Por Alessia Genoves
61,300 personas han sido detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido compartido a la prensa por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. Entre otras cosas, también informó que existían al menos 3,313 personas liberadas, un dato que representa un 5.40% de los detenidos, y que desde luego está por encima de la proyección preliminar del 1% planteada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para definir que “ningún sistema es perfecto”.
4,071 denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos humanos han llegado a la Organización de Naciones Unidas (Onu) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh). Los datos han sido recolectados por instituciones como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista (Spass), entre otras. Planteaban que al menos el 75% de ellas respondían a presuntas detenciones arbitrarias, una proporción que ahora se aproxima al número de personas liberadas, según Villatoro.
Más de 270 días sin homicidios reporta la Policía Nacional Civil (PNC), durante los tres años y medio de la administración de Nayib Bukele. El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, añade que al término del año 2022, se reportarían cerca de 170 días sin homicidios. La brecha entre el año anterior responde a una contracción del 56% en el número de homicidios; y a más del 79% respecto de las del año 2019.
Sin embargo, los resultados son cuestionados por la prensa, y organizaciones sociales ante la ausencia de información estadística pública y verificable. Éste hecho se refuerza con la declaratoria de reserva de información sobre los hechos de homicidios, mientras que las estadísticas las divulga la PNC de forma oficiosa. Otras cerca de 90 muertes derivarían de confrontamientos entre pandillas y autoridades de seguridad, que fueron justificados como legítima defensa; y otras 90 presuntas muertes en centros penales se añaden en los informes, sin que la FGR encuentre responsabilidad del Estado.
Liberados
“Son 3,313 personas las que hacen sido liberadas por diferentes motivos. Uno es por el mismo control que ejerce la Fiscalía sobre la actuación policial, que hay como 450. El otro lote de mil y algo han sido en la jurisdicción de menores. Y las otras mil tantas están relacionadas a la actividad del control judicial sobre las actuaciones fiscales y policiales”, detalló Villatoro.
Pero, si bien el informe preliminar de Villatoro no está exento de impresiciones, ContraPunto ha contrastado los informes de diferentes fuentes de seguridad pública. De tal modo, se observa que la FGR llegó a reportar un balance de 1,020 personas liberadas en sus oficios, durante la presentación de resultados y requerimientos para el Presupuesto General 2023, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
2,100 personas habrían sido liberadas hasta inicios el mes de diciembre, según lo aseguró a la prensa la representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara. El dato habría derivado de los estudios técnicos analizados entre la servidora con el Gabinete de Seguridad; y, hasta ese momento, era apenas superior a las 2,000 personas liberadas hasta el mes de noviembre de 2022, según lo detalló a la prensa Gustavo Villatoro.
Detenciones
61,300 personas han sido detenidas durante el Régimen. Su estatus legal deriva de señalamientos sobre posibles implicaciones con maras y pandillas. No obstante, la cifra supone un acumulado en el número de detenciones, por lo que algunos críticos sugieren hacer la sustracción entre dicho total con el número de personas liberadas; y, para el caso, el resultado sería próximo a las 57,987 personas detenidas, e incluiría aún a las 90 personas que habrían perdido la vida en centros penales.
76,600 es el número de pandilleros activos y en libertad que las autoridades identificaban antes del 27 de marzo, tras la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Con diferencia al número de personas detenidas durante la vigencia de la política de seguridad, el número debería reducirse a las 15,300 personas. Pero, hay un problema:
El número estimado de pandilleros en libertad respondería a la condición de ser, precisamente, miembros activos de maras y pandillas. Y, por el contrario, la cifra acumulativa proporcionada por Villatoro no sólo incluye al número de personas detenidas, sino al número de colaboradores. Sobre éste último grupo demográfico, el ministro ofrece una disgregación, además, entre los que colaboraron con maras por coacción respecto de aquellos que lo hicieron para aspirar formar parte de cualquiera de las organizaciones terroristas.
-Villatoro: “Si yo estoy en la en la comunidad y conozco de infancia a alguien pandillero; y en ese momento llega la autoridad, nosotros no tenemos el punto como para decir: ¡Ah, bueno!. Solo me voy a llevar a Gustavo, al amigo no…, por lo mismo, porque ellos se metieron en las comunidades, sometieron a las comunidades. Muchos, incluso nosotros, los tenemos registrados como colaboradores de las pandillas. Pero, entonces, ahí viene el trabajo con mucha responsabilidad que se está haciendo. Y por eso es que estamos generando algunas liberaciones, porque hemos llegado a establecer en base a todo el trabajo territorial, que esa colaboración no era porque yo quería pertenecer a la pandillas. Es, simplemente, por la misma cultura de coacción y violencia que tenían; y que probablemente en el mismo lugar, y era obligado”.
Por si fuera poco, el pasado 14 de diciembre se aprobó la novena prórroga del Régimen de Excepción, en la Asamblea Legislativa. Pese a la presión interna y externa, la ley propuesta planteaba la necesidad de prorrogar la política, ante “la existencia de las condiciones que la motivan”, es decir, en aquel momento, cerca de 20 mil pandilleros en libertad. Otro de los puntos importantes fue la propuesta a la reforma al Código Penal que compartió el Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa, para penalizar a “financistas de maras y pandillas”.
Empresas grandes, mediadas y pequeñas deben presupuestar un gasto extraordinario para pagar la extorsión, requerida por maras y pandillas. Las condiciones descritas por Villatoro podrían implicar a los empresarios a la colaboración con maras o pandillas, y a la aprehensión de éstos, hasta que las autoridades determinen si éstos deberían ser liberados o no, tras reconocer que fueron víctimas de la coacción, o si pagaron la cuota requerida de forma voluntaria.
Menos Homicidios
270 días sin homicidios se estiman hasta el cierre del año fiscal 2022. El dato deriva de los 3 años y medio de la administración de Bukele. Al mismo tiempo, otros 170 días sin homicidios habrían sido reconocidos por las autoridades de Seguridad Pública, durante todo el año fiscal 2022. Éstos datos responden a los informes periódicos divulgados por la PNC, y a las recientes declaraciones dadas a la prensa por el titular de la Defensa Nacional, Merino Monroy.
Los registros oficiales, como se ha mencionado, omiten las muertes por confrontación en los operativos en donde existe el uso de la violencia legítima entre activos de seguridad frente a maras y pandillas. También se omiten aquellos homicidios perpetrados en cárceles, del total de las 90 muertes divulgadas por la FGR ante la Comisión Contra la Tortura (Cat) ante la ONU.
Es decir, existen cerca de 180 muertes que no formarían parte de las fechas en que se registró cero homicidios –ya que no todas eran homicidios, de hecho-, y que tampoco formarían parte del registro de 495 homicidios perpetrados durante el año fiscal 2022. Algunas fuentes alternativa, como los registros del periodista hispano-salvadoreño, añaden las muertes por confrontamientos; otros añaden las 90 muertes en centros penales -sin que todas sean generadas por homicidios-, con un resultado estimado entre los 585 homicidios y los 675.
495 homicidios en 2022 es una cifra inferior a los 1,147 homicidios cuantificados por las autoridades de Seguridad en 2021; suponiendo una brecha del -56.84% entre ambos períodos. De hecho, ésta realidad no sería distinta si se comparan las cifras alternativas con las oficiales respecto a los homicidios del año 2021. Pero, en la misma sucesión de la comparación con datos oficiales, es demostrable que la cifra de 2022 es inferior a la de 2019, que culminó con 2,398 homicidios, lo que supone una brecha del -79.36%.
1,341 homicidios se reportaron en 2020, un dato que circunscribe al período de las restricciones sanitarias por el Covid19, pero que fue superior en un 14.47% respecto de los homicidios de 2021. Sin embargo, la cifra de 2020 es inferior en un -44.08% a la del año 2019. Mientras que la del 2019 es inferior en un -28.33% respecto de los 3,346 homicidios de 2018.
