La Sala de lo Constitucional rechazó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad que pedía no multar a empresas de telefonía que no bloqueen la señal en los centros penitenciarios del país. El Gobierno obliga a las telefónicas a bloquear la señal para impedir que desde las cárceles se ordenen crímenes a través de llamadas telefónicas.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por el artículo 14 incisos 6º y 7º de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, el cual establece una multa de $755,100 al día por hacer caso omiso a la prohibición de brindar o prestar servicios de todo tipo de tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores.
El demandante consideró que el artículo antes señalado vulnera la Constitución debido a que pretende crear “una infracción administrativa sancionada con multa prácticamente multimillonaria”; también sostuvo que “omite un sistema de límites mínimos y máximos del monto de la sanción a aplicar”.
Ante esta demanda, la Sala estableció a través de un comunicado que “aunque el artículo 12 de la Constitución exige el establecimiento de cantidades o porcentajes mínimos y máximos en las multas, esto admite excepciones. Una de estas excepciones surge la naturaleza y gravedad de las situaciones y derechos se intentan proteger, entre los que se encuentran el interés general, orden público, patrimonio de las víctimas de extorsión u otro de igual importancia. Además, la materia específica de que se trata, que en este caso en la seguridad pública”.
Asimismo, la Sala de lo Constitucional determinó que los derechos que se pretenden proteger con la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión son de interés general para la población por lo que deben ser protegidos y las multas señaladas en la ley pueden fijarse de forma específica, sin establecer mínimos o máximo.
La resolución fue firmada por unanimidad por los magistrados Óscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
El portavoz de la Presidencia, Eugenio Chicas, confirmó que dentro de las medidas extraordinarias de seguridad que el Gobierno está próximo a implementar se contempla el endurecimiento a las sanciones contra las compañías telefónicas que no disminuyan la intensidad de la señal en los perímetros de los centros penales como parte de una medida urgente.
“Hay varios centros penitenciarios que tienen bloqueadores de señal, pero las empresas, al enterarse de esto, le suben el volumen a la potencia de sus torres transmisoras”, dijo Chicas.
Señaló, además, que se han incautado teléfonos celulares en las cárceles que tienen hasta $20 mil dólares en saldo prepago para llamadas mayormente utilizadas para extorción.
