El Salvador se prepara a celebrar el 40 aniversario del asesinato de monseñor Romero con una nueva ley de amnistía. Sí, decimos bien, celebrar. Lo correcto sería decir “conmemorar”, pero la ley aprobada recién por el concurso unánime de Arena, PDC y PCN, ante el silencio (irresponsable, monstruoso) del FMLN, busca por todos los medios posibles aniquilar la memoria, evitando así cualquier posibilidad de con-memorar: construir juntos una memoria común sobre nuestro pasado reciente, que nos dé pistas para entender el presente vertiginoso en que vivimos, que parece desbocarse en una sola dirección: la repetición de toda la violencia que ya sufrimos.
Con impunidad no hay justicia, y sin justicia (sin ley, sin derecho) solo hay violencia. Exactamente la misma violencia y la misma impunidad que hace 40 años atrás llevaron a Romero a decir que la justicia es una víbora que solo muerde a los descalzos, y que la violencia es “producto de una situación de injusticia en la que la mayoría de los hombres, mujeres, y, sobre todo, niños, en nuestro país, se ven privados de lo necesario para vivir”, como denunciará en su tercera carta pastoral. Para Romero, la violencia es estructural, institucionalizada, y hoy, con esta nueva ley, legítima. Hoy los victimarios (pasados, presentes y futuros) duermen más tranquilos, y las víctimas (pasadas, presentes y futuras) saben mejor que nunca que en este país ni para los muertos hay paz, porque la paz solo puede ser obra de la justicia.
Cuatro décadas después del inicio de la guerra civil, cuando la mirada de la comunidad internacional está sobre El Salvador por el reciente y fallido intento de autogolpe del presidente Bukele, y ante la víspera de un nuevo aniversario del martirio de san Romero, las mismas víctimas que monseñor defendió se encuentran ante una nueva amnistía que se asegura de negarles el acceso a la justicia, que reduce hasta prácticamente anular las penas a los victimarios, y que nos promete a todos nosotros, la sociedad en su conjunto, que no habrá ninguna garantía de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Justo ahora que las Fuerzas Armadas se pasean a sus anchas por las mismas calles por las que nuestras hijas van a la escuela.
Si el 9F nos volvió a recordar con toda crudeza la fragilidad de la democracia que tenemos, los diputados agravaron más la crisis, mostrando nuevamente su incapacidad para entender el momento histórico y dando nuevamente estatuto de ley a la madre de todas las violencias: la impunidad. ¿Qué democracia puede sobrevivir prohibiendo hacer justicia? ¿Qué democracia puede sobrevivir haciendo leyes a favor de los sectores no democráticos? Sin juicio, sin castigo, sin culpables, ¿dónde quedan las víctimas? Y los cristianos muy bien sabemos que sin víctimas, sin clamor por la justicia, no hay ninguna posibilidad de salvación.
En este momento de agonía democrática, es nuestra obligación, como Iglesia del pueblo otra vez crucificado, con-memorar: rechazar la promoción del olvido negacionista, abrazar el pedido de justicia y reparación de las víctimas, recordar a nuestros mártires y trabajar por la conversión —transformación amorosa y radical— de todas las estructuras y relaciones que amenazan la vida y nos niegan el don que el mismo Jesús vino a traernos: la paz. Una paz que estamos llamados a hacer realidad entre nosotros por el único camino posible: con verdad y con justicia.
(*) Paula Orsini, docente de la Maestría en Teología Latinoamericana.
Publicado originalmente en: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/una-nueva-ley-de-amnistia
