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miércoles, 04 de agosto del 2021

Coordinadora social pide al Gobierno reanudar trabajo sobre polí­tica social

También expresaron preocupación por los posibles vicios de legalidad en la cesación de empleadas que estaban embarazadas o en perí­odo de lactancia.

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El primer mes del Gobierno de Nayib Bukele genera preocupación en organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres por dos situaciones puntuales: primero, la incertidumbre sobre la ejecución de polí­ticas sociales que estaban a cargo de secretarí­as de la Presidencia ya suprimidas; y dos, por la cesación de empleadas que estaban en una situación vulnerable.

La Coordinadora Social por la Economí­a del Cuidado (COSEC) reúne a diferentes organizaciones de mujeres y feministas. Desde este espacio hicieron el llamado al Gobierno de Bukele, que esta semana cumplió un mes.

“Identificamos riesgos para el avance de la polí­tica pública en materia de derechos de las mujeres” y de la polí­tica de desarrollo social, dijo Roxana Rodrí­guez, de la COSEC.  

De acuerdo a lo que Rodrí­guez explicó, en las gestiones anteriores habí­an logrado que las instituciones comenzaran a trabajar con la Polí­tica de Corresponsabilidad Social en los Cuidados de El Salvador. Esta iniciativa estaba a cargo de la Secretarí­a Técnica y de Planificación (SETEPLAN), que fue suprimida de la Presidencia junto a otras cuatro. Lo mismo sucedió con la Ley de Desarrollo y Protección Social, que fue aprobada en 2002 y recién el Gobierno anterior comenzó a ponerla en marcha “después de mucha presión”, dijo Rodrí­guez. La coordinación en la ejecución de esta ley era tarea de la Secretarí­a de Inclusión Social (SIS), otra de las que fue suprimida.

“¿Quién dará seguimiento?”, dijo Rodrí­guez. En la misma lí­nea se pronunció Carmen Urquilla, también de la COSEC. Urquilla destacó que las organizaciones representadas por la coordinadora exhortan al presidente Bukele a que designe a la institución que dará seguimiento a la polí­tica de corresponsabilidad y a la que tendrá que coordinar la ejecución de la ley de protección social. En la gestión anterior, las acciones correspondientes a esta ley se hicieron públicas un año después del plazo que la normativa da y las consultas se hicieron a nivel departamental.

En el paí­s, más de 1 millón de mujeres se dedican a las tareas del hogar sin remuneración. Otras 111,000 personas hacen trabajo doméstico remunerado. En total, estas tareas de cuidado aportan el 18 % de la producción nacional anual, según COSEC. Su aporte es mayor que el de las remesas, por ejemplo, o el de la inversión total.

Urquilla insistió en que la elaboración de planes relacionados con la polí­tica o con la ley deben pasar por un amplio proceso de consulta. En este sentido, Urquilla y Rodrí­guez reiteraron la disposición de la COSEC para contribuir y también aportar a todos estos procesos.

Los cesados de las secretarí­as

La coordinadora social también expresó preocupación por las personas que perdieron su empleo cuando Bukele ordenó cesar cinco secretarí­as de la Presidencia. De manera simultánea, mandó a crear dos nuevas secretarí­as y dos nuevos ministerios.

“Eso ha afectado a mujeres que estaban embarazadas, con licencia de maternidad o con enfermedades crónicas”, advirtió Rodrí­guez. Por ahora tienen conocimiento de dos mujeres a quienes le sucedió esto. En estos casos, hay disposiciones legales que protegen a las mujeres en estas condiciones.

“Es atribución del presidente de la República suprimir secretarí­as. Lo que no es atribución es violentar los derechos laborales de quienes trabajaron ahí­”, dijo Rodrí­guez.

En este sentido, Urquilla mencionó que el decreto en el que se establecen estos cambios todaví­a no es público. Es decir, no está en el Diario Oficial, todaví­a. “No hay base legal para la supresión de plazas”, apuntó Urquilla. Por ahora, la Asamblea Legislativa sigue estudiando estos cambios y ha solicitado más información al Ministerio de Hacienda.

Otro de los cuestionamientos que hizo Rodrí­guez es el nombramiento de funcionarios que han atentado contra los derechos de las mujeres. Uno de ellos es Juan Pablo Durán, ahora presidente del BANDESAL, que fue señalado por acoso sexual. También criticó el nombramiento de Mauricio Arriaza, quien tení­a un cargo de alto rango en el extinto Grupo de Reacción Policial de la Policí­a Nacional Civil (PNC) cuando ocurrió el asesinato de la agente Carla Ayala. Nunca se capturó al culpable y encontrar el cadáver tomó meses.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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