A lo largo del presente año, y con mayor énfasis luego de los resultados de la elección para diputados y alcaldes del 4 de marzo, hemos atestiguado una serie de situaciones que analizadas detenidamente parecen formar parte de una estrategia pensada para operar un retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres salvadoreñas, veamos algunos ejemplos:
En el mes de abril diversos medios noticiosos empiezan a alertar a la opinión pública de que, en materia de expresiones extremas de violencia contra las mujeres, 2018 está resultando un año particularmente violento con un reporte de la PNC de 114 muertes violentas de mujeres; reflejando un incremento de 20% en relación con las 91 muertes violentas de mujeres registradas para el período enero ““ marzo 2017. Resaltaban los casos mediatizados de la muerte de una doctora golpeada por su pareja hasta morir, una joven apuñalada 56 veces por su prometido, a pesar de los reiterados llamados de vecinos al 911, y una periodista cuyo esposo planificó su asesinato que manejo como posible secuestro.
En el mes de mayo el Gobierno de El Salvador a través del Gabinete Social aprueba una Alerta Nacional por Feminicidios con una vigencia de 6 meses, a solicitud del ISDEMU. Esta medida es aprobada en el contexto del reporte que hace Medicina Legal de 155 muertes violentas de mujeres para el período enero ““ abril de 2018, con la intención de articular y coordinar esfuerzos públicos en la prevención y reducción de muertes violentas de mujeres y violencia sexual; sin embargo, según el registro de la Fiscalía General de la República un total de 288 mujeres ha muerto de forma violenta entre el 1 de enero y el 19 de septiembre de 2018, un 83% de esos casos (244) es considerado feminicidio de acuerdo a lo tipificado por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); son 133 casos adicionales en los 5 meses de vigencia de la medida gubernamental.
En el mes de junio diputados y diputadas de derecha de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, inician la discusión del anteproyecto de Ley Integral de Agua elaborado por los grupos oligárquicos que controlan la ANEP y cuyo principal interés es administrar y explotar el agua sin que el Estado ejerza control sobre ellos, lo que ha sido señalado como una “privatización disfrazada”; desestimando los 92 artículos en los que se había logrado acuerdo en la legislación anterior, del anteproyecto de Ley General de Aguas que cuenta con respaldo de la iglesia, de sectores profesionales, sociales y académicos.
Tal pretensión vulnera el derecho al agua de la población salvadoreña de escasos recursos; pero sobre todo de millones de niñas, niños y mujeres poniéndolas en mayor riesgo, pues cuando en una vivienda no hay agua potable son ellas las que caminan largos trechos durante la noche o la madrugada, para obtener agua de los ríos u otras fuentes, exponiéndose a diversos peligros dada la grave situación de violencia contra las mujeres que hay en el país.
El 26 de junio el país conoce la publicación de un rotativo salvadoreño que daba cuenta de la tragedia que viven niñas de una zona conocida como “El triángulo de la delincuencia” en la zona oriental del país, que son usadas como esclavas sexuales por grupos delincuenciales sin que el sistema judicial haga absolutamente nada para evitarlo y castigar a los delincuentes.
Por el contrario, las cárceles están llenas de mujeres acusadas de delitos de extorsión y tráfico de drogas, es alarmante comprobar que el sistema judicial no llega jamás a capturar y castigar a cabecillas de las estructuras criminales que utilizan a las mujeres para cometer todo tipo de delitos; el sistema judicial salvadoreño, esencialmente patriarcal, continúa criminalizando a mujeres que son utilizadas como una pieza más en el complejo mundo del crimen organizado, un mundo dirigido mayoritariamente por hombres, obviando que detrás de ellas hay un complejo entramado en que las mujeres, al ser obligadas a delinquir incluso bajo amenaza de muerte, se convierten en víctimas del sistema judicial y del crimen organizado.
Igual sucede con la criminalización y encarcelamiento de las mujeres pobres que han sido acusadas de homicidio agravado al haber sufrido abortos espontáneos que debieran ser considerados como “emergencias obstétricas”, y que en lugar de ser criminalizados debieran ser atendidos indagando las razones en la salud y condiciones de vida de las mujeres, que propician este tipo de emergencias. Pareciera que el sistema judicial salvadoreño, esencialmente patriarcal, se especializa en continuar criminalizando a mujeres; pero no a cualquier mujer, criminaliza a las mujeres pobres, a las que no se conforman, a las que defienden derechos, y sobre todo a las que defienden su derecho a decidir.
Tristemente buena parte del sistema judicial salvadoreño opera aplicando el marco normativo vigente orientado hacia criminalizar, perseguir y encarcelar a mujeres defensoras de derechos fundamentales como el agua, la tierra, la vivienda, la seguridad, la salud y la educación.
El Fiscal General de la República en lugar de perseguir y castigar a perpetradores de violencia feminicida y violencia sexual contra niñas, niños y mujeres, orienta sus recursos a acusar de cometer actos de corrupción y lavado de dinero, sin más pruebas que la palabra de “testigos criteriados”, a diferentes personas vinculadas con el partido en el gobierno, en lo que buena parte de la población considera un show mediático para asegurar su re-elección en el cargo.
Adicionalmente el Fiscal actúa contra lo establecido en la ley, al referirse con menosprecio a la apariencia física de una de las acusadas en el caso “Saqueo público”, reproduciendo estereotipos que dañan la dignidad e integridad de las mujeres, violando el artículo 55 de la LEIV referido a las “expresiones de violencia contra las mujeres”.
Estamos viviendo tiempos particularmente violentos y violentadores de los derechos de las mujeres, abundan las acusaciones sin pruebas de casos de corrupción estatal bautizadas con nombres rimbombantes que buscan impactar la opinión pública sin mayores avances en cuanto a lograr la devolución de los dineros sustraídos del erario público. Esta situación es agravada por un Sistema Judicial que actúa con negligencia y desprecio en casos de violencia contra las mujeres que terminan trágicamente en feminicidios que pudieron ser evitados si existiese un funcionamiento efectivo y eficaz de las instituciones encargadas de la prevención, combate y persecución de delitos contra niñas y mujeres; mientras las cárceles se continúan llenando de mujeres pobres, que no cuentan con los recursos para defenderse y demostrar su inocencia.
No queremos seguir acumulando testimonios de tragedias que pudieron evitarse; todas las víctimas son importantes, todo tipo de violencia contra las mujeres hiere profundamente a la sociedad dejando huellas que afectan nuestro presente y las posibilidades de desarrollo; si queremos dejar de ser un país violento, sumido en el subdesarrollo, es tiempo de comprometernos en serio con los Derechos Humanos del 53% de la población salvadoreña.
