Por Alessia Genoves
1,020 personas han sido liberadas en el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La cifra sólo corresponde a las órdenes administradas por la FGR, en antelación de los procesos judiciales que lo ejecutaron. La cifra, no obstante, es inferior a las divulgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y a la Porcuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que llega a los 2,100 personas.
FGR refiere a aquellas ordenes administradas por la institución, para suspender los juicios, en favor de los imputados, que contarían con pruebas de cargo que impliquen su participación o pertenencia a mars o pandillas. Entretanto, la PDDH y el MJSP añaden los casos precedidos por los sobreseimientos de casos o por la absolución de los imputados, que se diferenciarían con 980 imputados.
Rodolfo Delgado, el titular del Ministerio Público Fiscal, sostiene que las órdenes de libertad responden a la garantía de los derechos humanos de población inocente. No obstante, sostiene que la institución tienen un déficit operativo, que buscan solventar en la Ley del Presupuesto General de la Nación 2023, con una asignación de $14 millones de dólares más a la del presupuesto actual, totalizando $129,529,213 millones de dólares.
Liberados en Régimen
FGR rindió su informe de resultados ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Detalló el impacto de los operativos realizados por el personal de la institución, y segregó la información pertinente al período de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. En éste último punto, detalló que la institución habría atendido a unas 204,215 personas, con la imposición de 41,265 audiencias para 65,114 imputaciones judicializadas.
1,020 son las personas que recuperaron su libertad durante el Régimen, tras ser detenidas bajo la presunción del delito de agrupaciones ilícitas, con afiliación o participación a maras o pandillas. El dato, desde luego, no equivale al número total de liberados, ya que MJSP y declaran un total de personas liberadas, por sobreseimientos, de hasta 2,100.
54,314 personas, por otra parte, es es la cifra que corresponde a los imputados requeridos. Como se sabe, también constituye un margen de más de 5,800 respecto de las 60,019 personas detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), todas bajo la presunción del delito de agrupaciones ilícitas, con afiliación a maras o pandillas.
Por otra parte, la PNC sostendría un recuento de cerca de 260 días sin homicidios, durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Mientras que durante el Régimen de Excepción, se superan los 165 días sin homicidios. Al mismo tiempo, con la aplicación de políticas de seguridad como el Plan Control Territorial, se observaría una reducción del 78% de los homicidios en 2022, respecto a los del año 2019.
Resultados y gastos
$51,475,617 dólares reintegraron los operativos de seguridad pública, éste 2022. El presupuesto engloba tanto las cantidades dinerarias sustraídas de la labor ajena y pertinente al régimen; de modo que es comparable hasta el doble de la recuperación judicial y administrativa obtenida en 2019 ($11,02 millones) y 2021 ($12,23 millones); con un margen de gasto en $11,7 millones en sentencias condenatorias y en $2,9 millones en sentencias absolutas.
FGR, no obstante, detalla que el gasto por la defensa en los intereses del Estado es inferior en 2022. Esto es así, porque los $2,943,034 dólares facturados hasta el 30 de noviembre de 2022 se diferencian de los $3,557,050 dólares de 2021; y de los $3,361,840 dólares de 2019. También informa que existe un déficit operativo de $7 millones de dólares; y otro de $5 millones de dólares para el pago de litigios; por lo que establecen una demanda adicional de recursos por $14,562,660 dólares.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal también detalla que ha efectuado un gasto de $4,901,900 dólares en litigios, durante los años 2021 y 2022. De modo que sólo en la última denuncia de Nueva York, efectuó un gasto de $419,500 dólares; en la Entidad del Milenio, a raíz de una demanda, un gasto de $841,400 dólares y en el banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, dos gastos que totalizan los $3,700,000 dólares.
Demanda de presupuesto
$129,529,213 dólares es el presupuesto que la FGR demanda a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. La propuesta ha sido recibida con un dictamen favorable, por decisión unánime de todos los miembros de la misma. El monto, por tanto, supera los $122,317,751 dólares pre-establecidos para la Ley de Presupuesto presentada en la Asamblea Legislativa.
$7,211,462 dólares es el saldo de la inversión que se solicita incorporar, específicamente en el presupuesto del funcionamiento. En suma del presupuesto de la inversión pública, que es de $44,316,140 dólares, se totaliza en monto requerido. Mientras que la ejecución para el año 2023 exige un refuerzo de $7,874,577 dólares para el déficit operativo; y para el pago de litigios, unos $5,400,000 dólares.
FGR indica que se dejarán de financiar proyectos establecidos por $28,810,369 dólares; 3,944,144 dólares de los cuales corresponderían al “Sistema de atención integral para víctimas de delitos por violencia de género, con énfasis en niñez y adolescencia” y otros $921,777 dólares de la “Descentralización de Análisis de Investigación e Información (CATI)”. También dejaría de invertir en activos fijos, del gasto establecido en $8,630,886 dólares.
