Redacción ContraPunto
Canal 33 confirma un cese de operaciones. El dato lo confirman al menos 6 periodistas, que presumen la suspensión de sus contratos laborales, una información que divulgó la Asociación de periodistas de El Salvador (Apes), en su último informe de vulneraciones contra periodistas, en el que también detalla que habrían cesado sus operaciones trabajadores administrativos.
“Problemas de sostenibilidad” justificarían las decisiones administrativas de Canal 33, un medio de prensa informativo y de entretenimiento que estuvo al aire en el país desde el año 1995. Sin embargo, Apes añadiría que los denunciantes le informaron que el medio les habría despedido de “forma injustificada”.
También Apes atribuiría responsabilidades al gobierno sobre la ausencia de políticas para la protección de periodistas; y su titular, Angélica Cárcamo, le responsabilizaría de disputas en la pauta publicitaria de gobierno, a lo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuestionaría la ausencia de la evidencia que sustentara las acusaciones.
Cese de operaciones
Problemas financieros justificaron el cese de las operaciones informativas de Canal 33, según lo habría informado el medio informativo a sus empleados. Apes tituló el informe con el hecho de que “más de 50 periodistas y personas trabajadoras de la información de Canal 33 fueron despedidas” del medio, con las quejas de al menos 4 de las personas consultadas, y parte de las personas afectadas.
“Agradecemos su profesionalismo y compromiso en el desempeño de sus funciones”, es una de las frases citadas por la prensa, y atribuidas por la administración del Canal, desde el pasad 1 de enero. Acontecería que su programación sería interrumpida de forma indefinida.
Canal 33 informó, de hecho, a sus audiencias de la última transmisión de sus contenidos, en programas estelares como Buena Onda 33 y el Noticiero Teleprensa. También clausuró sus operaciones los programas De Mujer a Mujer y el programa de entrevistas 8 En Punto. Algunos de los anuncios se divulgaron en la transmisión de los programas del pasado 31 de diciembre; sin embargo Apes hace notar que los avisos no se divulgaron formalmente.
“Además de periodistas también fueron despedidas personas de las áreas de producción, ventas, administrativo y talentos humanos. Pese a que en la notificación se indicó a los afectados que se les indemnizará de acuerdo a la ley, el medio deja en inestabilidad laboral a medio centenar de personas”, señalaría Apes.
Las opiniones que presumen responder a los hechos son variopintas, y controversiales. Lo cierto es que Apes ha rendido informes desde el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas, una oficina que asegura tener un reporte de al menos 151 presuntas agresiones a periodistas y comunicadoras, hasta el cierre del año fiscal 2022; un resultado que sería inferior, sin embargo, a los 219 del año 2021. En su último informe también confirmaría el “auto-exilio preventivo” de al menos 10 periodistas, y 1 comunicador; y detallaría que al menos una de ellas tuvo motivo de una presunta amenaza, por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Controversias y Apes
Apes sostendría sus afirmaciones desde la información compartida por 4 de los periodistas afectados; más no del total de los presuntos. Sin embargo, el número de personas que confirmaría su cese se ampliaría, con las declaraciones de periodistas como Verónica Guerrero -del programa De Mujer a Mujer-, quien agradeció al Canal por abrirle las puertas para su desarrollo profesional.
“1 de Enero 2023 cierre oficial de Buena Onda Canal 33, 22 años al Aire, sin duda fuiste el mejor”, añadiría el periodista de entretenimiento, Armando Regalado, quien es reconocido por su nombre artístico como el Gordo Sabor. También rendiría opiniones el periodista Carlos Toledo, el ex-presentador y Productor de Teleprensa 33, quien reforzaría las opiniones de Apes, sosteniendo un presunto “cierre de voces disidentes”.
“Cancelar los programas de opinión y análisis 8 Enpunto de información Teleprensa 33 de Canal 33 TV independientemente de si fue por razones económicas, comerciales, de innovación y algunos especulan políticas, reduce presencia de voces independientes y ecuánimes, algo necesario”, se cita en una de sus publicaciones.
Apes instaría al gobierno salvadoreño de “asumir su responsabilidad ante la falta de leyes y políticas públicas que protejan los derechos de las y los periodistas”. Su representante también sostendría que “hay medios que han dejado de percibir pauta privada porque a los empresarios les han amenazado desde el gobierno, a algunos les han dicho que dejarán de recibir licitaciones del GOES si siguen pautando en medios no oficialistas”, un acusación que sería reproducida en el informe de Apes, como un “uso discrecional de pautas publicitarias”.
Por otra parte, Cárcamo y Apes también han sido objeto de controversias. Cuestionó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a la representante de la institución si ésta “¿Tiene pruebas de esta aseveración tan temeraria? ¿Lo supone y lo publica sin prueba alguna? ¿Periodismo o chambres?”.
El ex-locutor del medio, Diego Marroquín, también cuestionó los señalamientos de Apes. Además, atribuyó un posible sesgo en los programas de opinión e informativos transmitidos en el Canal, desde que asumió su dirección una nueva jefatura, en el año 2019.
“Discúlpenme pero un periodista no puede dar su opinión sobre los hechos y menos sin pruebas comprobables y legítimas”, sostuvo el ex-locutor. Las opiniones de Marroquín también fueron cuestionadas, e incluso reafirmarían las quejas de Apes.
