245 días sin homicidios. ONU pide humanizar el Régimen

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ONU pide reducir a 48 horas la detención preventiva. 58,096 personas han sido detenidas en el Régimen de Excepción, y 2,000 han sido liberadas. 45 días sin homicidios acumula el gobierno de Bukele

Por Alessia Genoves


145 días sin homicidios se cuantifican desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y la consecuente detención de 58 mil presuntos miembros de maras y pandillas. Los resultados acumula 245 días sin homicidios, durante la administración del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exige humanizar al Régimen.

90 muertes en centros penales, y la ex-carcelación de unos 2,000 internos fueron algunos motivos de preocupación para el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés). En su último informe titulado “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador” exige al Estado investigar presuntas torturas cometidas por agentes de seguridad, el desproporcionado uso de la fuerza y muertes en centros penales.

Bukele y el Gabinete de Seguridad han sostenido, en respuesta de las observaciones, que la mortalidad en los centros penitenciarios es inferior, entre otras cosas, “por las buenas prácticas sanitarias” aplicadas. El último reporte de personas ex-carceladas responde a las declaraciones del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, quién asegura que el Estado garantiza los derechos humanos a los privados de libertad.

Régimen y la ONU

Preocupación fue una palabra constante empleada por la ONU, para referirse a las observaciones que organizaciones denunciantes compartieron al CAT. Instituciones como la Fundación Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas”, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), se enumeran entre las denunciasntes, con más de 4,073 reportes de presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

21 aspectos positivos fueron enumerados y calificados pro el CAT, en el reciente informe. Ninguno de ellos está relacionado, sin embargo, a la implementación del Régimen de Excepción, ni del Plan Control Territorial, ni a los efectos señalados por el gobierno para el resguardo al derecho a la vida de la población salvadoreña, por sobre el derecho a la libertad de maras y pandillas.

De hecho, el representante de la PNC ante el CAT, David Reyes, indicó que cerca del 80% de los homicidios reportados en El Salvador eran obrados por maras y pandillas. En consecuencia, el Régimen de Excepción ha respondido con la detención de 58,096 personas, entre las que el 90% estarían vinculadas a maras y pandillas.

Son cerca de 2,000 personas liberadas” de centros penales. La declaración responde a una estimación divulgada por Gustavo Villatoro, el pasado 8 de noviembre. El CAT citó la estimación en su informe de conclusiones, y exigió, entre otras cosas, ampliar las investigaciones de las personas detenidas. Sin embargo, desde aquel momento, Villatoro negó las acusaciones sobre la infracción a los derechos humanos de los privados de libertad.

Rodolfo Delgado, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) expresó que la liberación de los reos inocentes respondía “garantiza el debido proceso de los imputados”. La declaración de Delgado responde a la liberación de 803 reos inocentes, desde el pasado mes de septiembre. En el mes posterior, las ordenes de liberación serían menores a las 1,200 personas, en coherencia con las declaraciones de Villatoro.

CAT, en consecuencia, “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por periodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”. El imperativo, según indicó, estaba influenciada con los reportes de las organizaciones citadas.

No obstante, titulares del Gabinete de Seguridad argumentaron que la ampliación en los plazos de detención incrementaban las facultades y resultados de investigación. Ésta condición se encontraría legalizada en el Régimen de Excepción, que establece los 15 días de detención; y en la interrupción de las garantías constitucionales; con precisión, en el artículo 13, inciso 3 de la Ley Superior.

Esto quiere decir que, de acuerdo con el imperativo de la ONU, sería necesario enmendar la Constitución, para reducir el plazo de 72 horas que establece, por las 48 horas, de la organización.

Las 90 muertes en Centros Penales también responden a reportes oficiales. Particularmente, el informe lo expuso la representante de la FGR, Adela Saravia ante el CAT. La ONU, en su informe de conclusiones, exige al gobierno investigar los hechos, y condenar a los responsables. Sin embargo, Saravia en su informe preliminar sostiene que las investigaciones se han hecho “sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”.

De hecho, la representante indicó que desde 2019 a 2022 se registrarían 11 investigaciones por presuntas torturas. Añade que 5 de ellas se encontrarían activas; que otras 15 se encontrarían judicializadas; y que en al menos 4 casos se encontrarían responsables ya condenados. Villatoro, por su parte, negaría en que los centros de detención se ejercerían torturas.

En su lugar, indicó que, entre las personas muertas, ”hay muchos que incluso tienen preexistencias clínicas. Incluso, cuando se hacen capturas en el área rural, muchas veces nosotros no sabemos cuántos días llevan sin comer, cuántos días llevan sintratarse. Por eso existen protocolos, donde nosotros recepcionamos. Se les pregunta algún tipo de preexistencias clínicas”.

Homicidios

245 días sin homicidios acumula la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato responde a los reportes periódicos divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC). En el mismo reporte, se hace constar una reducción de hasta el -77.6% de los 477 homicidios acontecidos en 2022, respecto a los 2,134 del año 2019.

Plan Control Territorial y Régimen de Excepción son dos políticas de seguridad que, según las autoridades del Gabinete de Seguridad, responden a los resultados de la reducción de la violencia. Éste último ha acontecido con reportes de hasta 145 días sin homicidios; es decir, el 58.9%.

Sin embargo, éstos resultados son cuestionados por organizaciones sociales, debido a la continua declaración en reserva de información sobre los operativos en la Guerra, y las cifras de homicidios. Sin embargo, la ONU reitera sus demandas a la divulgación de informes actualizados; entre tanto, las organizaciones demandantes señalan sus cuestionamientos a los resultados de seguridad, al no diponer de dicha información.

Bukele, sin embargo, reprocha los señalamientos: “Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”.

No obstante, la ONU no citó los resultados, ni calificó como positivas las políticas que propiciaron el interés superior –el derecho a la vida por sobre el de la libertad de los honicidas- a favor de la cobertura en la seguridad pública de los salvadoreños.

123 investigaciones de homicidios se acumularían desde la FGR, desde marzo al mes de septiembre de 2022. La cifra contrastaría, sin embargo, a los 474 homicidios reportados durante el año 2022, por la PNC. Los datos los divulgó Adela Saravia; quien además detalló que entre los años 2019 a marzo 2022, se investigarían cerca de 5,222 homicidios, una cifra que contrasta con los cerca de 3 mil homicidios observados por ContraPunto, hasta esa fecha.

Sin embargo, en los años 2014 al 2018, el Ministerio Público Fiscal investigarían unos 23,258 homicidios perpetrados. El período de análisis no corresponde al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino al de su predecesor, el ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, que se caracterizó por ser el más violento en la historia del país.

Otras informaciones responderían a una reducción general en la comisión de delitos de delincuencia común. De hecho, desde marzo a septiembre de 2022, se reportarían 1,224 extorsiones; y, aunque la cifra debería ser inferior en la aplicación del Régimen de Excepción, no es comparable con los 9,777 hechos de extorsión reportados entre 2019 a marzo de 2022. Aunque serían superados por los periodos de 2014 a 2018, con el registro de 14,666 extorsiones.

212 desapariciones se reportarían de abril a septiembre de 2022. Saravia destacaría que la cifra sería menor a la mitad de los 551 reportes de desapariciones de 2019 a 2022.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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