El gobierno de Uruguay dispuso esta semana entregar certificados de subsidios de alquiler a 13 familias migrantes, como un primer paso para extender ese beneficio, en principio, a un total de 260 familias.
La medida será por dos años y apunta a facilitar el acceso ala vivienda de quienes llegan de otro país y muchas veces encuentran dificultades para poder afincarse adecuadamente.
Además se anunció la apertura de un centro de referencia para población migrante antes de fin de año, a los efectos de concentrar en un solo lugar las oficinas que faciliten la obtención de toda la documentación, y no como ahora, que los extranjeros deben recorrer muchas oficinas hasta completar todo el trámite de radicación.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Raúl Lozano, recordó que la migración en Uruguay es histórica, ya que la mayoría de los uruguayos son descendientes de inmigrantes, llegados desde Europa, África, Asia y otros países de América Latina.
“Por lo tanto existe una gran identificación y empatía con esta población. Uruguay es un país de oportunidades donde queremos que todos se sientan parte”, agregó el ministro uruguayo.
El subsidio para el alquiler de una vivienda abarca en principio a aquellas familias de inmigrantes que estén insertas en el mercado laboral y que aún no cuenten con las condiciones necesarias para acceder a una vivienda.
“Detrás de cada migración hay muchas historias, circunstancias de vida y trayectorias que llevan a tomar la decisión de instalarse en un nuevo país, que algunas veces es por elección, pero en la mayoría de los casos, por necesidad”, declaró el ministro de Desarrollo, Martín Lema.
Agregó que “cada historia de vida representa un factor de enseñanza muy importante, un aprendizaje conjunto y un crecimiento colectivo de toda la sociedad uruguaya”.
La ola de inmigrantes se acrecentó en Uruguay, en los últimos años, con el arribo al país de ciudadanos de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Argentina y Brasil. Desde el año 2022 se estableció en Montevideo una dependencia de ACNUR, la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados.
A junio de este año 2023, Uruguay acogía a 51,503 personas forzadas a huir y apátridas, según los datos oficiales.
