto y vergüenza. Prueba reciente de ello: la mortandad producida el último fin de semana, en marzo del presente año.
La impunidad, pues, ha sido y continúa siendo el “eje” de la “rueda de la historia” salvadoreña desde al menos hace noventa años. Esta gira y gira sin avanzar, patinando y patinando dentro del mismo pantano: el de la exclusión social y la pobreza, de la arbitrariedad y el autoritarismo de los poderes formales e informales, de la picardía y la hipocresía, de la desinformación y el engaño, de la ley del más fuerte y el “golpe avisa”… Por eso, se hunde recurrentemente cada vez más en el fondo del pestilente atascadero. Acá también, querido Roy Brown, “la tierra está maldita” y “corre el agua envenenada”. Las sempiternas víctimas de tal aberración de país ‒las mayorías populares‒ deben aprender de esa historia para entender por qué continúa repitiéndose; para, además, dejar de creer en “iluminados redentores” y convencerse de que la salvación patria se encuentra en su lucha organizada hasta superar esos males.
