El traficante de armas sirio, Monzer Al Kassar, se querelló contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por haberlo extraditado a Estados Unidos en 2008, donde al año siguiente fue condenado a 30 años de cárcel, según la comunicación de su abogada francesa, Isabelle Coutant Peyre, presentada en Ginebra, quien acaba de pedir su “retorno” a España, “la restitución de sus bienes” y “la indemnización de la víctima”.
La demanda estima que al extraditar a Al Kassar España a violó varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuyo cumplimiento vigila el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un órgano de 18 expertos independientes, que además de examinar periódicamente a los Estados, puede pronunciarse sobre casos individuales, si el país incriminado ha ratificado un “protocolo facultativo” al respecto, como hiciera España el 25 de enero de 1985.
En el relato de la querella aparece que Al Kassar fue detenido en España en 2007 a pedido de Estados Unidos, reclamado como “fugitivo”, al “conspirar para ayudar y proporcionar medios a una organización designada terrorista por Estados Unidos (FARC) en vista de matar ciudadanos americanos, y blanquear capitales”, acusación rechazada por su abogada defensora.
Su versión pretende que las pruebas contra su cliente “fueron enteramente fabricadas por agentes de la Drug enforcement admnistration (DEA), que habían actuado fraudulentamente en el territorio español”, pues Al Kassar habría sido “aproximado en vista de une venta legal de armas destinada a los servicios de policía del gobierno de Nicaragua”, siendo contactado “por agentes clandestinos que se presentaron como representantes oficiales de ese gobierno”.
La letrada sostuvo que Al Kassar tomó el recaudo “de exigir un certificado de último usurario” a los compradores de las armas, para “asegurarse de la legalidad de la operación” de solicitud y entrega de las mismas a Nicaragua, insistió que “jamas fue cuestión de una venta” en beneficio” de la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, y puso al corriente del negocio a las autoridades españolas, que no lo habrían objetado.
En febrero de 2009, Al Kassar fue condenado en Nueva York a treinta años de prisión por haber participado en un “complot” para entregar una provisión de seis a ocho millones de dólares en armas rumanas a las FARC. Hoy purga su pena en “un departamento especial denominado CMU, conocido como Guatanamo del norte, en el seno de un establecimiento penitenciario de Alta Seguridad en Tierra Alta, en el Estado de Indiana”, informó la abogada francesa.
La querella presenta a Monzer Al Kassar como “empresario”, un”intermediario en el comercio internacional y construcción de edificios”, un “businessman” u “homme d’affaires”, quien al ser detenido al bajar de un avión en Madrid, el 7 de junio de 2007, tenía en tramite la nacionalidad española, la que poseen su esposa y tres de sus cuatro hijos, quienes fueron expulsados de Estados Unidos cuando quisieron visitarlo.
Ahora de 71 años, el traficante de origen sirio “es sometido a un régimen de aislamiento total, y privado de visitas familiares”, y padecería una “diabetes grave”, afirmó su abogada francesa. Por tratarse de un “procedimiento fabricado por la DEA”, con el “solo objetivo de fabricar un delito ficticio”, Al Kassar considera Estados Unidos lo persigue por “un motivo político”, debido a sus críticas al presidente George W. Bush a raíz de la intervención militar en Irak.
En 2011, durante su actual cautiverio en Estados Unidos, Al Kassar fue condenado a 6 años de cárcel en ausencia por irregularidades en la obtención de la ciudadanía argentina. En ese país perduran las sospechas de su presunta participación en los atentados antijudios de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), y en la venta ilegal de armas a Ecuador y los Balcanes. También se le atribuye haber supuestamente pertrechado a los paramilitares islamistas en Somalia, y al terrorismo sunita en Irak.
En 2003, ya afincado en Marbella, Al Kassar consiguió la devolución de 4 millones de euros, bloqueados en un banco de Ginebra, provenientes de una venta de material militar a la ex-Yugoslavia en 1992, que había violado el embargo decretado por la ONU. Suiza no podía incautarle los fondos porque el cargamento no había transitado por su territorio, ni el autor residía dentro de sus fronteras, y España desechó hacerlo pese a que los fusiles, lanzagranadas y munición, hicieron escala en el puerto de Ceuta, cubiertos bajo la falsa declaración que consistía en café y azúcar.
