Entre el sábado 16 y domingo 17, pudimos apreciar de parte del ejecutivo dos acciones:
En la primera anunciaba la extensión de la cuarentena por 30 días más.
El domingo el ejercicio de su parte al que asistimos por intermedio de una cadena nacional, fue además de interesante, un curioso acto asambleísta, en la que pareciera concretizar un acto de psicoanálisis para con el auditorium, en el que subrayó la necesidad de dialogar con los otros órganos de estado, como con las fuerzas vivas de la nación.
Al final realizó una delación rápida del uso de los recursos durante la presente emergencia.
El lunes 18 por la mañana, la sala de lo constitucional hizo público señalamiento para con la ilegalidad de la acción anunciada por el ejecutivo, por la invasión de las facultades de otro órgano.
A la noche observamos todos, un exabrupto descarnado del ejecutivo, amenazas incluidas, en las que acusaba a los otros órganos de estado de ser estos los que invaden su espacio, apoyándose en un artículo de la ley de protección civil en el que se subraya la responsabilidad del ejecutivo, al conducir las acciones necesarias para responder a una emergencia, cuando ésta surge de manera súbita y fuera del control humano.
Además subraya que los demás órganos responden a los intereses de privados, quienes son los urgidos en reiniciar las actividades financieras en su particular beneficio.
Al caer la tarde del martes, las oficinas del colegio médico, fueron lamentablemente objeto de un intento de atraco por parte de sediciosos afines al gobierno.
Ahora bien, al cansancio producto de las medidas seguidas por parte de la población para con la emergencia presente, se suma la tensión que el propio ejecutivo genera, pasando por alto a la constitución (violentándola al inferir como suya la responsabilidad de controlar la respuesta a la misma, sin ofrecer explicaciones y menos aún ninguna rendición de cuentas, sustentándose en lo señalado por una ley secundaria, cuya aplicación se corresponde a un escenario diferente), y negándose por principio a ningún dialogo, negociando con la élite financista – INCAE y ESEN -, como con la gran empresa privada nacional, promoviendo un vacío intencionado, en el que el protagonismo sea suyo, a pesar de los muchos errores y violaciones cometidos por parte de su administración, señalados por la PDDH, FGR, FESPAD, Colegio Médico, HRW, y la alta comisionada de DDHH de las UN, que para colmo complica arengando a sus incondicionales fanáticos, que no dudan en atracar a quienes señalan las faltas cometidas por el gobierno.
En éste escenario lo señalado por la sala de lo constitucional recordando las obligaciones y responsabilidades de cada órgano se vuelve necesario, pero además fundamental, pues al intento del ejecutivo por negar a quienes demanden una sana rendición de cuentas, como la debida corrección de las equivocadas medidas orientadas al establecimiento de un fáctico orden neofascista del estado salvadoreño, serán vitales, en el afán de establecer el orden constitucional de derecho, allanando el camino de la recuperación democrática del país.
