Días atrás se hizo público el listado de financistas de los partidos políticos, haciéndose evidente del principal partido de la oposición lo que era sospecha pública: los financistas son privados ““ ONG`s, gremiales, universidades, periódicos, empresas, etcétera -, lo que entraña conflictos de interés. Llama también la atención el que durante el tiempo transcurrido entre la publicación y la emisión del presente artículo, los grandes medios evadieron su abordaje, volcándose en torno a noticias que no son igual de relevantes.
Por ejemplo; una cierta ONG, señalada por su parcialidad, ausencia de objetividad además de subordinación al discurso de la derecha dio lectura al informe, hecho público también ésta semana, del listado de percepción de corrupción, del que nuestro país no sale “bien parado” pues según éste, retrocedimos a una posición menos favorecida. Sin embargo, lo que no señalo es que es el informe de 2016, antes de reiniciarse las operaciones de Probidad, entidad anulada por los gobiernos de derecha para impedir que revisara, y evidenciara, los saqueos que del estado realizaron sus administraciones, lo que es público. Tampoco refirió que el informe en cuestión no considera la ley de Transparencia, por la cual el ciudadano demanda información sobre lo que antes era tabú, y gracias a la cual, el lector mismo del tal informe, es señalado por percibir salarios provenientes de partidas secretas, lo que también es público y aún no resuelve, es decir reintegra.
Es decir; el silencio se impone de cara al proceso electivo, lo que también hace la FGR, quién se excusa “no contaminar el proceso con estos casos sino hasta después”.
Y es que la ley de partidos carece de dientes para perseguir estos delitos, labor que debiese realizar la FGR, que incluso con evidencia incontestable, como es el caso de la fundación Rodríguez Port, que realizo lavado de dineros para el referido partido a través de los off shore caribeños, pero además continúo financiándolo contradiciendo sus estatutos.
Sin embargo y a la fecha, en este y en todos los casos de corrupción comprobada ejecutados por funcionarios de derecha, la FGR no procesa, los deja caer o simplemente los deja fenecer.
En ese marco la Secretaria de Transparencia propone una serie de medidas para resolver el tema, como son, obligar al donante a registrarse públicamente para determinar si es capaz de donar lo que aporta; denegar tal condición a privados para atajar conflictos de interés (no se debe olvidad que el privado nunca dona, invierte ); propone además que el funcionario electo sea por distrito, para que el elector pueda por ley demandarle el cumplimiento de sus promesas, o en su defecto, promover su retiro.
Al transparentarse el proceso se hacen evidentes los vicios que siempre padeció, pero que se denuncian ahora, por lo que el que el soberano conozca de ellos, le pone en alerta de cuál será el actual probable del funcionario, por lo que negar su debate solo evidencia que lo señalado es cierto, y por tanto, su elección indebida para los intereses públicos.
