Por Alessia Genoves
9ª Prórroga al Régimen de Excepción se decreta en la Asamblea Legislativa. La política de seguridad pública responde a la restricción temporal de garantías constitucionales, y autoridades del Gabinete de Seguridad le atribuyen la detención de 60,019 personas, de las que el 90% recibirían órdenes de prisión preventiva tras observarse indicios de colaborar o de pertenecer con maras o pandillas.
2,100 personas han sido liberadas, tras haber sido procesadas en el Régimen. El dato ha sido confirmado a la prensa la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara. También informó a la prensa que establecería Mesas Temáticas para la resolución de controversias con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), que han recibido, en el contexto del Régimen, 4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
67 a favor, a pesar de los señalamientos, dieron lugar a la aprobación de la novena prórroga que responde a la vigencia del Decreto N.º 333. En la propuesta inicial, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro indicó que se añadirían causas de detención relacionadas con el “encubrimiento y el financiamiento ilegal de organizaciones criminales”, en la Ley Anti Extorsiones
9ª Prórroga
“Legitimidad” es uno de los criterios constitucionales que responde a la prolongación del Régimen de Excepción. Adscrita a la interpretación de la Sala de lo Constitucional, la continuidad del Régimen responde a la condición de “si trancurrido ese plazo de 30 días, continúa la circunstancias que motivó, el Régimen de Excepción, es posible aprobar, con razonabilidad, la suspensión de derechos fundamentales, mediante un nuevo decreto con una duración que no exceda esos mismos treinta días”. , según así lo reza la sentencia 21-2020AC, del año 2020.
Esta condición la reitera la CIDH, en su informe titulado “siete meses del régimen de excepción: CIDH recuerda a El Salvador sus obligaciones sobre derechos humanos”. Pero, hay que hacer notar que, además de la recepción de denuncias y de la demanda por observar las condiciones de derechos humanos, la organización expresó que “el tema de seguridad ciudadana sea una prioridad del Estado”.
67 votos parlamentarios dieron la aprobación de la pieza de correspondencia, que transcurrió con dispensa de trámite en la Plenaria N.º 86. Al trámite final le precedió la votación nominal y pública, y la discusión de la misma. Sin embargo, agrupaciones parlamentarias de oposición reiteraron su disenso, entre ellas, la del FMLN, en representación de la diputada Marleny Funes, quien reiteró que el Régimen “no es un sistema perfecto”, por la liberación de unas 2,100 personas inocentes.
Villatoro, por su parte, anunció también la modificación a la Ley Anti-Extorsiones. La propuesta implicaría un incremento en las sanciones por el “encubrimiento y el financiamiento ilegal de organizaciones criminales”. Explicó que “se les prohíbe a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes, pagar extorsión a ninguna estructura criminal o se les sancionará penalmente”
Menos Homicidios
260 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. Éste dato corresponde a declaraciones oficiales divulgadas por el MJSP, e instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). 163 días sin homicidios se cuantifican, desde la aplicación y vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas.
De acuerdo con las autoridades de justicia, la reducción de los homicidios es paralela a la de los continuos operativos que han tenido lugar durante la Guerra Contra Pandillas. El resultado paralelo es el arresto de 6,019 personas, de las que el 90% han recibido orden de prisión preventiva.
Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.
La 8ª Prórroga del Régimen, por su parte, habría acumulado la cantidad de personas detenidas anteriormente mencionadas. Al mismo tiempo, habría conseguido el decomiso de $1,4 millones de dólares, más otros 14,230 celulares y 2,448 vehículos.
Denuncias a la CIDH y a la ONU
4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos habrían recibido instituciones como la Fundación Cristosal, Fespad, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y otras. Según lo refieren, en su informe divulgado desde el pasado 21 de octubre a la prensa. De acuerdo con los registros, una media aritmética aproximada del 75% de los casos respondería a presuntas detenciones arbitrarias; es decir, cerca de 3,053 denuncias.
94,562 personas detenidas en centros penales justificarían, a su juicio, condiciones inhumanas en centros penales: “La sobrepoblación y el hacinamiento son descomunales, e implica condiciones indignas, inhumanas y degradantes para quienes están recluidas en el país”, indicó la representante de Cristosal, Zaira Navas, en la última reunión agendada con la CIDH.
90 persona habrían perdido la vida en centros penales. El dato lo confirmó la representante de la FGR, Adela Saravia, ante la Comisión Contra la Tortura (CAT), de la ONU, el pasado 19 de noviembre. Éste registro supera en al menos 10 personas, al de la Fundación Cristosal, en su informe divulgado el pasado mes de septiembre de 2022. Saravia, por su parte, aseguró que las investigaciones en curso, hasta esa fecha, no implicarían relación sobre el personal policial, militar o penitenciario.
“Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”, dijo la representante de la FGR, Adela Saravia, ante la ONU.
Caballero de Guevara indicó a la prensa que se encuentra planificando diálogos con representantes de organismos internacionales, para aclarar las condiciones legales en las que se ven sometidas las personas que han indicado alguna presunta vulneración a sus derechos humanos, y casos de presuntas detenciones arbitrarias. La organizaciones de diálogo responden a la ONU y a la CIDH.
“Con mi equipo de trabajo hemos diseñado un Plan de Verificación de las Personas Privadas de Libertad”, aseguró a la prensa. “El Plan de Verificación no solamente engloba los cercos que puedan existir en el Plan Control Territorial que está impulsando el Ejecutivo, sino también en los diferentes centros penales. Me he reunido ya con el director de la Policía, con quien hemos tenido una comunicación y una reunión de trabajo importante. Vamos a instalar una mesa técnica de manejos de casos, sobretodo en los casos en flagrancia”, añadió.
CIDH y ONU demandaron, entre otras cosas, la proximidad con el gobierno de El Salvador, para discutir las denuncias que han tenido lugar en el Régimen de Excepción, y décadas anteriores. CIDH, por su parte, demandó la observación del cumplimiento de derechos humanos, así como la visita al Estado, para comprobar las presuntas vulneraciones.
