El director del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, Benjamín Cuéllar, escribió una carta en la cual pide a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revise el documento de la ley de reconciliación nacional que está siendo discutida por los diputados de la Asamblea legislativa, con la finalidad de determinar si esta cumple con lo establecido en la sentencia del año 2016.
“Solicítenle a la Asamblea Legislativa la entrega inmediata del anteproyecto de ley sobre la materia que fue conocido y discutido hoy por la Comisión Política de dicho órgano del gobierno, para determinar si el contenido del mismo cumple con lo ordenado por esa Sala de lo Constitucional en su sentencia del 16 de julio de 2016. Es responsabilidad histórica la de ustedes, dar seguimiento al acatamiento estricto de la misma”, expresó Cuéllar en la misiva dirigida a los magistrados del Órgano judicial.
Cuéllar fue uno de los principales impulsores de la demanda que dio como resultado la derogación de la Ley de Amnistía aprobada al final del conflicto armado en 1993, en la cual la Corte le ordenó al Legislativo crear una norma para la reconciliación nacional, sin violentar las normas internacionales acerca de la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que tanto los jefes de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla FMLN ordenaron cometer, antes y durante el período de la guerra civíl.
Para el diputado de ARENA y miembro de la subcomisión especial que elaboró la propuesta de ley, Julio Fabián, el escrito que está en discusión dentro del Parlamento cumple con los lineamientos detallados por el Órgano Judicial.
“Esta ley está basada en los principios que enmarcan la sentencia de la Sala de lo Constitucional, no se puede salir de ahí”, indicó Fabián a ContraPunto.
El polémico documento ha provocado que diversos sectores representativos de las víctimas del conflicto armado y autoridades pro derechos humanos a nivel internacional presionen a los legisladores salvadoreños a abstenerse de aprobar una llamada “ley de amnistía de facto”.
