El sábado pasado se registraron tiroteos simultáneos en cuatro cárceles de Honduras, en las que miembros de dos pandillas rivales se enfrentaron entre sí. Como resultado, un preso murió y otros siete resultaron heridos. Los enfrentamientos ocurrieron en las prisiones de Támara, El Porvenir, Santa Bárbara y Morocelí. Según informó una fuente penitenciaria, una de las organizaciones criminales habría recibido instrucciones de un grupo externo para tratar de desestabilizar la seguridad del país.
Ante esta situación, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el domingo una intervención “dura” de los centros penales del país. Aseguró que la “intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo”. La presidenta prometió poner “mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”.
Las autoridades penitenciarias confirmaron que los enfrentamientos se dieron entre reclusos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, aseguró que los guardias de las prisiones, en conjunto con varias unidades de la policía, lograron restablecer el orden en los cuatro centros penitenciarios en los que se habían registrado amotinamientos.
Aunque las autoridades no confirmaron si los reclusos tenían armas de fuego, algunos medios locales aseguraron haber escuchado muchos disparos en el interior de las cárceles. Los reclusos heridos fueron trasladados a diversos hospitales.
La intervención en los centros penales se da en un contexto de disminución de homicidios y corrupción en Honduras, según informó la presidenta. Sin embargo, afirmó que su objetivo es transformar las cárceles en lugares de rehabilitación y no en escuelas de crimen y tortura.
En febrero de 2012, un incendio en una prisión de Honduras provocó la muerte de más de 350 reos y una mujer. La cárcel estaba ubicada en la ciudad de Comayagua, a unos 75 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa. La fiscalía general del país confirmó el número de fallecidos y señaló que muchos de los prisioneros alojados cumplían penas relacionadas con el crimen organizado. Además, se señala que la prisión estaba sobrepoblada, con más de 800 prisioneros, lo que representa casi el doble de su capacidad.
En ese entonces, la gobernadora de la provincia de Comayagua, Paola Castro, indicó que el fuego habría iniciado con el incendio de una colchoneta por parte de un reo. El incendio comenzó en la noche del martes y se extendió hasta la madrugada del miércoles, dejando una gran cantidad de víctimas mortales.
