Por Alessia Genoves
91% de la población salvadoreña aprueba la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato corresponde a un resultado de las encuestas internas, que ha sido divulgado por el titular de la empresa consultora en política, Regional Renaissance Consoulting, Emmanuel Rincon; y el resultado sitúa al mandatario en el primer lugar de las preferencias internas, respecto de otros 12 líderes mundiales. Apenas le sucede el presidente de la India, Narendra Modi, con el 74% de aprobación, y el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con el 71% de la aprobación interna.
93.4% de los usuarios de la plataforma social de “x.com”, por otra parte, se han manifestado a favor de la premisa consultada por el presidente Bukele: ¿“Plan Bukele” en Perú?. Pero, frente al margen de aprobación, un 6.6% respondió a la premisa “No”. Entretanto, la política peruana ha manifestado ya su posición política respecto del “plan”, al que se asume como el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, cuyo espíritu se encuentra en la contención de unos 76,600 pandilleros identificados pro la Policía Nacional Civil (PNC). El resultado de su aplicación puede observarse en una contracción del 79.1% en los registros de homicidios oficiales; y hasta en un 66% en los registros extra-oficiales.
No obstante, instituciones como la Comisión Inter-americana de los Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones sociales han solicitado al Estado de El Salvador la suspensión del Régimen, entre otras cosas, por la liberación de unas 7,000 personas que fueron liberadas tras ser sobreseídas de las causas penales por las que fueron detenidas. Otra de las justificaciones responden al registro acumulado de unas 174 personas que perdieron la vida en Centros Penales, según lo señalan organizaciones como la Fundación Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Sin embargo, del universo probable de personas que perdieron la vida en dicho contexto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, sostiene al menos unos 142 fueron llevados a archivo, al sostener que las pericias forenses determinaron una causa de muerte ajena a las observaciones de terceros; es decir, a al vapuleo, asfixia y otros; mientras que Cristosal admite que 69 de esas fueron “naturales o sin datos”.
Bukele y el mundo
Nayib Bukele, actual presidente de la República de El Salvador, alcanza un contundente 91% de aprobación entre los salvadoreños consultados por la encuesta de la firma Renaissance Consulting, consolidándose de esta manera, por un amplío margen, como el mandatario con mayor aceptación en la región latinoamericana. Cabe destacar que el resultado solamente es superado por el 93% y 94% que le adjudican las encuestas nacionales de TResearch y el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana de El Salvador, respectivamente. Además, el sondeo de Renaissance muestra una cifra prácticamente idéntica al 90% que recibe Bukele tanto en el estudio de Latinobarómetro como en el de Cid Gallup, confirmando su abrumador liderazgo.
Ocupando un distante segundo lugar en la medición de Renaissance aparece Rodolfo Chávez, presidente de Costa Rica, con un 71% de apoyo ciudadano. Si bien se trata de un porcentaje alto, se encuentra muy por debajo del obtenido por Bukele e incluso representa un retroceso en comparación al 74% que tenía Chávez en septiembre del año anterior. Asimismo, en el sondeo de Latinobarómetro la aprobación de Chávez es aún menor, de apenas un 65%.
En el tercer peldaño del ranking elaborado por Renaissance se posiciona Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con un 63% de respaldo. Este guarismo también dista mucho del alcanzado por el mandatario salvadoreño y además constituye un descenso respecto al 65% que tenía Abinader en la medición de Cid Gallup y 67% de una encuesta de septiembre de 2022.
Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ubica cuarto según el estudio de Renaissance Consulting, con un 60% de aprobación ciudadana. Si bien ello implica un leve incremento en relación al 58% que le adjudica Latinobarómetro, de todas formas se encuentra muy por debajo del abrumador 91% que tiene Bukele, dando cuenta de la enorme brecha de popularidad existente entre ambos.
18% de aprobación es el magro resultado que obtiene el argentino Alberto Fernández según Renaissance Consulting, similar a Latinobarómetro pero en fuerte caída desde el 32% previo. En la misma lógica de los mandatarios con menor resultado en las evaluaciones de aceptación nacional, es posible identificar a Dina Boluarte de Perú con un 15% de aprobación interna y Guillermo Lasso de Ecuador con un 14%. Sus bajos niveles de aprobación tienen correlato en otros sondeos de opinión pública como Latinobarómetro, aunque en algunos casos muestran un marcado deterioro respecto a mediciones previas, acentuando la crisis de legitimidad que enfrentan.
Homicidios: El Salvador y Perú
86 homicidios intencionados han sido cuantificados por la PNC de El Salvador para agosto de 2023. El dato es es inferior respecto a los 495 de 2022 y distante de los 1,147 de 2021, difieren drásticamente de los 2,923 homicidios intencionados en Perú en junio de 2022. Esta pronunciada divergencia estadística entre ambos países es atribuible al cuestionado régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, que ha reducido considerablemente los homicidios, pero con críticas sobre afectación de derechos constitucionales.
El presidente Nayib Bukele ha afirmado que El Salvador es “el país más seguro de América”, basado en una tasa anualizada de 2.2 homicidios por cada 100,000 habitantes de enero a julio de 2023, menor que Guatemala y Honduras con 27.3 y 37.6 respectivamente. No obstante, dicha reducción de homicidios se fundamenta en el controversial régimen de excepción que constriñe garantías constitucionales.
Mientras tanto, Perú persiste con elevados homicidios pese a diversas políticas de seguridad implementadas. Los 2,923 homicidios intencionados en junio 2022 equivalen a una tasa de 10.8 por cada 100,000 habitantes, superando incluso a Guatemala y Honduras en ese periodo. Esta sostenida violencia homicida resalta la necesidad de políticas efectivas en Perú.
Profundizando en las particularidades del cuestionado régimen de excepción salvadoreño, este restringe derechos constitucionales como ser informado de los motivos de detención, amplía plazos de detención administrativa para investigar y suspende la inviolabilidad de correspondencia. También permite detención preventiva de presuntos vinculados a pandillas sin orden judicial. Mientras estos bajos niveles de percepción de inseguridad persisten entre los salvadoreños, al 14 de julio de 2023 se contabilizaban 65,479 internos en el sistema carcelario, además de estimarse 11,121 pandilleros aún en libertad.
Aunque organismos internacionales y ONGs locales han denunciado abusos bajo este régimen, reportando 174 muertes en cárceles que podrían ser ejecuciones extrajudiciales, el gobierno desestima dichas denuncias argumentando falta de pruebas contundentes. No obstante, la drástica reducción de homicidios parece dar la razón a Bukele sobre la efectividad de su controversial política.
Si bien el régimen de excepción logra contener la violencia pandilleril a corto plazo, expertos advierten que se necesitan políticas de rehabilitación y re-inserción de pandilleros para una solución sostenible. Perú enfrenta el desafío de implementar políticas que reduzcan efectivamente los homicidios sin detrimento de derechos fundamentales, evitando emular las cuestionables medidas del llamado “modelo Bukele”.
Profundizando en cifras clave, la Policía Nacional Civil de El Salvador reportó únicamente 8 homicidios intencionados en julio de 2023, lo que Bukele calificó como “el mes más seguro en la historia de El Salvador”. Incluso es menor que los 8 homicidios intencionados en abril de 2023, denotando una consistente tendencia decreciente. Comparativamente, las cifras actuales contrastan con los alarmantes 116,660 homicidios registrados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador entre 1994 y julio de 2023. Este cambio de tendencia se atribuye decisivamente al régimen de excepción desde marzo de 2022.
Otros indicadores relevantes se observa en la opinión pública. El 90% de los salvadoreños ya reportaba en diciembre de 2022 una percibida reducción de la delincuencia, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública. Asimismo, el 97% atribuía hechos delictivos a pandillas en ese momento. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia reveló en su sondeo que solo el 5.3% manifestaba preocupación por la delincuencia al evaluar la gestión de Bukele.
Crisis en Perú y el Régimen
Profundizando en la crisis peruana, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó que, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 13 de febrero de 2023, se registraron 58 personas fallecidas y 2,265 heridas en el contexto de las protestas, incluyendo integrantes de la fuerza pública. Asimismo, documentó 1,296 detenciones a nivel nacional después de la declaratoria del estado de emergencia el 14 de diciembre. Los datos pueden constatarse en el informe titulado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.
Ante el descontrolado aumento de la violencia homicida, el presidente salvadoreño ha propuesto aplicar en Perú medidas similares al controvertido régimen de excepción actualmente vigente en su país, como supuesta única salida para contener la espiral criminal. Sostiene que dicho régimen logró reducir en un 79.5% los homicidios durante 2022 en El Salvador, aumentando la seguridad ciudadana, por lo que una política de mano dura es necesaria en Perú a pesar de las críticas de organismos internacionales, que posteriormente reconocerán su efectividad.
Bukele, particularmente, ha llevado la consulta a la opinión pública. La premisa era ¿”Plan Bukele” en Perú?, en la que participaron hasta 84,756 usuarios de la plataforma “x.com”. La publicación, sin embargo, obtuvo hasta 8,777 reacciones “me gusta”; otras 2,942 re-publicaciones y otras 518 “citas”. Cabe destacar que no todos los usuarios representan a una persona individual, ya que la plataforma da lugar a que una persona pueda crear más de una cuenta de usuario. A pesar de todas las controversias que puedan analizarse posteriormente, la premisa forma parte ahora de la opinión pública en Perú, otrora un país también en controversia con el terrorismo, de grupos sociales como el movimiento político maoísta (comunista), “El Sendero Luminoso”.
El planteamiento salvadoreño implica restringir garantías constitucionales para habilitar la detención administrativa de sospechosos de pertenecer a pandillas sin orden judicial, y aplicarlo en todo el territorio nacional, no limitarlo a regiones concretas. Se defiende dicho régimen de excepción como un mal necesario ante la violencia descontrolada, asegurando que luego de contenida debería implementarse políticas de rehabilitación y re-inserción.
No obstante, el Estado peruano enfrenta el complejo desafío de reducir los elevados índices de homicidios intencionados sin recurrir a medidas que socaven los derechos humanos fundamentales, para lo cual debería desestimar cualquier propuesta de emular el cuestionado y represivo “modelo salvadoreño”.
