Ya hace casi un mes que la izquierda partidaria en El Salvador que mantiene el control del ejecutivo, sufrió el pasado 4 de marzo su peor desempeño electoral desde 1994. Su campaña electoral animando a la población a “seguir con los cambios” y enfatizando que el partido de izquierda “hace más por la gente” chocó frontalmente con la realidad de que el FMLN perdió el favor y el apreció del 44% de su voto más duro y fiel, que se resistió a refrendar el apoyo al partido de gobierno, pasando de 847 mil votos en 2015 a 475 mil en 2018.
Y así, la derecha a ultranza representada en el partido ARENA consiguió más diputados a pesar de haber obtenido menos votos que la elección anterior y logró asegurar el control de la Asamblea Legislativa, garantizándole al FMLN quien con una reducida fracción legislativa tendrá que enfrentar el último año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén que tendrá que entregar el 1º de Junio de 2019 la banda presidencial a un nuevo mandatario.
Tras conocerse los resultados electorales, el partido y el gobierno anunciaron una profunda evaluación y corrección del rumbo. En el gobierno, se creó un equipo encargado de valorar los cambios, pero conducir esta tarea se le asignó a Oscar Ortiz, el Vicepresidente de la República y encargado del gabinete de seguridad ““ uno de los temas peor evaluados por la población ““ pero hombre de confianza de la Embajadora Estadounidense y de los grandes empresarios y corporaciones.
Los cambios anunciados por este equipo, fueron anunciados el pasado 19 de marzo por el Presidente y salvo un par de funcionarios que salieron del gobierno, la mayoría de los cambios fueron rotaciones entre funcionarios, generando más que esperanza, decepción. Lo anterior fue acompañado de represalias y reprimendas contra funcionarios del partido que alzaron su voz crítica, tal es el caso del Alcalde de San Marcos, un funcionario electo con gran apoyo popular o el director de Migración que envió una carta al Secretario General del FMLN urgiendo cambios en el rumbo del gobierno y del país y que fue despedido de su cargo.
Los errores estratégicos
Uno de los errores estratégicos más graves y más costosos de los gobiernos del cambio en El Salvador en materia social y económica, fue no haber realizado uno de sus propósitos más importantes declarados hace más de una década: la Reforma Fiscal Progresiva acompañada de una Reforma Laboral.
Los gobiernos del cambio no fueron capaces de aumentar impuestos a los grandes capitales, ni reducir los tributos a las capas populares de bajos ingresos y clase trabajadora, al tiempo de fomentar la organización de la clase trabajadora para apuntalar mediante la negociación colectiva, la distribución social de los excedentes económicos de las actividades económicas.
De esta manera fracasaron en la misión de cualquier gobierno de izquierda progresista de promover la re distribución del ingreso y así la justicia social. Sus intentos de aproximarse a este gran objetivo pero sin afectar los intereses del gran capital, más bien le acabaron enredando y enmarañaron en sus propios errores y contradicciones.
Los gobiernos del cambio se decantaron por mantenerse como administradores de un modelo económico en el que ““a excepción de los útiles escolares uniformes y alimentación escolar- los programas sociales que se promovieron fueron focalizados y no universales, tal como establece la receta neoliberal. Y así se dejaron los asuntos económicos en manos de sectores y funcionarios que reprodujeron los discursos y prácticas conservadoras de otras latitudes, tales como la promoción de la austeridad de la derecha europea, o la tradicional obsesión de reducir impuestos per sé, de los republicanos estadounidenses.
Los gobiernos del cambio siguieron en la lógica de quitar impuestos a las grandes empresas y multinacionales (incentivos fiscales) mediante Tratados de Libre Comercio y privatizar la inversión estatal mediante Leyes de Asocio Público-Privado. El supuesto beneficio de estas medidas en cuanto a generación de empleos que esto derramaría, no se vio reflejado en la realidad.
No se realizó una Reforma Laboral que promoviera el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva a los casi 1.6 millones de trabajadores y trabajadoras que laboran en el sector privado. La principal fuerza laboral en materia de empleo formal del país. Esto beneficio el crecimiento del empleo precario, sub contratado y sin ejercicio de derechos básicos en el sector formal de la economía.
Desesperado por la falta de ingresos y presionados por el FMI, el gobierno cayó en la tentación de realizar aumentos de cobros de servicios y tasas a manera de cobros “hormiga” en muchas dependencias del aparato estatal, acompañando de reducción de subsidios y algunos nuevos impuestos al consumo, tal como el impuesto a la seguridad cobrado en la telefonía. Esto le facilitó el trabajo a los detractores desde la derecha y sus medios de comunicación, para generar una sensación generalizada de que el gobierno creó “muchos nuevos impuestos”.
Al no tener ingresos estables de impuestos progresivos que tasaran a los más ricos, el gobierno buscó la salida aparentemente fácil, el endeudamiento ya sea con bonos, létes o préstamos, y acudió a la cooperación internacional. Ambos mecanismos, fácilmente entorpecidos ya sea por la bancada de derecha en la Asamblea Legislativa o por la Corte Suprema de Justicia también dominada por la derecha empresarial.
En materia de cooperación, el gobierno presumía de hacer llegar hasta un equivalente a la cuarta parte del presupuesto nacional con cooperación internacional. Pero como dicen los estadounidenses; “No hay almuerzo gratis” el caso del FOMILENIO proveniente de los Estados Unidos, ha sido el ejemplo más claro en materia de sometimiento a los designios imperiales en materia de política regional e interna. El acceso a estos fondos de 700 millones de US$, está condicionado a participar en las estrategias regionales de militarización y contención de la migración establecidas en la “Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte” el guión de la administración norteamericana para Guatemala, El Salvador y Honduras. El silencio cómplice del gobierno salvadoreño ante el fraude electoral de Honduras apoyado por los Estados Unidos ha sido parte de éste entramado.
En la desesperación por alcanzar estos millones provenientes del Tío Sam, el gobierno salvadoreño también se comprometió a modificar aquellas leyes que entorpecieran el libre mercado y la competitividad, así, la Asamblea Legislativa realizó a finales de 2017, reformas a la Ley de Asocios Público ““ Privados, para incluir el agua a la esfera de la privatización de servicios públicos que de manera encubierta promueve esta Ley. De nada le valieron al Presidente Salvador Sánchez Cerén, las protestas y solicitudes de varias organizaciones sociales, tradicionalmente aliadas del gobierno y del partido de izquierda para que vetará esa medida legislativa. La reforma se declaró en firme a principios del corriente año.
Y que decir del triste papel que jugó el Ministerio de Trabajo. Pese a haberse aprobado un importante aumento al salario mínimo en enero de 2017, el Ministerio no tuvo la capacidad de hacerlo cumplir. Las empresas realizaron maniobras para eliminar otras prestaciones como bonos y prestaciones a cambio del aumento, dejando los ingresos a los trabajadores con iguales o menores niveles aún después de los aumentos. El departamento de inspección de dicho Ministerio se caracterizó por su ineficacia para evitar que los empresarios siguieran destruyendo las organizaciones sindicales en el sector privado.
ELECCIONES PRESIDENCIALES A LA PUERTA
El Partido de izquierda tiene poco tiempo para organizarse cómo enfrentar unas elecciones presidenciales de febrero 2019, donde sus principales contendientes serán varios empresarios provenientes de diferentes sectores y partidos. Pero más bien lo crítico pareciera ser, si el FMLN esta realizando lo necesario, para recuperar el favor, el cariño y la confianza de su electorado enraizado en los sectores populares, su principal activo político e histórico.
Uno de los candidatos a enfrentar, es Nayib Bukele un disidente del mismo FMLN, y con un partido aún en formación, representa un grupo empresarial, que en algún momento fueron cercanos al partido de izquierda y favorecidos de los negocios estatales. Bukele con un hábil manejo de medios y redes sociales, ha logrado la simpatía de importantes sectores especialmente de la juventud urbana.
Por el lado de la derecha, en ARENA, otros dos empresarios, Carlos Callejas y Javier Simán, representan diferentes facciones de la oligarquía salvadoreña que al parecer sanjarán sus diferencias en unas elecciones nternas a mediados de abril, para unificarse alrededor de uno solo de los candidatos. Ambos candidatos están vinculados a lo peor de la corrupción partidaria, el desvío de fondos durante los gobiernos de ARENA y a la apropiación de los activos estatales en los tempos de privatización y saqueo.
Los tiempos parecen sombríos para las fuerzas sociales y sindicales progresistas en El Salvador, no solo se enfrenta a nivel continental una embestida de las fuerzas conservadores, sino que los mismos desaciertos del partido de izquierda, parece que le han tumbado al suelo al enredarse en los cordones de sus propios zapatos, facilitando el trabajo a la derecha conservadora salvadoreña.
