sábado, 13 abril 2024

2,100 liberados confirma PDDH en el Régimen

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2,100 liberados en Régimen de Excepción confirma PDDH. Raquel Caballero anuncia creación de Mesas de Trabajo con la PNC, MJSP y la FGR. Indica que funcionarios que vulneren derechos humanos serán procesados.

Por Alessia Genoves


2,100 personas han sido liberadas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La cifra corresponde a aquellas personas que fueron sobreseídas o puestas en libertad, tras acusaciones preliminares de pertenecer o participar con maras o pandillas, así lo confirmó la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara.

60,019 es el registro acumulativo de personas detenidas durante el Régimen de Excepción. Según lo informa la Fiscalía General de la República (FGR), cerca del 90% han recibido órdenes de prisión preventiva, tras presentar indicios de pertenecer o colaborar con maras o pandillas. Los operativos, a su vez, son relacionados con la reducción del 78% de los homicidios registrados, en comparación al 2019.

4,071 denuncias, no obstante, han sido procesadas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Caballero de Guevara indicó que realizará mesas de trabajo, en atención de las demandas generadas entre ambos organismo. Los demandantes se enumeran en organizaciones como la Fundación Cristosal, a Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS), entre otras.

2,100 liberados

Caballero de Guevara indicó a la prensa que cerca de 2,100 personas han sido liberadas, durante el Régimen de Excepción. La cifra representa el 3.49% del total de personas detenidas, que hasta el pasado 11 de diciembre eran 60,019, de acuerdo con el MJSP. El dato supera, a su vez a la última estimación de personas liberadas divulgada por el titular de Seguridad, Gustavo Villatoro, cifrada en 2,000 personas.

90% del registro total de personas detenidas, estarían siendo procesadas con órdenes de prisión administrativas. No obstante, del registro total, se cuantificarían cerca de 57,900 personas que aún estarían siendo custodiadas en bartolinas policiales, o detenidas en centros carcelarios. Esa cifra, a su vez, se acumularía a la recién divulgada por el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, que corresponde a la apertura “de procesos en contra 64,043 personas”.

No obstante, las cifras de personas liberadas preocupan a las organizaciones demandantes. De las 4,071 denuncias tramitadas ante la ONU y la CIDH, sostienen que una media aritmética del 75% equivale a la cantidad de denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias, algunas de ellas, personas que no pertenecerían a maras o pandillas. Ésta proporción equivale a unas 3,053 personas detenidas, un margen de al menos 953 detenciones más respecto de las registradas por la administración pública.

En los primeros días de mi mandato, me buscaron familias de personas detenidas, a quines les ofrecí hacer una investigación y revisar toda la documentación que he recibido. Días después, me ofrecieron documentación los familiares de victimas de las pandillas, a quienes también hemos empezado a romper el silencio porque tenían temor; y las amenazas que sentían, porque ya todas las personas que los estaban amenazando han sido capturadas, han empezado a hablar”, confirmó Caballero de Guevara.

90 persona habrían perdido la vida en centros penales. El dato lo confirmó la representante de la FGR, Adela Saravia, ante la Comisión Contra la Tortura (CAT), de la ONU, el pasado 19 de noviembre. Éste registro supera en al menos 10 personas, al de la Fundación Cristosal, en su informe divulgado el pasado mes de septiembre de 2022. Saravia, por su parte, aseguró que las investigaciones en curso, hasta esa fecha, no implicarían relación sobre el personal policial, militar o penitenciario.


“Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”, dijo Saravia.

Reparos a Derechos Humanos

Caballero de Guevara indicó a la prensa que se encuentra planificando diálogos con representantes de organismos internacionales, para aclarar las condiciones legales en las que se ven sometidas las personas que han indicado alguna presunta vulneración a sus derechos humanos, y casos de presuntas detenciones arbitrarias. La organizaciones de diálogo responden a la ONU y a la CIDH.

Con mi equipo de trabajo hemos diseñado un Plan de Verificación de las Personas Privadas de Libertad”, aseguró a la prensa. El Plan de Verificación no solamente engloba los cercos que puedan existir en el Plan Control Territorial que está impulsando el Ejecutivo, sino también en los diferentes centros penales. Me he reunido ya con el director de la Policía, con quien hemos tenido una comunicación y una reunión de trabajo importante. Vamos a instalar una mesa técnica de manejos de casos, sobretodo en los casos en flagrancia”, añadió.

CIDH y ONU demandaron, entre otras cosas, la proximidad con el gobierno de El Salvador, para discutir las denuncias que han tenido lugar en el Régimen de Excepción, y décadas anteriores. CIDH, por su parte, demandó la observación del cumplimiento de derechos humanos, así como la visita al Estado, para comprobar las presuntas vulneraciones.

Caballero de Guevara indicó que se reunirían con el señor Alberto Brunori, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACDH) con quien hemos tenido ya una reunión, y el ofrecimiento de mucho apoyo para nuestra institución para el trabajo que realizamos”. También detalló que tenía prevista una reunión con la señor Julissa Mantilla, “que es la presidenta de la CIDH”, para discutir los puntos en demanda.

ONU, por su parte, estableció un informe final ante el CAT, con el título de “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico en El Salvador”. En el documento también exige a El Salvador investigar las presuntas torturas cometidas por los agentes e seguridad, el desproporcionado uso de la fuerza, y las muertes en centros penales.

El último punto, relacionado a las 90 presuntas muertes en centros penales, sería contradicho por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. En su opinión, habrían “menos muertes en los centros penales que en los últimos 10 años”. El titular del la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza, añadió que las muertes en cárceles se habrían reducido “por la aplicación de las buenas prácticas sanitarias”.

De los casos de personas fallecidas, el fiscal general que tuve un primer acercamiento con él, y él también me ha asegurado que están revisando caso por caso. Y de los casos en que se han encontrado responsables, han sido detenidos también”, indicó a la prensa, Caballero de Guevara.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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