La Asamblea Legislativa aprobaron con 76 votos la creación de la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Esta nueva política de más de 300 artículos, y que fue admitida en la sesión plenaria número 61, reconoce la problemática de la primera infancia para lo cual el Estado en su conjunto respaldará el fortalecimiento de competencias parentales, como medio para asegurar una nueva ciudadanía social que contribuya al desarrollo sustentable.
“Con esta medida hemos pasado de la industria de la corrupción, a la industria de la vida y de las oportunidades para niños, niñas y adolescentes”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Para la creación de la normativa, los legisladores que conforman la Comisión de la Familia realizaron jornadas extenuantes para realizar el estudio adecuado de cada uno de los 308 artículos que la integran.
El proyecto fue ejecutado con ayuda de instituciones públicas, privadas, ONG y organismos de cooperación, que brindaron opiniones y recomendaciones para que pudieran ser tomadas en cuenta por los parlamentarios al momento de su estudio.
“Hoy hay una visión para proteger la vida desde su concepción, el Estado está trabajando como debió haber sido desde hace años. Un total de 1.8 millones de niños, de entre cero a 18 años, van a ser protegidos”, aseguró el legislador José Urbina.
También se incluyeron recomendaciones del equipo técnico la Convención de los Derechos del Niño e informes de las Agencias de Naciones Unidas para superar la deficiencia que existía en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
La LEPINA ha sido deficiente y ya no responde a nuestra realidad, por lo que en julio de 2019 el Despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, asumió el liderazgo en la coordinación de esfuerzos interinstitucionales dirigidos a potenciar el desarrollo infantil temprano, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de diversas instituciones del Estado que integraron el espacio de articulación denominado Mesa Técnica Intersectorial de Primera infancia Crecer Juntos, que fue responsable de definir la ruta para la formulación de esta política.
Referente a esto, la Primera Dama ha expresado en diferentes medios que: “Si las acciones políticas y leyes creadas para proteger a los niños y a los adolescentes hubiesen funcionado no estaríamos hoy combatiendo a las pandillas. Simplemente, no existieron (esas leyes)”.
La parlamentaria Suecy Callejas, quien es presidenta de la Comisión de la Familia, también opinó de manera similar: “No podemos seguir perdiendo generaciones, porque por dos dólares al día muchos jóvenes sirvieron de ‘postes’ para alertar pandilleros”.
A la vez, la diputada indicó en el pleno que por primera vez se definirá el término de la primera infancia y explicó con la ley establece garantías desde el instante de la concepción, pero esta vez no solamente quedará plasmado en un papel.
“Ya no habrá más discriminación porque un niño o niña tenga SIDA, porque sea discapacitado, porque sea madre o esté embarazada”, indicó.
Crecer Juntos retoma los desafíos derivados de la crisis mundial producto de la expansión del coronavirus (COVID-19), que trajo consigo efectos negativos sobre el desarrollo integral de la primera infancia.
Luego de aprobada la normativa, se creará el Instituto Crecer Juntos, con énfasis en la atención de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir los cuatro años y formará parte del Sistema Nacional de Protección. Para efectos presupuestarios, se relacionará a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Sus funciones primordiales serán la articulación y provisión de los servicios de atención integral para niñas y niños en su primera infancia; el fortalecimiento familiar para la generación de habilidades parentales y la generación de alianzas estratégicas que promuevan su desarrollo integral.
Por otro lado, gracias a esta ley el Estado instalará los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que serán de carácter público y gratuito, para la atención integral de niñas y niños desde los 45 días de nacidos.
De igual manera, las municipalidades instalarán al menos un CAPI de carácter público y gratuito, pero podrán ofertar sus servicios a las empresas privadas o instituciones públicas que lo soliciten, las cuales pagarán la cuota respectiva.
El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia será la institución responsable de coordinar el procedimiento para la autorización de los CAPI y de llevar el registro público de dichos centros.
El proceso contó con la asistencia técnica del Banco Mundial, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A nivel metodológico, la aplicación del enfoque de gestión basada en resultados retomó uno de los problemas identificados en el Plan de Desarrollo Social 2019-2024, que plantea que en El Salvador las niñas y los niños tienen limitadas oportunidades para su desarrollo integral.
Dicho análisis, constituye el punto de partida para la Política Crecer Juntos, que bajo una mirada de integralidad y multidimensionalidad, propone resultados y productos orientados a generar condiciones para favorecer el desarrollo integral de niñas y niños en un plazo estimado de 10 años.
A lo largo de todo el ejercicio de formulación de la política se contó con el esfuerzo intersectorial e interinstitucional, articulado y participativo de personal multidisciplinario; del nivel político, técnico y operativo, de los sectores público y privado, con amplia experiencia en el diseño e implementación de acciones de política pública nacionales y territoriales en los ámbitos de salud, educación y protección a derechos.
La ley detalla el derecho a la identidad y los elementos que la integran, como el nombre, la nacionalidad, el origen y la obtención de documentos públicos de niñas, niños y adolescentes. También enfatiza que el Estado garantizará el derecho a la inscripción del nacimiento de forma inmediata, gratuita y fácil.
Atendiendo a estos aspectos, la Ley Crecer Juntos retoma los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Social 2019-2024 y enfoca sus intervenciones para garantizar que a 2030 habrá incrementado la proporción de niñas y niños de 0 a7 años con desarrollo infantil temprano adecuado para su edad.
Armonizan normativa de Procedimientos Administrativos con la Ley Crecer Juntos
Por otra parte, los diputados reformaron la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para establecer la materia de primera infancia, niñez y adolescencia como una excepción a la regla de aplicación de esta normativa a todos los procedimientos que le corresponde seguir a la administración pública.
La enmienda aprobada por los parlamentarios consiste en intercalar entre los artículos 163 y 164, el artículo 163-A, el cual señala que los procedimientos administrativos relativos a la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia se regirán por lo establecido en la legislación especial y no por los plazos determinados en la LPA.
La presidenta de la Comisión de la Familia, Suecy Callejas, explicó que con esta modificación se busca que los procesos administrativos sean expeditos para garantizar plenamente la protección de los menores de edad.
“Los tiempos de la Ley de Procedimientos Administrativos son más extensos pero, en este caso, como es una materia especializada, la misma ley nos da la posibilidad de que se establezcan plazos distintos”, señaló la legisladora.
La parlamentaria expresó que la Ley Crecer Juntos está dividida en tres libros, de los cuales, el tercero es el que determina los Procedimientos de Juntas de Protección y Procesos de la Administración de Justicia en materia de primera infancia, niñez y adolescencia.
