lunes, 15 abril 2024

30 periodistas hackeados, 10 auto-exiliados y Villatoro dice que no espía

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30 periodistas habrían sido hackedos desde 2020, asegura APES. Otros 10 periodistas y 1 comunicador salieron del país, en “auto-exilio preventivo” a presunto acoso y una amenaza de muerte. Villatoro dice que reformas de Ley y el Estado no vigilan a periodistas, ni con orden judicial.

Por Alessia Genoves


10 periodistas decidieron exiliarse. Así lo informa la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), en su último informe de cierre, para el año 2022, con resultados divulgados de su Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas. Otros reportes responden a unos “28 casos e intentos de hackeo” a los dispositivos móviles inteligentes de periodistas, a los que define como “no alineados al gobierno”.

151 presuntas vulneraciones a “periodistas, comunicadores, medios y a la Asociación” se cuantifican en el informe de la APES. Algunas de afectaciones implican las “reformas de leyes antiprensa”, según lo mencionó su representante, Angélica Cárcamo, al referirse a la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y a la reforma al Art. 345 del Código Penal, que establecen la investigación a dispositivos móviles con previa orden judicial y la no difusión de propaganda terrorista.

Christian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, es quien dio la iniciativa de ley a la reforma del Código Penal, en el seno de la Guerra Contra Pandillas. Si bien, el código no penaliza el ejercicio de coberturas periodísticas sobre pandillas, la moción fue el motivo de sanción para el diputado, y difusión en la Lista Engel. El registro oficial de detenciones en el Régimen ha sido de 60,475 persona -principalmente acusadas de pertenecer a maras o pandillas- que, según Apes, no circunscriben a periodistas. El mismo resultado -nulo- se tendría en casos sobre asesinatos contra periodistas.

Presuntas agresiones

Agresiones contra periodistas y el personal de APES se enumeran en un registro de 151 casos No obstante, la cifra es inferior respecto de las 219 registradas en 2021; una proporción que es superior en un margen del 31%. Pero la cifra actual es sólo equiparable a la del año 2020, en la que el informe preliminar rendía resultados de 125 presuntas vulneraciones contra periodistas o al ejercicio periodístico.

77 presuntas agresiones reportó el Centro de Monitoreo en 2019. El dato representaría un incremento del 49% de los casos, respecto de los actuales. Hay que resaltar que APES refiere a las vulneraciones de éste año como a las del 2020, a despidos a periodistas por parte de medios de comunicación; por lo cual, los hechos cuestionados en el informe no son exclusivos de funcionarios públicos.

2018, por otra parte, habría registrado al menos 65 vulneraciones contra periodistas, según APES. De acuerdo con la representante de la institución, Elizabeth Estrada, ese fue el primer año fiscal investigado por el Centro de Monitoreo; y desde luego, refleja un menor número de afectaciones. Y, según lo mencionó el ex-representante del Comité de Ética, Serafín Valencia, la mayor parte de los vulneraciones respondía a maras y pandillas.

Apes, por otra parte, indicaría que a pesar de las 151 alertas de presuntas vulneraciones contra periodistas y al periodismo no habrían registros de periodistas muertos, ni periodísticas en prisión. No obstante, a éstos datos se omitiría el arresto del periodista del Canal 29 de Apopa, Víctor Barahona Echeverría. Su aprehensión habría tenido lugar desde el pasado 8 de junio de 2022, y le decretaron 6 meses de investigación hasta ser vencido en juicio.

56 de los casos registrados en 2022, por otra parte, fueron reportados por APES desde la esfera digital. Los otros 66 casos reportados habría tenido lugar en espacios físicos; principalmente en la zona central, con 66 presuntas vulneraciones registradas. Por otra parte, los hombres serían el género principal de la situación demográfica con mayor afectación; seguido de unos 50 casos de afectaciones presuntas contra mujeres.

ContraPunto, por otra parte, tiene constancia de al menos una periodista trans que denunció ante Apes vulneraciones a su integridad, pero éstos fueron desoídos. El hecho lo hace constar la propia institución, al informar un número nulo de personas sexo-diversas (LGBT) dentro del registro demográfico.

Auto-exilios preventivos

10 periodistas han migrado a otros países, tras recibir presuntas vulneraciones a su ejercicio periodístico. Inicialmente, Cárcamo calificó 9 de los hechos como “exilios voluntarios”; sin embargo, un comunicado oficial de la institución cambió el calificativo al de “exilios forzados”. De la cifra total, informa que 8 periodistas se han visto obligados a salir preventivamente ante la amenaza de prisión de hasta 15 años”, al referirse a la reforma del art. 345 del Código Penal.

Apes, por tanto, hace constar que los 8 exilios preventivos no derivan de ordenes emitidas por agentes de autoridad ni por entidades judiciales. No obstante, señala que hay “otros 2 periodistas que se encuentran fuera del país debido a amenazas de funcionarios e instituciones del Estado por su trabajo periodístico”. También indica que uno de éstos últimos habría tomado la decisión debido a “amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC”.

Algunos de los exilios fueron divulgados por medios de comunicación, a los que Apes califica como “independientes”, en razón presunta de “no estar alineados al gobierno”. Diario El Faro, por ejemplo, hizo pública la noticia del auto-exilio voluntario de la ex-periodista de La Prensa Gráfica (LPG), Mariana Belloso, de quien cita la frase “me auto-exilié por razones de seguridad”. También confirmó el despido de Keren Fernández, como conductora del programa Focos, al que dirigía.

Deutch Welle en Español, un medio de comunicación con sede en Alemania, también informó que el antropólogo y periodista de El Faro, Juan Martínez d’Aubuisson, quien se encontraría en Brasil, ante las presuntas amenazas consignadas en las reformas de ley. Sin embargo, algunas de los hechos y sus declaraciones fueron controvertidas por la divulgación previa de libros “Ver oír y callar” y el titulado “Un año con la Mara Salvatrucha 13”. También expresaría, en una entrevista con RT Noticias, que “la maras cumplen un rol necesario en la sociedad”, sin detallar en qué consistía.

Apes divulgaría al menos 2 denuncias a favor de d’Abuisson, sobre presuntos hechos de acoso. Otras denuncias las refirió a favor de 31 periodistas, entre ellos, de LPG quienes habrían sido retenidos arbitrariamente mientras realizaban una cobertura de la construcción del Megacentro Penal de Tecoluca, San Vicente”. Otra alerta la refirió a favor de un periodista de El Diario de Hoy, tras la toma de imágenes de la contaminación de buses en el centro de San Salvador”.

Contra las Leyes

Leyes mordaza” y “anti-prensa” son las adjetivaciones con las que Apes se refiere a al menos 3 de las recientes reformas de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La primera responde a la modificación del Código Penal, en adhesión de un literal C, con 2 incisos que, en opinión de Valencia, “restringen la libertad de prensa”, y la divulgación de los hechos.

Observaciones como las de Apes llegaron al Departamento de Estado de Estados Unidos, en julio de 2022. El informe de la institución de Estado refería a su mocionante, Christian Guevara, por su presunta participación en la vulneración a la libertad de expresión y de prensa; por lo que EEUU procedió a suspender la VISA del legislador.

La reforma, por sí misma, condena la ”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”. El documento que fue aprobado el pasado 5 de abril implica la sanción de los hechos cuando fueren promovidos en “medios de comunicación” “tecnologías de comunicación e información”, cuando en ellos se divulgue “mensajes” o “comunicados” de maras o pandillas que puedan generar pánico o terror en la población” (art. 345, lit. C, inc 2).

Se entiende, por tanto, que la ley censura actos de terrorismo, más no actividades estrictamente periodísticas. Sin embargo, Apes exige, además, desambiguar los términos a los que la ley refiere; y hacer patentes sus observaciones en una “inconstitucionalidad parcial”, cuyo trámite hasta la fecha no se ha divulgado públicamente.

Apes, por otra parte, referido señalamientos en cotnra de la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones, En opinión de Cárcamo, con la reforma “se eliminan los controles, se facilita la violación a derechos y se podría dar el espionaje”. Pero, contrario a las afirmaciones de la voz disidente, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, indicó que la probabilidad no estaba consignada en la ley, ya que aún se requiere de una orden judicial para la investigación.

“Aún bajo el Régimen de Excepción hay que ir a pedir autorización judicial. Y que digan los mismos de siempre que estamos interviniendo teléfonos de periodistas, eso no existe, añadió Villatoro.

Cárcamo también expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A su juicio, la reforma “obliga a las compañías telefónicas a brindar toda la información, desde datos personales, de navegación y hasta de geolocalización”. Villatoro, sin embargo aseguró que “esta reforma lo que lleva es que ésta información se colecte de manera digital. No estamos hablando de invadir redes sociales. No. La palabra imagen era la imagen del documento. Pero ya estoy obligado yo, desde el 2001, a identificar”, añadió Villatoro.

Presuntos hackeos

32 periodistas de medios de comunicación e independientes habrían recibido señales de alerta, por presuntas vulneraciones a la seguridad de sus dispositivos móviles. Apes detalla que los hechos habrían tenido lugar durante los años 2020 y 2021, involucrando al programa espía, Pegasus, de la agencia de seguridad israelí, NSO Group.

En su comunicado, la organización asegura que la infiltración fue confirmada en un diagnóstico elaborado por las compañías de seguridad Citizel Lab y Acces Now, de la Universidad de Toronto, Canadá. La licencia del software espía tiene un precio aproximado de $6 millones de dólares para su uso, que sería exclusivo para el aporte de procesos judiciales, para requerimientos legales o gubernamentales, investigar fraudes… y proteger y defender derechos humanos”, entre otras cosas, según informa NSO.

Sin embargo, “la Fiscalía General de la República (FGR) no ha brindado avances de la denuncia que formalmente APES presentó desde el 15 de enero. De enero a diciembre se registraron al menos 28 casos de intentos y hackeos de las cuentas de Whatsapp de periodistas, personas comunicadoras, grupos de periodistas y medios de comunicación, incluyendo el número del Centro de Monitoreo de APES por parte de sujetos desconocidos”, asegura APES.

Villatoro, por su parte, rechazó que los hackeos provinieran de la corporación policial, contrario a los señalamientos de APES. Calificó las acusaciones como los “cuentos que ellos han hecho”, al referirse a organizaciones de oposición, entre las que relaciona a Apes. Y aunque los señalamientos no han sido aclarados por autoridades de gobierno, el pasado 22 de febrero, el exvicepresidente de la República y representante del FMLN, Oscar Ortíz, aseguró que Pegasus era un “programa vino de México. El programa ya estaba aquí de uso policial. El Gobierno lo utilizaba para todo el tema de georreferencia”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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