Por Alessia Genoves
“Reelección” es la propuesta que demanda el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar. La solicitud ha sido tramitada ésta mañana en la Asamblea Legislativa, para concursar a un nuevo período, a expectativas de ejercer un nuevo período durante los próximos tres años, como Defensor del Pueblo. Reiteró, al mismo tiempo, que el ejercicio de su trabajo “no responde a agendas de ningún sector”, pese a que su cargo ha sido señalado como “inconstitucional”.
4,640 denuncias sobre posibles afecciones a derechos humanos, por otra parte, acompañaron al procurador, en la rendición del último informe del Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción. Los registros datarían desde el “25 de junio al 24 de julio”, Sin embargo, el procurador informó que “al día de hoy no tenemos un expediente que haya concluido, para determinar si hubo o no hubo detenciones arbitrarias”.
50 mil detenciones a personas, acusadas de pertenecer a maras o pandillas, es la cantidad aproximada que la Policía Nacional Civil (PNC) reporta, desde la declaración de Guerra Contra Pandilla, y desde la ratificación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La medida de seguridad se suma al Plan Control Territorial (PCT), y busca la contención de la delincuencia y homicidios, con el arresto de unos 70 mil activos de maras y pandillas. Hasta la fecha, la Corporación Policial cuantifica unos 176 días sin homicidios; y una reducción del 75% en la comisión de delitos de homicidios respecto de la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén.
Reelección
“Defensor del Pueblo” es epítome al que es referido el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos, un título que en El Salvador preside a la PDDH desde 1992. Apolonio Tobar Serrano ha sido electo para el ejercicio de dichas funciones administrativas, desde el mes de octubre del año 2019. En última instancia, aseguró que en el transcurso de ese período creyó haber legado “un trabajo digno” y haber “dignificado a la institución a nivel internacional”.
“Excepcional” fue el calificativo con el que se definió al trabajo realizado en los tres años transcurridos en la institución. Tobar lo justificaría con las acciones implementadas durante los contextos de “la pandemia; el conflicto de la Asamblea y el Ejecutivo; y el Régimen de Excepción”; así como aquellos en los que “las instituciones que generan poder a un solo partido político en la Asamblea y en el Ejecutivo”, que para él “no se habían vivido en 1992”.
56 votos dieron validez a su elección, como procurador en la Sesión Plenaria del pasado 16 de octubre de 2019. Sin embargo, para varios de los diputados que votaron en contra o que omitieron su participación, su elección fue era definida como “inconstitucional”, así como lo expresaron los entonces diputados Josué Godoy y Bonner Jiménez. “Apolonio Tobar es inconstitucional”, sumó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele a los señalamientos, “aunque no lo declare la Sala de lo Constitucional”, reiteró.
“Conflictos de intereses” e implicaciones con el supuesto financiamiento del partido FMLN justificarían los señalamientos que asocian en su contra. Sin embargo,Tobar Serrano ha negado las acusaciones. Reafirmó, por el contrario, la validez de su cargo, requiriendo otra solicitud, para concursar nuevamente al cargo que preside, por segunda ocasión. Aseguró que su trabajo no respondería a agendas partidarias ni sectoriales: “he actuado conforme al mandato constitucional, conforme a mis valores, a los principios; a lo que he conocido sobre derechos humanos”.
“La PDDH la habían convertido en una instancia casi de oposición. Y ahora que le estamos dando un giro de independencia total”, aseguró Tobar a la prensa. “Creo que he hecho un trabajo digno; creo que he hecho un trabajo bueno. He dignificado a la institución, a nivel internacional. He posicionado a la institución a nivel internacional. Gozamos del respaldo internacional; y ese respaldo internacional que he logrado posicionar, en éstos tres años difíciles e inéditos, nunca ningún procurador ni ninguna procuradora había tenido”, añadió en una entrevista radial exclusiva a la emisora Sonora FM, 104.5, al referirse a la coyuntura política, social y sanitaria que acontece a la presidencia de Bukele.
Propuesta
“Restaurar la PDDH” es la promesa de Tobar Serrano, de cara a una próxima elección. Según lo informó a la 104.5 FM, su administración ha “diseñado un sistema distinto”, para la gestión de la administración de la Procuraduría. Detalló a la prensa, en las horas posteriores, que el sistema en cuestión se va a “echar a andar a partir del 16 de octubre de éste año”.
Tobar Serrano aseguró que el nuevo sistema “le permitirá a la población contar con una respuesta oportuna”, ya que se generaría “el trabajo por áreas temáticas, en las que cada procurador adjunto específico, cada procurador adjunto brinde respuesta pronta a las peticiones”; y que los mismos tendrían la “responsabilidad de sellar la propuesta que den, para que asuman el compromiso a la población”.
“Independencia total”, es la consigna con la que define la propuesta de renovación, en desapego con las “agendas partidarias” que llevaban a la institución a la práctica. Ésta, no obstante, reafirmaría el orden normativo prescrito en el artículo 194 de la Constitución de la República, respecto a las “funciones” delegadas. En su opinión, una renovación a la institución sería necesaria, ya que,entre otras cosas, “la PDDH la habían convertido en una instancia casi de oposición”, por lo que sería necesario enfocarla al “mandato constitucional”.
Régimen
4,640 denuncias a presuntas vulneraciones a derechos humanos se acumularían en el último informe del Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción. Es decir, los últimos datos responden a los períodos comprendidos entre el 25 de junio al 24 de julio, en respuesta de la cuarta prórroga del Decreto Ejecutivo N.º 333, del Régimen de Excepción. En ese orden, según indicó Tobar Serrano, la institución habría cuantificado unas “461 denuncias de diferentes afectaciones a derechos humanos”
351 denuncias sobre presuntas vulneraciones a la “libertad personal”, formarían parte del reporte. De acuerdo con el procurador, los datos “hacen sentido, tomando en cuenta el Régimen de Excepción”. Otros 224 casos responderían a presuntos hechos de “detención ilegal o arbitraria”; así como otras 45 presuntas “restricciones arbitrarias que no están contempladas en la ley”, es decir al Decreto N.º 333.
45 denuncias responderían, además, a la presunta vulneración al “derecho de las personas privadas de libertad a permanecer en prisión en un plazo mayor a lo establecido”. En suma, otras 18 denuncias responderían a la presunta vulneración a la “libertad de expresión”; así como a un igual número de denuncias sobre la “denegación arbitraria al acceso a la información personal”.
8 denuncias por la presunta vulneración al “derecho a la seguridad personal” se acumularían a los expedientes, en suma de otro igual número de denuncias al “derecho a la salud” de las personas privadas de libertad. Al mismo tiempo, la institución reportaría otros 7 casos, en denuncias, sobre supuestos “malos tratos”; más otras 4 denuncias sobre supuestas “omisiones” al deber administrativo.
Las denuncias sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos permanecen registradas, en los informes de la PDDH, como hechos que la institución “debe investigar, para determinar si hubo o no hubo la captura arbitraria”, y otras infracciones, según declaró Toabar. Sin embargo, declaró que, hasta la fecha, “no podemos acreditar si lo que aparece ahí es cierto o es falso”.
Para agilizar el proceso, “instruimos que, para que no se generara una gran cantidad de expedientes, se aperturara un expediente en cada uno de los meses”, indicó Tobar. “Y que cada uno vaya acumulando diferentes denuncias, para conocer éstas dinámicas”, añadió. De tal modo que, duerante los 4 meses del Régimen la PDDH elaboraría unos 132 expedientes, con al menos unos 28 casos totales “vinculados al derecho a la vida”.