“Hay un momento límite en que la paciencia deja de ser una virtud”, dice una frase popular. Y a los diputados se les terminó con la acción que hizo el presidente Nayib Bukele el domingo, cuando ordenó que la Fuerza Armada y unidades especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), no solo ingresaran al recinto legislativo, sino que se tomaran el Salón Azul, luego que, con base a una resolución del Consejo de Ministros y amparado en el artículo 167, ordinal 7, “convocara extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Los políticos ya habían fijado posición con respecto al tema y declararon improcedente lo acordado por el Consejo de Ministros, porque el préstamo no constituye una emergencia nacional.
En una sesión extraordinaria realizada este lunes, el pleno legislativo, aprobó con 65 votos un pronunciamiento por las violaciones a la Constitución protagonizadas por el presidente Nayib Bukele y su Consejo de Ministros el pasado domingo.
En el documento, los parlamentarios condenaron la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo, por instrucciones del mandatario, lo cual constituye “exhibición de fuerza bruta”, para intimidar a los diputados, mediante el ingreso de policías y soldados armados y con actitudes amenazantes, “expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador”.
Además, rechazaron los hechos que culminaron con una violación a la independencia del Órgano Legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consiguiente la ruptura del orden constitucional, afectando el sistema democrático y el funcionamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del Poder.
Rechazaron la ocupación ilícita por parte del presidente Bukele al tomar el curul del presidente de la Asamblea, usurpando un lugar que no le corresponde.
También repudiaron los insultos y amenazas a los diputados, así como la persecusión a los mismos por parte de las fuerzas del Estado, incluyendo en sus lugares de residencia para amedrentarlos y presionarlos para tomar decisiones.
El Congreso denunció la violación a la libertad de prensa, información y expresión, contra periodistas y camarógrafos nacionales y extranjeros que trataban de cubrir los acontecimientos que se estaban dando en la Asamblea.
Pidieron a los congresos del mundo y organizaciones parlamentarias su solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el país.
De la misma manera, le solicitaron al presidente Bukele que desista de sus amenazas, ultimátum y uso de la fuerza para disolver el Congreso.
Le recomendaron a Bukele que, junto con su Consejo de Ministros, acate la resolución y las medidas cautelares adoptadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la inconstitucionalidad 6-2020.
Los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra para expresar sus consideraciones por los incidentes ocurridos el domingo por la que consideran actitud antidemocrática del presidente Bukele.
Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), manifestó que el domingo presenció acciones inéditas que nunca se habían visto en el país. “Fui testigo cómo el ejército reprimió la libertad de expresión. Las redes sociales son gestoras de odio entre las generaciones nuevas. La libertad y la democracia se defienden con la vida misma”.
Sobre este punto, el periódico digital El Faro, escribió que la cuenta @_Brozo_ fue suspendida la semana pasada por Twitter. El Faro reveló que esta cuenta antes pertenecía a la Secretaría de Prensa de la Presidencia (@PrensaBukele), cuyo jefe es Ernesto Sanabria.
luego se convirtió en un trol anónimo.
El jefe del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Reyes, consideró que el pronunciamiento condena la militarización de este Órgano de Estado. “Aquí se saltaron muros la FAES y PNC. Eso no se puede aceptar en un país democrático. Actuaremos con sensatez, transparencia y diálogo para salir de esta situación lamentable que vivimos”.
El diputado Mario Tenorio, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reconoció que el domingo sucedieron situaciones lamentables para el país. “Ahora la Sala emitió una resolución con medidas cautelares, eso hubiera servido para poder sino evitar, ese pronunciamiento al menos para cambiar consideraciones contenidas en él”.
El diputado No Partidario, Leonardo Bonilla, señaló que el fin de semana fue negativo para la democracia e institucionalidad del país. “Este problema inició por un préstamo de ciento nueve millones, ¿Ese argumento tendrá peso? Soy congruente, pero esta vez se le pasó la mano al presidente Bukele. Irrumpir el Congreso es alterar la forma de gobernar”.
Mientras que el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, sostuvo que el presidente Bukele violó la Constitución, irrumpió violentamente al recinto legislativo, militarizó el Salón Azul, amenazó con disolver el Congreso, instrumentalizó y desnaturalizó las funciones de la FAES y PNC, y persiguió a sus opositores hasta sus viviendas.
La jefa del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nidia Díaz, fue contundente al precisar que lo sucedido “fue un acto de violación y una gran ofensa al Parlamento, por la militarización que se hizo, francotiradores y el despliegue de la PNC. Todo con el fin de dar un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa que fue elegida democráticamente. Esto es condenable”.
Pero antes del pronunciamiento, se dio lectura a la notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para una sesión plenaria extraordinaria el día 9 de febrero de 2020.
Las medidas cautelares del tribunal constitucional son cuatro, entre ellas destacan: “Ordenar al presidente de la República se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos, y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”. Además, “Ordena al ministro de la Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil, que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.
Todas las comisiones permanentes así como la sesión extraordinaria que había convocado el presidente del Palacio Legislativo, Mario Ponce, quedaron suspendidas; y solo se reunió la Comisión Política desde la mañana para elaborar el pronunciamiento. La acción que hizo Bukele el domingo, lo único que provocó es que los legisladores dilaten más el tiempo para autorizar el empréstito, que pudo haberse resuelto este lunes.
Ya en horas de la tarde, Ponce, en conferencia de prensa aprovechó para informar que por unanimidad acordaron condenar enérgicamente la invasión de que fuera víctima la Asamblea por parte del Ejecutivo.
“La violencia de ayer no se justifica. La toma y la militarización de este Órgano de Gobierno pone en riesgo la naciente democracia que nos ha costado luto, dolor y destrucción al país”, acotó el diputado presidente.
Agregó que los hechos ocurridos el domingo, deben ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), para deducir responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables. “El fiscal debe actuar, lo hemos visto muy pasivo en este caso”.
Adelantó que con base al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), van a crear una comisión especial, para “indagar esta violación al recinto legislativo lo cual consideramos que es un tema de interés nacional”.
Lamentó la tibia y sesgada reacción del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ponce le envió un mensaje a Bukele: “No podemos reaccionar al Ejecutivo teniendo una pistola en la frente”, en clara alusión a la autorización para que el Ejecutivo pueda negociar los $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos fondos la Presidencia los ha solicitado para impulsar la fase III del Plan Control Territorial, puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
La silla que nadie quiere
Durante el desarrollo de la sesión plenaria extraordinaria, el presidente del Congreso, Mario Ponce, ordenó retirar la silla que utilizó el presidente Nayib Bukele el domingo, cuando tomó posesión y dio inicio a una sesión inexistente y en la que habían más policías y soldados que diputados.
También fue retirado el gong de la mesa directiva que utilizó el gobernante. El legislador decidió eso porque considera que fue usurpado su curul legislativo.
El presidente Bukele por su parte, parece que no ha entendido el mensaje de la Asamblea y la resolución de la Sala de lo Constitucional y se aferra a sus decisiones. En su cuenta de Twitter escribió: “El sistema se autoprotege…, y vamos a luchar contra eso con la ayuda de Dios, del pueblo, de nuestra Fuerza armada y nuestra Policía Nacional Civil. Por más resoluciones que emitan. Sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, que como la misma vida, es prestado”.
