La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, continúa recogiendo insumos u opiniones, sobre la estructuración del proyecto de plan de gastos presentado por el Ejecutivo el 30 de septiembre pasado, para el ejercicio fiscal 2020.
Tanto Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han encontrado una serie de inconsistencias en varias partidas presupuestarias, por lo que han llamado a los responsables de las diferentes carteras de Estado para que expliquen sus proyecciones presupuestarias.
Este lunes, recibieron en el seno de la instancia legislativa a Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
El profesional, expuso al menos 12 recomendaciones para avalar el proyecto de presupuesto.
Recomendó que los ingresos deben aumentar la meta de la recaudación del impuesto sobre la renta de personas naturales asalariadas, tomando en cuenta el escenario macroeconómico; este incremento debería ser de alrededor de $40 millones. De este monto, se deberá trasladar recursos para las partidas de devolución de impuestos que están subestimadas.
Adicionalmente, la Asamblea Legislativa debe solicitar al Ministerio de Hacienda una explicación sobre la provisión de $210.9 millones en el rubro de otros ingresos diversos. Además, se recomienda establecer la entrega de informes mensuales sobre el comportamiento de la recaudación a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que permitan verificar que se están cumpliendo las metas aprobadas.
En un escenario en el que la carga tributaria para 2020 se proyecta que será menor, es urgente que se evalúe la eficiencia y efectividad del gasto tributario y que los organismos Ejecutivo y Legislativo se abstengan de promover iniciativas de ley que contengan nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios sean más altos que sus costos.
Por el lado del gasto público, se debe congelar la partida 54305 relacionada con publicidad, al monto aprobado en 2019, esto permitiría liberar alrededor de $9 millones, que sumados a los $20 millones, remanentes, del incremento de la meta del Impuesto sobre la Renta (ISR), de personas asalariadas; permitiría trasladar $29 millones para el fortalecimiento de la educación en primera infancia, básica y media en el Ramo de Educación.
Eliminar la partida relacionada con las primas y gastos de seguros privados que asciende a $37 millones, recomendando su traslado al Ministerio de Salud para fortalecer el primer nivel de atención y la red hospitalaria.
Castaneda también le propuso a los legisladores que la Asamblea Legislativa pida una explicación sobre el uso de la partida 55599, denominada “impuestos, tasas y derechos diversos”. A criterio del ICEFI, lo mejor es reorientar el incremento de esos recursos, que podrían alcanzar los $60 millones, para aumentar las asignaciones a los programas dirigidos específicamente a la niñez y adolescencia, particularmente los diversos niveles de educación; así como a programas dirigidos a las mujeres, para la reducción de las brechas de género.
Adicionalmente, se pueden incrementar los recursos al Ministerio de Agricultura, para los programas de agricultura familiar, y al Ministerio de Medio Ambiente, para programas de adaptación frente al cambio climático y la gestión integral del recurso hídrico. También se pueden incrementar las asignaciones al Ministerio de Desarrollo Local para cerrar las brechas de acceso a agua potable y energía eléctrica.
También propone no aprobar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto y emitir una norma específica que permita, tomando en cuenta las características de la inteligencia del Estado, el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera del Estado.
Tomando en cuenta que el presupuesto es el reflejo de la actual política fiscal salvadoreña es urgente que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa generen las condiciones para la construcción de un acuerdo fiscal integral, por medio de un proceso de construcción colectiva, que promueva el crecimiento económico sostenible, la construcción de la equidad, la efectividad del Estado y la garantía de los derechos para toda la población, acotó finalmente Castaneda.
