La subcomisión política responsable de presentar un proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, se le acabó el tiempo. A escasos seis días para que venza el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es decir el 13 de noviembre para aprobar la normativa, la instancia legislativa tomó la decisión de entregar este día a la Comisión Política un informe, que contiene dos propuestas: la elaborada por la Comisión Ad Hoc y que contaría con la anuencia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN); y otra que fue presentada por las organizaciones sociales, que tiene el respaldo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Lo anterior fue confirmado a ContraPunto por el diputado de izquierda Damián Alegría, miembro de la instancia especial.
El 30 de octubre se reunió por última vez la subcomisión, que estaba trabajando sobre la base de una propuesta de las organizaciones sociales y la elaborada por la técnica legislativa.
ARENA y PCN presentaron sus propuestas, el FMLN se decantó por la elaborada por la sociedad civil, ya que para los efemelenistas es punto de honor que las personas que estén implicadas en violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra durante el conflicto armado interno del país (1979-1992), sean procesados judicialmente. La normativa se aprueba con 43 votos,
La iniciativa de la Comisión Ad Hoc propone sustituir las penas de cárcel por trabajos de utilidad pública a quienes pidan perdón por la comisión de crímenes de guerra y a quienes colaboren con la justicia para esclarecer estos casos.
30 organizaciones, aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor, la Asamblea Legislativa quiere aprobar una ley que beneficia más a los victimarios que a las víctimas, porque anula la posibilidad de que graves crímenes de lesa humanidad puedan ser sancionados con prisión.
El 19 de febrero, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó un borrador que no fue ampliamente discutido por todos los sectores.
La iniciativa de Parker, señalado por la Comisión de la Verdad de encubrir la masacre de los sacerdotes Jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), establecía que: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieren pertenecido”.
En marzo de este año, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, opinó que esa iniciativa podría conducir a una “amnistía absoluta e incondicional” de violaciones cometidas durante el conflicto armado.
En el 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General y en la sentencia se estableció que la Asamblea debía crear una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Tras esto, el Legislativo en el 2018 creó una Comisión Ad hoc que estudiaría las implicaciones de dicha sentencia. Esta instancia se dio a la tarea de escuchar a reconocidos juristas y realizó un foro consultivo con enfoque inclusivo, además de las audiencias que brindaron a organizaciones en el seno de la comisión, y posteriormente emitió el respectivo informe sobre su accionar que se presentó a la Comisión Política el 13 de mayo de este año.
Para el 14 de mayo, los diputados de la mesa consideraron oportuno crear una subcomisión que estudiase este informe y confeccionara un documento que permitiera la elaboración de un anteproyecto de ley que girase en torno a los requerimientos de la Sala, tomando en cuenta los insumos obtenidos de la consulta ciudadana.
Posteriormente, la Comisión Política recibió -el 23 de mayo- el anteproyecto de ley, el cual fue estudiado junto a otra iniciativa presentada por organizaciones sociales y asociaciones de víctimas del conflicto armado.
El 4 de julio, los diputados pidieron tres meses de prórroga para aprobar la citada ley. El plazo otorgado por la sentencia de la Sala venció el 13 de julio, pero la Comisión Política pidió una extensión de tiempo hasta el 13 de octubre de 2019.
La Sala de lo Constitucional otorgó cuatro meses más a los diputados para aprobar la ley de reconciliación nacional, que vence el miércoles 13 de noviembre.
El 28 de mayo pasado, el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional para pedir una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa. La propuesta es la de ampliar el tiempo hasta el 13 de diciembre.
Pero todo cambió abruptamente este día en el pleno. La subcomisión entregó el informe con las dos propuestas. Carlos Reyes de ARENA, propuso que todos los legisladores tengan copia del informe y saquen sus propias conclusiones y el lunes, en la Comisión Política se discuta si se cumple con lo que pide la Sala y de ser posible aprobar la ley para no caer en desacato.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, reconoció el esfuerzo de la instancia y el compromiso por sacar un buen producto.
Hoy solo queda esperar la decisión que adopten el lunes y si se llega a un acuerdo, se convocaría a una sesión extraordinaria ese mismo día para aprobar la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
