spot_img
spot_img
sábado, 16 de octubre del 2021

Así se tramó la aprobación del presupuesto

El acuerdo en el que no partició el FMLN, fue la amnistía fiscal, que perdona las multas e intereses a los morosos con el fisco. Jacobo Cruz Sosa, exsecretario de Asuntos Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), asegura que "el 92% de los deudores actuales son empresarios y solo el 8% ciudadanos de a pie”.

spot_img

Viernes 13 de diciembre. Una fecha que sin duda marca en el ámbito político una de las negociaciones más atrevidas entre el Ejecutivo y el Legislativo que al final, permitió la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020, por un monto de $6,426.1 millones y su financiamiento (deuda) por $755.8 millones.

Por la parte del Gobierno, estaban la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, mientras que por el otro lado, los diputados que integran la Comisión de Hacienda,

Las maniobras para dejar el camino libre comenzaron desde mucho antes. De  hecho, el desfile de funcionarios en la instancia legislativa para interrogarlos en qué utilizarían sus gastos para el próximo año, más daba la impresión de un simple trámite. Las verdaderas negociaciones se estaban llevando en otro lado y sin la presencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desde un principio fue muy crítico he hizo diagnósticos sobre la partida de gastos que había presentado el Ejecutivo el 30 de septiembre y que estaba llena de muchas inconsistencias.

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), también estaba en la misma sintonía que el partido de izquierda. Pero comenzó a enviar señales de que estaba dispuesto a dar su aval al presupuesto cuando el 28 de noviembre, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Gustavo López Davidson en su cuenta de Twitter escribió que estaban de acuerdo en aprobar el presupuesto, pero a cambio de acuerdos.


Dos días antes, el dirigente arenero había demandado por $8 millones al presidente Nayib Bukele, por calumnia y difamación en la Cámara Segunda de lo Penal, luego que el gobernante el 7 de noviembre lo acusara de hurto de armas de la Fuerza Armada y por estafa agravada en perjuicio de la institución castrense.

A partir de ese momento, la presencia del ministro Fuentes se volvió más constante en la Asamblea; posteriormente se incorporaría Recinos, tanto en reuniones de la Comisión de Hacienda como en la octava planta del Palacio Legislativo con la presidencia y otros actores políticos (ARENA, GANA y PDC).


El jueves 12 se realizó la sesión plenaria y el presidente de la Asamblea, el pecenista Mario Ponce, convocó a la Comisión de Hacienda para que comenzara a elaborar un dictamen con base a los acuerdos que fuera alcanzando con el Ejecutivo, y la plenaria quedó abierta.

El viernes, López Davidson, junto con el jefe del grupo parlamentario de ARENA, Carlos Reyes, y el diputado Julio Fabián, diría: “Nos hemos puesto de acuerdo en diferentes temas, en negociaciones serias con representantes del Gobierno, junto con un grupo de diputados, liderado por nuestro jefe de fracción, Carlos Reyes”. Momentos después agregaría que ya estaban listos para aprobar el presupuesto.

Hablaron de transparencia, responsabilidad y eficiencia. “Estos son algunos beneficios obtenidos para que los salvadoreños puedan vivir mejor”.

Pero ¿Qué pasaba en el FMLN?

Los diputados del partido de izquierda, ya comenzaban a murmurar de un “pacto oscuro de las derechas”.

Jacobo Cruz Sosa,  abogado y asesor de derecho electoral y exsecretario de Asuntos Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), tocó el tema que todos sospechaban era el que se estaba fraguando para dar libre paso al presupuesto: la amnistía fiscal (Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras).

En las redes sociales le preguntó el abogado al Ejecutivo que si el ministro de Hacienda le había explicado que la amnistía fiscal de 2014 fue para recuperar $300 millones en tres meses. “Hoy buscan recuperar $110 millones en ocho meses; el 92% de los deudores actuales son empresarios y solo el 8% ciudadanos de a pie”.

¿Qué negociaron? Amnistía fiscal. “Eso fue un pacto oscuro, que beneficia a quienes han ostentado y siguen ostentado la riqueza y el poder en el país. Perdón y olvido a quienes le deben al Estado: Eso acordaron las derechas políticas de El Salvador, manifestó la diputada Cristina Cornejo.

La efemelenista Anabel Belloso dijo por su parte, que con el pacto fiscal perdonaron a empresas deudoras de impuestos, incluso aquellas que tienen proceso en sede fiscal. Avalaron un crédito de $91 millones sin un plan claro de ejecución. (supuestamente es para la fase II del Plan de Control Territorial).

Y por si fuera poco, más deuda por $645.8 millones para financiar el presupuesto que tiene déficit y por tanto necesita de créditos para completar su ejecución.


“El gobierno de Bukele y partidos de derecha aprobaron hoy Presupuesto con $645 millones de deuda, $210 millones sin justificar, recortes a la pensión básica, bono de educación y salud, eliminaron programas para mujeres y miles de plazas suprimidas. Viernes negro para el pueblo”, recalcó la diputada Yanci Urbina.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), cuando visito la Asamblea, ya les había advertido a los diputados que en un escenario en que la carga tributaria para 2020 se proyecta que será menor, es urgente que se evalúe la eficiencia y efectividad de gasto tributario y que el Ejecutivo y el Legislativo “se abstengan de promover iniciativas de ley que contengan nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios sean más altos que los costos".

Las denominadas amnistías fiscales no son nuevas en el país. El primer decreto transitorio lo aprobó por primera vez la Asamblea Legislativa en octubre de 2017 y desde esa fecha se han dado varias prórrogas.

Pero hoy hay una diferencia con la que aprobaron los legisladores el viernes 13. En el pasado, a las amnistías no aplicaban aquellos casos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado proceso penal por delitos contra la Hacienda Pública. Y la avalada la semana pasada sí los incluye.

Por el momento, la Asamblea no ha subido la Ley de Presupuesto y la Ley de Salarios, que seguramente traerá algunas dudas que tendrán que aclararse, como por ejemplo, la supresión de plazas que ya fueron denunciadas por los diputados del FMLN, empleados públicos y los mismos despedidos.

spot_img

También te puede interesar

Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
spot_img

Últimas noticias