Se nos ha hecho habitual tomarnos el tiempo de ver la realidad de países, que viven una situación catastrófica gracias a decisiones Gubernamentales hacía sus ciudadanos. Especialmente de Venezuela, pero ¿por qué no mirar a su vecino Colombia, respecto a las autodefensas? Un fugaz fragmento acá de lo vivido en aquel país:
Septiembre de 1994, en la Presidencia de Ernesto Samper se autorizó la creación de las “Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural” mejor conocidas como las “CONVIVIR”. Su propósito fue, “… con el objeto de proveer vigilancia y seguridad a sus cooperadores o miembros dentro del aérea donde tiene asiento la respectiva comunidad.” (fracción literal del Art. 42 del Decreto Ley 356 de 1994). Su finalidad fue el resguardo del campo, combatir secuestros, e incluir la participación de la ciudadanía en labores donde la seguridad pública era efímera.
Sólo en el año que se autorizan, brotan 414 en diferentes localidades de Colombia (no existe un número total oficial de las “asociaciones”). Su labor finalizó gradualmente a partir de 1997 en respuesta a una demanda de Inconstitucionalidad contra el Decreto antes mencionado. La Corte Constitucional determinó, la existencia legal de éstas, pero manifestó que, si bien la existencia principal era la defensa y protección civil, el uso armado tenía que ser el contemplado en la ley, y reiteró que las armas de uso restringido no eran de su competencia, además de incluir otras restricciones, que más tarde traería como resultado el desarme de ellas. Sus miembros gracias a la falta de oportunidades en la sociedad y con su experiencia retoman a sus andanzas, pero con otro carácter y función.
Al fenecer el siglo XX, surgen las “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), como contragolpe a los grupos guerrilleros y ciudadanos afines a la izquierda. Y es en este escenario donde algunos antiguos miembros de las “CONVIVIR” con sus destrezas en el campo, y con armas de combate; se agrupan y engendran las autodefensas. Éstas fueron las responsables de secuestros, masacres, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Estos fueron financiados por terratenientes, ganaderos, y narcotraficantes.
Posteriormente un proceso de desarme en 2006, suceso criticado por grupos pro DDHH y la misma ONU, por no asegurar que los involucrados garantizaran la desarticulación de sus núcleos criminales. Explota una fragmentación y emergen grupos privados de sicarios, entre ellos: “Los Paisas”, “Los Rastrojos”, “ERPAC”, el “Clan Úsuga” (Clan del Golfo), las “BACRIM”, y la “Oficina de Envigado”. Los mencionados, serían parte del espectro criminal de Colombia, los cuales algunos de ellos siguen activos, y otros ya fueron “desarticulados”.
Observemos, de la legalidad, al componente deliberante, esto los hace no controlables por el Estado.
La situación de delincuencia en El Salvador llegó a la necesidad que un sector de la sociedad se organizara con armas para resguardar sus bienes y principalmente sus vidas, con la documentación del uso de armas que competen al uso civil correspondiente, según ellos. Lo más preocupante de esta situación es el hecho que un funcionario de uno de los Órganos del Estado, el Presidente de la Asamblea Legislativa en una conferencia dada semanas atrás, manifestó, “Yo apoyo y respaldo a las defensas comunales, en las cuales la ciudadanía toma la decisión de defenderse”. El derecho de portar armas es legítimo, pero la organización de comunidades armadas para realizar labores que
le corresponden a los cuerpos de seguridad, eso es altamente vulnerable. Las atribuciones proporcionadas a la PNC están establecidas en nuestra Constitución.
Y la cereza del pastel, el mismo funcionario manifestó haber financiado la compra de algunas de las armas de una de las comunidades que está empleando el uso de la autodefensa. Cualquier tipo de financiación a grupos que por el momento son ilegales es una irresponsabilidad. Demuestra que su banquillo en el Congreso no lo desempeña con el objetivo de legislar, que es a lo que se debe. A proponer políticas públicas en favor de los ciudadanos y resguardo de estos especialmente en temas de seguridad pública. Denota incapacidad como político, en la propuesta de estrategias en prevención de la violencia, que son el fruto de la falta de oportunidades en el país. Usted es el magnífico ejemplo de demagogia, ya que se vale de la rabia social que está presente contra los grupos antisociales, y de este modo obtener réditos electorales.
Asimismo, este contexto indicaría que el Estado no cumple sus funciones de resguardar las vidas de sus ciudadanos, y si bien éste no renunciaría en la obligación de la seguridad pública, otorga a un reducido grupo de individuos sin el respectivo conocimiento de DDHH y uso apropiado de armas, la tarea que le corresponde a la institución delegada a ejercer. Los abusos en operativos policiales e inocentes fallecidos en enfriamientos entre las fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes, son la muestra que, llevar a la legitimidad grupos armados de autodefensa, resultaría una situación catastrófica.
Estaríamos a la bienvenida de un Estado fallido, ya que si la entidad reguladora y autorizada del uso legítimo de la violencia, teniéndolo comete graves errores, y al darse el caso de conceder sus funciones a entes externos, no tendría la capacidad de regularlos de manera eficiente. Los factores de vulneración institucional serían altos, y en lugar de trabajar en descender los índices de homicidios, aumentarían sustancialmente por la disputa de interés que tendrían estos dos sujetos involucrados “contra la violencia”.
Hay comparaciones que deben ser necesarias, para no cometer los mismos errores, cuando en El Salvador se tiene el lastre de una triste historia de dar legitimidad a grupos apéndice o externos a las fuerzas de seguridad pública, donde lo único que lleva es a detonar más violencia.
