El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, ha mantenido un perfil bajo desde que fue electo por la Asamblea Legislativa, a mediados de octubre pasado.
Pero esta vez, previo al inicio de la sesión solemne que se efectuó este miércoles para conmemorar los 36 años de la Constitución, el funcionario tuvo tiempo para hablar de la ley de reconciliación nacional,
Tobar comenzó diciendo que apoyan a las víctimas del conflicto armado que enfrentó el país (1980-1992), y tiene claro el papel que debe jugar el Palacio Legislativo en la creación de la normativa.
En el 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la Ley General de Amnistía de 1993 violaba preceptos de la Carta Magna y ordenó a los diputados que tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Los legisladores debían tener lista la ley el 13 de julio de este año, pero pidieron una prórroga que fue concedida por el tribunal constitucional para aprobarla el 13 de noviembre. El Congreso una vez más pidió extendieran el tiempo, por lo que esta vez los magistrados le dio como fecha el 28 de febrero de 2020.
El procurador de Derechos Humanos, recordó que la ley de amnistía de 1992 todavía está vigente. Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 no hacen mención alguna a una amnistía, por el contrario incluyen cláusulas tendientes a combatir la impunidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”.
Esta disposición, sin embargo, fue derogada con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Pero al haber la Sala declarado inconstitucional la ley de amnistía de 1993, restableció la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional.
“La Asamblea debe hacer un análisis, una discusión, un diálogo y comunicación sincera entre los diputados y las víctimas del conflicto armado, para que se cumplan los parámetros de la Sala”.
Está de acuerdo en que debe haber sanciones para quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero queda en manos de los políticos cuando elaboren la ley qué tipo de justicia se aplicará.
Y precisamente, añadió, esas sanciones deberán estar bajo los estándares de la justicia transicional que respete los derechos humanos.
“Hay que tener claro que no se trata de la justicia tradicional, no es la investigación tradicional, no es un caso penal común; tiene particularidades y especificidades que deben analizarse”.
Para Tobar no se trata de investigar a una persona, sino de manera colectiva por la forma como ocurrieron los hechos; la justicia transicional da la pauta para tener a la víctima en el centro e implica una especie de concesiones.
El procurador de Derechos Humanos es de la idea de que no se trata de dejar un país polarizado y dividido; la idea es que se pueda vivir en armonía, solidaridad y en paz.
El funcionario puso de ejemplo a Colombia, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP, es un modelo de justicia transicional que forma parte del componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Su creación fue acordada por el gobierno colombiano en septiembre de 2015.
El procurador Tobar considera que la ley de reconciliación no debe estar orientada a una persecución personal, por eso los diputados deben ser cuidadosos a la hora de formular la nueva legislación.
El 28 de mayo el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que pidieron una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación.
El 5 de septiembre, presentaron un escrito a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, para que la Asamblea diera detalles de las consultas de campo que efectuaba a las víctimas de la guerra (1979-1992). Hasta la fecha, el tribunal constitucional no se ha pronunciado.
