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miércoles, 20 de octubre del 2021

Cámara se justifica al indicar que magistrado solo cometió falta al decoro y buenas costumbres

La Cámara Primero de lo Penal aseguró que el magistrado no cometió Agresión Sexual sino que solo se habría aprovechado de hacer tocamientos impúdicos a quien transita por calles o lugares públicos.

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Ante la avalancha de críticas realizadas por el Ejecutivo y la sociedad civil, los miembros de la Cámara Primero de lo Penal han tenido que salir al paso y explicar el por qué se declararon incompetentes e indicaron que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Jaime Escalante Díaz, no cometió delito al supuestamente tocarle los genitales a una menor de edad sino que fue solo una falta.

En este sentido, indicaron que la resolución fue apegada a derecho, debido al adecuado y responsable proceso de deliberación permitió llegar a la conclusión que la conducta imputada al Magistrado, no es constitutiva del tipo pena por el cual fue acusado, es decir, Agresión Sexual en Menor.

“Esta decisión se encuentra fundamentada en los hechos, en los elementos de prueba aportados por la niña víctima y en el dictamen pericial correspondiente, así como en criterios doctrinarios y jurisprudenciales”, indicó el comunicado emitido por los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal.

A esto agregaron, que  esto anterior no significa que la conducta que se le imputa a Escalante Díaz, “haya sido considerada atípica; sino que la misma se calificó jurídicamente como la infracción penal constitutiva de falta tipificada en el No. 4) del Art. 392 del Código Penal, Capítulo IV, Faltas Relativas a la Familia, Buenas Costumbres y al Decoro Público, que dice: «El que aprovechándose… del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos.»”.

Por lo tanto, indicaron que no pueden rebasar el límite impuesto por la Constitución de la República por lo que carecen de la facultad constitucional y legal para crear figuras delictivas, “debiendo limitar su análisis a los tipos penales que se encuentran regulados en la legislación aplicable, y el Inc. 2º del Art. 1del Código Penal: Exclusión de la analogía”.

Al caso al que se refieren los magistrados, es a los hechos registrados el 18 de febrero en la residencial Altavista, Tonacatepeque, donde el magistrado fue acusado por una mujer quien afirmaba que él había agredido a su hija.

Según la denuncia, Escalante tomó de los hombros a una niña de diez años que jugaba en la en la calle y le tocó sus genitales. Luego, Escalante escapó mientras era perseguido por la madre de la niña y durante la huida dejó abandonado su vehículo propiedad de la CSJ.

Ese mismo día, el hombre fue capturado y quedó a las órdenes del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, para que iniciara los trámites correspondientes de ley. Quijano informó al siguiente día que el magistrado estaba en casa y que tenía asignado un empleado legislativo.

El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero constitucional que gozaba y que impedía que el magistrado Escalante Díaz fuera procesado.

Cuatro días después de la petición, en una sesión plenaria extraordinaria los diputados autorizaron que se iniciara el proceso de antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y crearon una comisión especial.

El 1 de marzo anterior, la comisión especial dictaminó que era procedente levantarle la inmunidad al magistrado Escalante Díaz.

Por otra parte, la Cámara rechaza las declaraciones dadas por funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, Nayib Bukele, y el vicepresidente, Félix Ulloa al considerar que violentan la independencia judicial y obstaculizan sus funciones.

Cierra diciendo que se elaborará un informe que será entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Relatoría Especial para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al ser una interferencia a la actividad judicial.

Organizaciones sociales expresan su malestar en las afueras del centro judicial

Organizaciones sociales bloquearon el paso del bulevar Tutunichapa, este lunes, para mostrar su descontento en la resolución de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Bajo consignas de #TocarUnaNiñaSiEsDelito y #MiHijaNoSeToca, los participantes exigieron que se garantice el respeto al cuerpo de los menores de edad y que los “tocamientos” sean delitos.

Durante la actividad, una mujer manifestó su tristeza debido a que su padrastro la violó sexualmente desde los dos años, pero cuando reaccionó la Fiscalía General de la República ya no podía hacer nada porque le delito prescribió.

La afectada dijo que a consecuencia de las violaciones quedó embarazada en seis ocasiones, pero sufrió aborto pese a ellos en otra ocasión sí logró concebir un hijo de su agresor.

Agregó, que calló por mucho tiempo por presión de su familia.  

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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