De acuerdo a un comunicado hecho llegar a ContraPunto por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, y en conjunto con Tutela Legal María Julia Hernández, se da a conocer que ambas entidades humanitarias solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que "emita medidas de protección, ante la inminente aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador".
"Las medidas provisionales solicitadas se enmarcan en la supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 por la Corte IDH en el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños. En ella, se determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño por los hechos de esta masacre, la cual constituye una de las más grandes cometidas en la región. En consecuencia, el Alto Tribunal ordenó a El Salvador adoptar medidas para que la Ley de Amnistía -vigente hasta esa fecha- dejara de ser un obstáculo para la obtención de justicia para las víctimas del conflicto armado, y que llevara a cabo la investigación de los hechos del caso, así como el juzgamiento y sanción de todos los responsables", dice el documento.
En la actualidad diputados del parlamento salvadoreño "cocinan" un proyecto de ley de reconciliación nacional, que se ha calificado interna e internacionalmente como "Amnistía de facto", la que devolvería impunidad que han gozado desde el fin de la guerra en 1992 los criminales de guerra y de lesa humanidad de ambas partes en conflicto.
“Las consecuencias de este trámite legislativo podrían ser irreversibles para quienes han luchado durante años por la justicia. Además, son un signo claro de desacato a lo contenido en una sentencia internacional que El Salvador debe cumplir. De aprobarse, esta ley tendrá efectos devastadores en los procesos en curso y profundizará la deuda del Estado con las víctimas”, declaró Gisela De León, Directora Jurídica de CEJIL.
En una visita al país en 2018, la Corte IDH constató las condiciones en que se estaba desarrollando el proceso penal por el caso de El Mozote, que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, y resolvió que el Estado debe reforzar medidas para que se garantice el debido proceso. En este sentido, la iniciativa que actualmente está en trámite contraviene lo dispuesto por el Alto Tribunal.
"De aprobarse el proyecto en los términos planteados, limitaría el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto, dejando en manos del Fiscal General la selección de los casos que podrán ser conocidos por los tribunales. Aquellos que no fueran elegidos podrían quedar en la impunidad", indica el texto de CEJIL.
La presunta "Amnistía de facto", fraguada especialmente por diputados del oficialista FMLN y la derechista ARENA, establecía "que los casos deberán ser conocidos por tribunales específicos, ubicados en San Salvador, lo cual genera incertidumbre en cuanto al destino del proceso judicial de El Mozote, en el que en los últimos años se han logrado algunos avances".
También se sumaría el hecho de que la iniciativa prevé la suspensión de las penas de prisión para las personas condenadas a menos de 10 años y en el caso de aquellas sentenciadas a más de 10 años, su sustitución por trabajos comunitarios.
Con base en todo lo anterior, CEJIL y Tutela Legal han solicitado a la Corte que ordene al Estado detener el trámite legislativo y abstenerse de adoptar cualquier iniciativa similar.
“Si la Asamblea Legislativa hace caso omiso a sus obligaciones en la materia, la Corte podrá tomar medidas ante la gravedad de las consecuencias y la obligación que tiene el Estado de cumplir con lo ordenado”, agregó la abogada especialista en derecho internacional y litigante del caso de El Mozote ante la Corte IDH.
Las organizaciones solicitaron estas medidas en el marco de la inminente presentación y votación de la propuesta por parte del pleno del órgano legislativo, que daría curso a la iniciativa para la posterior sanción del actual Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
