Esa tarde, ya casi para que se pose la noche sobre todo El Salvador, un hombre toma a su pequeño hijo de la mano y junto se dirigen calle abajo, a realizar un mandado de última hora.
Ambos caminan tranquilos, hasta que a mitad del trayecto los deja paralizados una voz grave, masculina, que surge de la radio encendida en alguna casa de los alrededores. La luz eléctrica fluctúa en los bombillos de aquel pasaje de una colonia en Santa Tecla. Esa luz inestable no es algo raro en aquel país sumido en frecuentes balaceras y estallidos de bombas. Sin embargo, ambos saben que es riesgoso quedarse fuera de casa durante un apagón.
La voz que resuena en el ambiente es grave, clara y contundente. El silencio de todo lo demás la rodea. Lo único que se escucha es la voz que lee un comunicado de prensa: el presidente de la república, general Carlos Humberto Romero, un militar de 56 años de edad, ha sido derrocado y se ha marchado aquella misma tarde hacia el exilio, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Guatemala, tras haber detentado el poder durante 27 meses y 15 días.
Aquello resulta extraño. Durante todo aquel día no se ha escuchado un solo tiro por ningún rumbo de la cada vez más creciente ciudad capital y sus alrededores. En la historia nacional, los golpes de estado han estado siempre plenos de violencia, disparos y mortandad. Pero aquella vez no hay nada de eso, salvo algunos movimientos de tropas en las calles y en los cuarteles.
El hombre vuelve su rostro hacia su hijo y lo hala hacia la misma dirección de donde venían. El mandado puede esperar para otro día. Es más urgente buscar el hogar y la familia. Con la huida de los últimos rayos del sol se asoman tiempos de incertidumbre. Ese tarde del 15 de octubre de 1979, El Salvador comenzaba su entrada en uno de los capítulos más cruentos y turbulentos de toda su historia.
Foto: Al ascenso del Gral Carlos Humberto Romero en cuestionadas elecciones
En el país del Golpe
Para 1979, la población salvadoreña era de 4,6 millones de habitantes, de los cuales había ya varios miles que integraban al ejército, a los cuerpos de seguridad, a los grupos paramilitares del estado o a las nacientes y aún bastante desorganizadas, células guerrilleras, sindicatos y frentes de masas.
La fe en que una acelerada reforma agraria contrarreste los brotes subversivos rurales se ha perdido hace varios meses, pues los tambores y clarines de un enfrentamiento social de mayor envergadura resuenan ya, algunos de ellos manifiestos en el asesinato del ministro de Educación y exalcalde capitalino Dr. Carlos Antonio Herrera Rebollo y en el incendio de seis alcaldías de distintos departamentos.
El gobierno del general Romero tiene muchas cosas entre manos, tanto desde su quehacer interno como en su presencia internacional, donde es acusado de ser violador sistemático de los derechos humanos, en especial de los opositores encarcelados.
También debe investigar la ejecución del profesor José Javier Romero, hermano del propio Presidente de la República, acaecida como respuesta ante la oferta de apertura democrática formulada por el tambaleante mandatario, cuya gestión ha puesto en entredicho el propio gobernante estadounidense, el demócrata Jimmy Carter.
El Salvador vive a diario la represión militar, los cateos, la visión de grupos crecientes de personas muertas, heridas y desaparecidas, templos tomados, inseguridad empresarial, bombas… En una frase, violencia en espiral. Lejos y cerca, entre las sombras de una larga noche, signos palpables anuncian ya amaneceres de lágrimas para una patria convulsa y confundida entre los hervores de su propia sangre.
Aquella creciente agitación social estaba encaminada a la construcción del camino que llevara al país hacia un estado socialista. Las causas originarias fueron la injusta distribución de la tierra, la pobreza extrema del grueso de la población y las violaciones progresivas de los derechos humanos de personas implicadas o no con los fenómenos de los grupos de guerrilla en formación.
La oposición se quejaba, de manera reiterada, porque su voz no se oía y sostenía que las elecciones eran siempre manipuladas y viciadas.
La izquierda y los partidos políticos de oposición al gobernante Partido de Conciliación Nacional (PCN), que desde 1962 hasta 1977 había dado cuatro gobernantes militares, consideraban que no tenían ninguna posibilidad real de acceder al poder y que eran víctimas de la represión ejercida por la hegemonía militar, la que suponían aliada estrecha de los altos sectores empresariales. De allí el argumento máximo para desatar la guerra contra la institucionalidad, la que pronto9 contaría con el millonario apoyo de diversos cooperantes internacionales.
Foto: Primera Junta Revolucionaria de Gobierno
Los opositores al régimen también alegaban que debían decretarse profundas reformas económicas, con el fin de lograr una equitativa distribución de la riqueza.
El gobierno y asociaciones afines insistían en que había un plan para desestabilizar al régimen del general Romero y del Dr. Astacio, una asonada que se presumía estaba dirigida desde la clandestinidad por los integrantes del Partido Comunista de El Salvador y sus grupos políticos y armados allegados. Alegaban que, dentro de las normas legales, el gobierno no prohibía ningún proselitismo político, que no era verdad que las elecciones fueran una farsa y que lo que sucedía era que la izquierda quería acceder al poder, a su manera, para imponer una dictadura colectivista, en donde jamás había elecciones verdaderamente libres y ni tan siquiera se permitía la más mínima crítica al régimen de turno.
En su defensa, el gobierno también aducía que, aunque el país no era un modelo de prosperidad para todos los salvadoreños, se trabajaba para mejorar el nivel económico de las clases de más bajos ingresos y que en El Salvador los productores pagaban, de manera comparativa, más impuestos a las rentas nacionales que en la mayoría de América Latina.
La influyente Iglesia Católica, que de forma tradicional era una institución pastoral y dedicada a cuidar la fe, sin actividad política, tomó un rumbo distinto a favor de las mayorías pobres desde el Concilio Vaticano II en 1965 y la reunión en 1968 de los obispos latinoamericanos en la colombiana Medellín, seguida luego por la de la mexicana Puebla. La Teología de la Liberación daba pasos agigantados, porque el dios del Cristo Liberador caminaba entre su pueblo.
Fue en esas reuniones donde se adoptó una dirección católica conocida como la opción preferencial por los pobres, que de hecho involucró a los sacerdotes y agentes de catecismo en los conflictos políticos de un gran numero de países. Esto dio origen en El Salvador a la organización de las “comunidades eclesiales de base”, que muy pronto se aliaron con las nacientes organizaciones izquierdistas, lo que produjo a su vez una división entre la grey católica, en cuanto a los que apoyaban o no a aquel creciente movimiento social insurrecto.
Derechos Humanos en juego
La situación político-social de El Salvador previa al Golpe de Estado era extremadamente difícil. El gobierno del general Romero, en el poder desde el primer día de julio de 1977, hizo intentos por tender puentes a la oposición y convocó a un Foro Nacional, pero los grupos de izquierdas no aceptaron la invitación y el cónclave fue un completo fracaso. Las huelgas y las manifestaciones se daban casi a diario y las fuerzas del orden público, en muchas ocasiones, los reprimían con dureza excesiva, bajo el falaz argumento de que sólo respondían a provocaciones.
El entonces presidente estadounidense Jimmy Carter había hecho de su política de fomento de los derechos humanos la base de sus relaciones con el Tercer Mundo. El Salvador era abofeteado continuamente en el exterior, presentándolo como un país con serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Tan graves eran los hechos cometidos y sus consecuencias, que ya Carter había mandado emisarios para tratar el asunto con el propio general Romero, quien ordenó levantar el estado de sitio vigente y restableció plenamente las libertades ciudadanas a principios de 1979. Con ello, la izquierda salvadoreña se sintió apoyada y protegida bajo la supuesta “férula intervencionista” del gobierno demócrata que presidía a los Estados Unidos.
Foto: Mons. Óscar Romero, Arzobispo de San Salvador
Siguió entonces una etapa de violencia en que las fuerzas opositoras se tomaban edificios públicos con rehenes, las huelgas arreciaban, así como las multitudinarias manifestaciones. De entonces datan sonados asesinatos y secuestros notables que culminaron en sangre. El terrible flagelo del secuestro era también pan de cada día. Se capturaba y encerraba en casas de seguridad a prominentes hombres de negocios extranjeros y diplomáticos, además de los nacionales, para pedir rescates, financiar su causa revolucionaria y ocupar la cobertura noticiosa que esos secuestros desataban en el mundo. Fuera del territorio nacional, también la banda independentista vasca ETA realizó un sonado secuestro de un diplomático salvadoreño en Bilbao.
Al reprimir esas expresiones de violencia, la Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y grupos paramilitares solían emplear métodos crueles y despiadados, cuyos regueros de cadáveres la televisión y las comunicaciones radiales y fotográficas llevaban pronto al exterior. Los europeos y los norteamericanos se conmovían ante los trágicos sucesos que se daban en este país centroamericano que, hasta poco tiempo atrás, era casi desconocido para ellos, salvo por huracanes, terremotos u otros impactos de la naturaleza.
La polarización se ahondaba cada día. Cuando el 19 de julio de 1979 cae el dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle y se entroniza en Managua el poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se pensó, y con amplia razón, que la presidencia del general Romero muy pronto tocaría a su fin.
Los golpistas y sus acciones
Aquel 15 de octubre de 1979, una facción de la Fuerza Armada salvadoreña, que desde días atrás se reunía en el campus de la UCA con lo que consideraban fuerzas de la izquierda moderada, logró el apoyo de ocho importantes cuarteles y destacamentos militares y derrocaron al último gobernante militar salvadoreño, el general Carlos Humberto Romero, y a su vicepresidente, el doctor Julio Ernesto Astacio.
El complot ya había sido descubierto por las autoridades desde el día 12, por lo que algunos de los jóvenes militares implicados habían sido detenidos y hasta se había ordenado que las piezas letales de los aviones de la Fuerza Aérea fueran desmanteladas y llevadas hasta la Policía de Hacienda. Sin embargo, ya nada podía detener aquel secreto a voces, aquel movimiento de militares en que todos y ninguno estaban comprometidos. Hasta las esposas de los involucrados les decían que para cuándo pensaban dar aquel “golpe de machos”, donde ninguna fémina fue invitada a participar de manera directa.
Los cabecillas del golpe eran el coronel e ingeniero Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño (Sonsonate, 5 de abril de 1936) y el coronel DEM Adolfo Arnoldo Majano Ramos (Intipucá, La Unión, 21 de abril de 1938).
Según declaraciones posteriores del derrocado gobernante, el principal gestor de su caída fue el presidente Carter, que siempre desestimó las pruebas de la conspiración que se fraguaba en su contra. Pese a ello, analistas y tratadistas nunca se han puesto de acuerdo en el verdadero papel que jugaron el gobierno norteamericano y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) en este hecho que marcó, para siempre, a la segunda mitad del siglo XX salvadoreño.
Tras la victoria de los coroneles salvadoreños sin producir ningún derramamiento de sangre, vino la instauración del Estado de Sitio y de la Ley Marcial, de 10 de la noche a 5 de la mañana, vigente durante ocho días. Como consecuencia en la vida cotidiana, las entregas de la leche, el pan y los diarios matutinos sufrieron graves retrasos. A ello se unió la infaltable cadena nacional de radio y televisión, ordenada por los ministerios del Interior y Defensa.
El grupo de golpistas, integrado en su mayoría por militares jóvenes o de reciente ascenso, adoptó como suya una extensa Proclama que les proporcionó la izquierda nacional, en parte redactada por intelectuales de la UCA, como los doctores Román Mayorga Quiroz e Ignacio Ellacuría, S. J. En ese documento se justificaba el derrocamiento del general Romero por haber “violado los derechos humanos del conglomerado” y “fomentado y tolerado la corrupción”, así como el haber “creado un verdadero desastre económico y social” y “desprestigiado profundamente al país y a la noble institución armada”.
La Proclama también mencionaba que el nuevo gobierno velaría por el fiel cumplimiento del respeto a los derechos humanos, la más absoluta libertad de expresión, que se crearían las bases para iniciar un proceso de reforma agraria y que se buscaría una más justa distribución de la riqueza nacional y la propiedad privada quedaba garantizada en función social.
“Esperamos la cooperación del pueblo. Este es un cambio de gobierno institucional”, dijeron los militares golpistas en su primera reunión informativo con las decenas de periodistas, nacionales y extranjeros, interesados en conocer de la nueva situación implantada. “Somos un gobierno nuevo. No tenemos nada que ver con el pasado”, acotaron.
Mediante el decreto no. 3 de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, se concedió también una amnistía general a los acusados por subversión que se encontraban recluidos en Mariona y otros penales y cárceles. Además, se autorizó el retorno de exiliados y los nuevos mandatarios procedieron a alentar la formación de sindicatos en empresas y dentro de las instituciones del gobierno.
“Somos nosotros los responsables de hacer un buen futuro para El Salvador. Los invito a que crean en la sinceridad nuestra, en la de los militares. Vamos a luchar porque las Fuerzas Armadas estrechen las relaciones con todo el pueblo. Crean en nosotros”. Eso les dijo el coronel Majano a un grupo de encarcelados que él mismo acudió a poner en libertad.
La paramilitar Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), creada en 1962 para controlar la influencia izquierdista en el campo y ayudar con “soplones y orejas” populares a las labores de la Guardia Nacional, fue suprimida y proscrita. Sin embargo, muchos de sus siniestros elementos torturadores pasaron a engrosar las filas castrenses, quienes comenzaron a darle forma a las páginas del Libro Amarillo, donde se registraba a todo aquel elemento social considerado peligroso para los intereses del Estado.
Para lograr estas y otras metas, el nuevo régimen de facto integró “un gabinete, formado por elementos honestos y capaces, representativos de diversos sectores quienes pondrán en juego todo su patriotismo en el desempeño de tan elevadas funciones”. Una veintena de ellos después se integraría a las distintas organizaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o alguno de sus organismos colaterales, como el Frente Democrático Revolucionario (FDR), encargado de las relaciones diplomáticas internacionales del movimiento revolucionario salvadoreño y a quien correspondió gestionar la declaración conjunta de los gobiernos de Francia y México que legitimó la lucha guerrillera en el ámbito internacional.
Hacia el nuevo orden interno
Pocos días después de aquella asonada incruenta, los coroneles golpistas Gutiérrez y Majano llamaron a tres civiles para integrarse a esa primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Ellos fueron el Dr. Guillermo Manuel Ungo, cabecilla del Movimiento Nacional Revolucionaria (MNR), el Ing. Mario Andino, gerente de la empresa CONELCA, y el Dr. Román Mayorga Quiroz, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La Junta recibió el apoyo de los institutos políticos de la oposición legal, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Unión Democrática Nacionalista (UDN), así como de los grupos de la izquierda revolucionaria moderada.
El reconocimiento internacional para el nuevo gobierno llegó pronto, de las bocas y manos de los representantes oficiales de Costa Rica, Panamá, España, China Nacionalista, Estados Unidos, Soberana Orden de Malta, Chipre, Brasil, Alemania, Guatemala, Gran Bretaña, Paraguay, Suecia, Portugal y otros.
Pero las organizaciones de extrema izquierda y la guerrilla, que para entonces ya pensaban que les sería relativamente fácil la toma del poder total, desconocieron a la Junta y la calificaron como “una maniobra del imperialismo y la oligarquía”. La izquierda armada mantuvo su estrategia inicial: violentas manifestaciones, ocupaciones forzosas de fábricas y de tierras, secuestros, asaltos a bancos y pagadores, etc.
Ante estos hechos, el sector empresarial se sentía alarmado y receloso, tanto por las declaraciones sobre los proyectos económicos del gobierno, como por el esquema violento de la izquierda radical. Como era de esperarse, se inicio un éxodo hacia el exterior, que abarcaba no solo a empresarios, sino también a miembros de la clase media y profesionales.
Casi inmediatamente después del Golpe que derrocó a Romero, las fuerzas insurgentes de acción urbana atacaron varias zonas de la periferia de San Salvador (Cuscatancingo y Mejicanos), para intentar un levantamiento insurreccional que fracasó muy rápido, pero que sí tuvo un alto costo en vidas, debido a los enfrentamientos armados.
El 16 de octubre de 1979, el ejército desalojó por la fuerza cuatro fábricas que estaban tomadas por sindicalistas. Sólo en los primeros cinco días del nuevo gobierno, murió más de un centenar de personas en hechos violentos. La situación daba la impresión de que cada día se complicaba más y que la espiral de la violencia crecía incontrolada.
A todo ello se sumó la postura crítica del jefe de la grey católica, el Arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Aunque al principio no comulgaba con las ideas de la izquierda extrema, el bestial asesinato de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, lo llevó a tomar una actitud más comprometida con la lucha social salvadoreña. Bajo su mandato se le dio impulsó a las comunidades cristianas, como las que existían desde los años 70 en lugares como Aguilares, Suchitoto, Guazapa, Ilopango y otros, que para la extrema derecha nacional no eran más que centros muy influenciados por la izquierda radical.
Ante esas situaciones que amenazaban la precaria gobernabilidad del país, la Junta hizo un llamado a los opositores para “darle tiempo de realizar las reformas que había prometido en su Proclama.”
Secuestros, sangre y protestas
Para fines de noviembre de 1979, el temor y la incertidumbre ciudadanos eran cada vez mas profundos. Para darle confianza a la población salvadoreña y a la comunidad internacional, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ing. y Dr. Héctor Dada Hirezi, afirmaba que “no cederemos a presiones de ninguna naturaleza, vengan de ultra izquierda o ultra derecha.” Pero del dicho al hecho había bastante trecho.
Por esos mismos días, una multitudinaria manifestación de mujeres de la autodenominada Cruzada Pro-Paz y Trabajo, que aglutinaba a ciudadanas de todas las clases sociales, fue disuelta por fanáticos de izquierda que golpearon a muchas de las participantes en aquella manifestación para exigir el restablecimiento de un estado de derecho que consideraban ausente y vulnerado.
Casi como respuesta a eso, el 7 de diciembre de 1979, la junta de facto emitió el decreto 43, por el cual se prohibía la posesión legal, para cada persona, de más de 100 hectáreas de tierras, ya fuera en uno o varios inmuebles. El entonces ministro de Agricultura, Enrique Álvarez Córdova, afirmó que con ello sólo se afectaba a unos 2000 propietarios que tenían cerca de la mitad de la tierra cultivable nacional. Así dio inicio la reforma agraria. Por diversos motivos, su gestión pronto hundiría en la crisis y la bancarrota a casi toda la agricultura nacional.
Foto de la dirigencia del Frente Democrático Revolucionario (FDR)
Para entonces, también existía una sórdida pugna por el poder de mando, sostenida dentro de la misma Junta Revolucionaria de Gobierno y que también influenciaba el trabajo del gabinete de gobierno. Se consideraba que el coronel Gutiérrez era un fuerte aliado de los Estados Unidos y que se inclinaba a la derecha, mientras que el coronel Majano favorecía a la izquierda radical, aunque él lo negara de forma explícita más de alguna vez en sus apariciones públicas.
Se decía también que, dentro de la organización militar, gran parte de los mandos importantes habían quedado siempre en manos de simpatizantes del anterior gobierno y que, por lo mismo, las órdenes que emitían los miembros de la Junta a veces no eran cumplidas. Daba la impresión de que el poder militar no obedecía al gobierno y esto traía malestar, sobre todo entre los miembros civiles de la Junta.
Por ello hubo una azarosa reunión entre el gobierno, su gabinete y el alto mando del ejército, en la que se exigió la total obediencia a los señalamientos y órdenes del gobierno, ya que la represión que alegaban los grupos opositores venía precisamente de la existencia de dicha pugna. Mientras tanto, la izquierda presentó un manifiesto público, en el que conminaba al gobierno de facto a implantar una serie de cambios sociales, políticos y económicos.
En aquella reunión no se logró doblegar a los militares y a ello se debió que, el 3 de enero de 1980, renunciaran los miembros civiles de la primera Junta, los doctores Ungo y Mayorga Quiroz, así como los ministros Hinds, Arbizú Mata, Segovia y Castro Garay, responsables respectivos de las carteras de Economía, Hacienda, Justicia e Interior. Más adelante también renunciaría el Ing. Andino. Después de 75 días en el poder, sólo quedaban, como al principio, los dos coroneles golpistas. Así terminó la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Paso a paso, El Salvador se adentraba de lleno a la región siempre incierta de la guerra.
