La diminución de la participación ciudadana y la anulación de los votos continúa predominando los procesos electorales salvadoreños, según reveló el estudio realizado por el asocio académico formado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Don Bosco (UDB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El informe que analiza el comportamiento ciudadano ante el deber cívico de asistir a emitir su voto, esto entre el periodo de 2012 a 2019.
De acuerdo a Ricardo Córdova, director ejecutivo de Fundaungo, durante estos años, se reduce la tasa de participación electoral en 4.91%. En este sentido, la tasa de participación en las elecciones legislativas de 2018, fue de 45.73%.
Mientras que en la elección presidencial hubo un leve incremento en la asistencia a las urnas con un 51,8 %.
Por otro lado, indicó que desde las elecciones presidenciales de 2004 hasta 2019 la participación se ha reducido hasta en un 15%.
“En ese lapso de 15 años se reduce la tasa de participación electoral en 15.46%”, expuso.
Otro de los hallazgos del estudio es en relación al voto cruzado. En este aspecto, el análisis indica que al comparar las elecciones del 2015 y 2018, hubo un incremento en los votos nulos.
“El porcentaje de votos nulos con respecto al total de votos emitidos para las elecciones legislativa se incrementa en 6%, pasando de 2.06% en 2015 (48,822) a 8.06% en 2018 (191,155), agregó.
Proponen ente que se encargue organizar las elecciones
Por otra parte, la Plataforma Ciudadana Electoral presentó una propuesta de reforma electoral que contempla la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue de lo administrativo y organizativo de las elecciones.
En este sentido, los representantes de la plataforma indicaron que la entidad se encargaría de organizar y administrar los comicios, estaría integrado por tres consejeros de libre postulación, es decir, que toda persona que cumpla los requisitos establecidos en la Constitución para ser nombrado consejero del INE podría mostrar interés y ser tomado en cuenta en el proceso de elección por la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral mantendría la autoridad de las votaciones.
Además, el INE tendría rigurosos requisitos para estos funcionarios, la aplicación de un proceso legislativo que permita la participación de la sociedad civil, asociaciones de abogados y expertos electorales, para indagar sobre la experiencia y los conocimientos de los candidatos a través de un sistema de entrevistas a fondo. Las decisiones del INE serían apelables ante el Tribunal Supremo Electoral.
“Buscamos profesionalizar la función electoral, que pasemos a otro nivel en la organización de elecciones, que tengamos profesionales formados en esta materia”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de la plataforma y director de Acción Ciudadana.
Agrego que: “Entre las propuestas que aborda el Informe de reformas electorales de la Plataforma Ciudadana Electoral están: La integración de los Organismos Electorales Temporales y la capacitación de sus miembros”.
Luis Mario Rodríguez, encargado de asuntos jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), dijo que estas reformas son necesarias y señaló que es momento de darle más independencia a los partidos políticos.
Aseguraron que aún hay tiempo para que los diputados aprueben esta serie de reformas y puedan ser aplicadas en las elecciones de 2021.
