Por Alessia Genoves
126 días sin homicidios se reportan durante 208 días de vigencia del Régimen de Excepción. La administración del presidente salvadoreño acumula unos 219 días sin homicidios, hasta el 20 de octubre, según lo informa el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Policía Nacional Civil (PNC). Pero unas 7 organizaciones sociales cuantifican, en ese período, unas 4,071 presuntas vulneraciones de derechos humanos.
7,500 pandilleros activos justificarían la aprobación y prórroga continua del Régimen de Excepción, que establece la aprehensión de miembros y colaboradores. Hasta el pasado 14 de octubre, la PNC reportó la detención 55,062 presuntos terroristas, de los que un 92% cumplen orden de prisión preventiva, al presentar arraigos de pertenecer a maras y pandillas.
Pero instituciones como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSP) y la Fundación Amate El Salvador sostiene que algunas de las detenciones procesadas por la PNC son arbitrarias, en más del 75% de sus reportes. Descartan, al mismo tiempo, su defensa a maras o pandillas.
Menos delincuencia
219 días sin homicidios reporta la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Políticas de seguridad pública, como el Plan Control Territorial (PCT), reportaban una contracción de hasta el 50% de los homicidios, en relación los años 2020 (1,341) y 2018 (3,340). Los más de tres años transcurridos de la presidencia Bukele, hasta la fecha del 20 de octubre de 2022 y la misma del 2018, reportan una contracción de más del 76.8% de homicidios.
Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.
Al término de la sexta prórroga del Régimen de Excepción, se reportó un decomiso de 1,644 armas de fuego, entre las que figuran 75 armas largas, según lo detalló el Gabinete de Seguridad Pública. Entre otras cosas, las autoridades destacan el decomiso de 238 vehículos, presuntamente pertenecientes a pandillas, y la destrucción de 12 campamentos de las trincheras de maras y pandillas.
Denuncias
4,071 denuncias habrían presentado víctimas y familiares, a 7 diferentes organizaciones sociales. Las acusaciones responderían a presuntas irregularidades y detenciones arbitrarias, durante los 7 meses de vigencia continua del Régimen de Excepción.
Mientras que las autoridades de Seguridad Pública justifican la vigencia del Régimen, a la persistencia de 20 mil pandilleros activos, las organizaciones denuncian que la política de seguridad compromete la libertad y los derechos de población inocente.
De las más de 4 mil denuncias, organizaciones como Cristosal, reportan unas 2,819 denuncias recibidas,y una proporción del 97.2% de presuntas detenciones arbitrarias. Fespad, por su parte, reporta 297 denuncias, de las que un 80.8% corresponderían a detenciones arbitrarias.
408 denuncias, asimismo, reportaría el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas”, de las que un 79.7% representarían presuntas detenciones arbitrarias. Mientras que la proporción es del 100%, en el caso de la organización Azul Originario.
37 denuncias reportaría la organización Amate El Salvador, con un margen del 73% de presuntas detenciones arbitrarias. Particularmente, la población femenina constituye un 54.1%, en la que incluyen a 4 mujeres trans y a 8 hombres trans. Sostienen que la distribución por género no se establece en pabellones LGBT; mientras que la organización Dike+ LGBT contradice las afirmaciones, indicando que en el centro penitenciario de Apanteos, en Santa Ana, existe un pabellón LGBT.
Algunas denuncias han sido cuestionadas por el extitular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar. Indicó que algunos de los requerimientos procesados en la institución llegaron a acumular más de 4 mil presuntas denuncias, durante el Plan Nacional de Verificación, pero menos de 10 de ellas corresponderían a vulneraciones a derechos humanos, durante la primera prórroga. De hecho, indicó que algunas de la denuncias correspondían a “docuemtos de arraigo, y no a denuncias”.
80 presuntas muertes en centros penales también son reportadas por Cristosal. Sin embargo, el presidente Bukele ha referido que “Hay menos muertos per-cápita en el Régimen de Excepción en las cárceles, que el promedio normal, en los últimos 10 años, y en las mismas cárceles”.
La opinión de Bukele es cuestionada por Cristosal; pero es reafirmada por el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza, quien sostiene que la mortalidad en las prisiones se ha reducido por gestión sanitaria aplicada. El titular del MJSP, Gustavo Villatoro, también refiere que algunas de las muertes están asociadas a enfermedades crónicas previas a la detención.
