Soyapango: Sindicalistas, a juicio por desórdenes públicos

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Soyapango: 3 sindicalistas son llevados a juicio por presuntos desórdenes públicos. Los acusados había denunciado la insolvencia de las obligaciones laborales durante la admón. de Nercy Montano; a quien se le deduce de retener $387 mil.

Redacción ContraPunto

3 sindicalistas son llevados a juicio, tras protestar por el impago de sus garantías y prestaciones salariales. El orden de las imputaciones responde a la presunta comisión del delito de “desórdenes públicos y resistencia”, según lo detalla la Fiscalía General de la República (FGR); aunque su detención se hizo en flagrancia, tras l protesta del pasado 11 de enero de 2023. 


$387 mil dólares en impagos justificaron las disconformidad de los trabajadores, y las protestas que subyace de prácticas de corrupción recurrentes. Nercy Montano, la ex-alcaldesa del municipio de Soyapango, es la principal acusada. Aunque la institución no detalla públicamente las identidades de os imputados, la información disponible no define a los sindicalistas detenidos entre los afectados.

Sindicalistas

“¿Por qué me hacen esto?. Yo sólo estoy acá porque no me han pagado mi salario”, expresó una de las sindicalistas, al momento de su aprehensión. La FGR, en ultima instancia, la identificó como la ciudadana Ana Argentina Ramos de Joma, quien esahora requerida ante los Centros Judiciales con Edwin Boanerges Lobos García y Ovidio Antonio Hernández.

https://twitter.com/FGR_SV/status/1618415222049615874?s=20&t=svU56dlJiRmHDvsvkLXNPg PoPro

“De acuerdo a las investigaciones preliminares, los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la alcaldía de Soyapango”, así lo informó la FGR a la prensa, en respuesta de las pruebas iniciales de cargo.

15 días han transcurrido tras la aprehensión de los imputados. Su estancia en las instituciones penitenciarias es, por lo tanto, superior a las 72 horas que prevé el Código Procesal Penal; y podría equipararse al palazo de detención establecido en el Decreto N. 333,, que establece el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La normativa proscribe, entre otras cosas, el derecho de agrupación, una práctica elemental en el ejercicio de la protesta. 

Protesta

Reiteradas ha sido las protestas en contra de Nercy Montana. Las primeras de ellas se remiten a las del 2021, cuando la alcaldesa confirmó el despido de al menos 20 personas, conforme a una denuncia pública divulgada por l Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). 

Montano también fue referida en otras denuncias laborales, de forma colectiva. Hasta el mes de agosto de 2022, un grupo de manifestantes se pronunció en contra de la edil, denunciando un presunto impago de salario y prestaciones. Sin embargo, Montano habría asegurado a la prensa que los pagos, hasta ese mes, se habían realizado en favor de las cuentas bancarias, fondos de pensiones y retenciones de seguros de los empleados. 

Sin embargo, las denuncias perduraron hasta diciembre; y hasta el mes de enero de éste 2023. Las consignas fueron las mismas, y respondían a la presunta retención de garantías salariales. Justamente, la FGR presumió que los delitos en los que habría incurrido responden a los de “apropiación o retención de cuotas laborales en calidad de instigadora e incumplimiento de deberes, en perjuicio de la administración pública, subsidiariamente a l alcaldía municipal y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

Hasta la fecha del 11 de enero, los sindicalistas identificados por la FGR fueron detenidos, en medio de las protestas. El motivos de sus consignas haría constatar que la comuna aun no habría resuelto su situación laboral, y financiera, que permanecía insolvente hasta la orden de detención que el Juzgado Primero de Paz de Soyapango emitió contra Nercy Montano, el pasado 13 de enero.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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