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viernes, 07 de mayo del 2021

Polí­tica popular de venganza y muerte

Alegar desconocimiento de lo que sucede en las entrañas de la Policí­a y prometer una investigación puede sacar del aprieto, en un primer momento. Ese es el camino tomado por las autoridades ante la exposición de las interioridades de la PNC por una investigación periodí­stica, que denuncia la existencia de una estructura criminal en su interior. Sin embargo, los escuadrones de limpieza social están en consonancia con la polí­tica de seguridad gubernamental. Si la dirección policial no ha aprobado explí­citamente la existencia de esa estructura criminal, al menos la ha consentido. Argumentar desconocimiento no libra de responsabilidad. Según la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la amnistí­a, los mandos son responsables de las acciones de sus subordinados y es obligación suya conocer dichas acciones para impedir la ruptura de la legalidad. Así­, pues, los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana son responsables de los hechos denunciados por la prensa digital.

Una vez puesto en evidencia, el Director de la Policí­a ha actuado con premura. Ha detenido a los agentes mencionados en el reportaje periodí­stico y ha prometido una investigación. Es lo menos que podí­a hacer, pero no es suficiente, porque la prensa delata una estructura criminal con cobertura nacional, que tortura, ejecuta sumariamente, simula enfrentamientos, secuestra y extorsiona, abusa sexualmente de menores de edad, humilla y escarnece a sus ví­ctimas, y todo ello lo cuelga en varios sitios web, donde se jacta, junto con sus muchos seguidores, de sus crí­menes. Prueba adicional de su existencia y de la impunidad de la cual goza son las amenazas a los periodistas responsables de la investigación.

La perversión policial va más allá de los cuatro agentes detenidos en ví­as de investigación. A diferencia de las pruebas basadas en decires, a las cuales nos tiene acostumbrados la Fiscalí­a, los periodistas demuestran con datos, fácilmente verificables si hay voluntad polí­tica de acabar con la corrupción, el modo de operar de esa estructura. Por tanto, si de averiguar se trata, la investigación policial y fiscal debe ir más allá de lo descubierto por los periodistas. Estos les han mostrado el camino. Sorprendentemente, la Fiscalí­a conocí­a esos datos, pero descartó al testigo y se olvidó del asunto. Al parecer, prefiere el testimonio oral de testigos dudosos o, en realidad, esta investigación no le interesa. Así­ como tampoco se ha interesado en los otros responsables de los diez millones de Taiwán. En cualquier caso, si la investigación prometida por la dirección policial no arroja datos pronto, no será más que ganar tiempo para olvidar, un ardid común de la cultura polí­tica tradicional.

Sorprende el silencio de funcionarios y polí­ticos; en particular, de una comisión gubernamental encargada de supervisar la aplicación de las medidas extraordinarias, porque los controles internos de la Policí­a fueron desactivados hace tiempo. En cualquier caso, los más ardientes defensores de esas medidas están ahora obligados, moral y legalmente, a dirigir su ardor contra la dirección de esa estructura criminal. Hace falta mucho más que “tocar madera” para evitar que esas fuerzas oscuras atenten contra la integridad fí­sica de los periodistas. La situación es muy grave.

Los responsables de la seguridad ciudadana albergan en su seno una estructura tan criminal como los pandilleros que persigue con saña. Si los directores de esta estructura pensaron impulsar la lucha contra las pandillas, se han equivocado, porque han despojado a la institución policial y a las instancias responsables de la seguridad ciudadana de su credibilidad. Los informes sobre pandilleros caí­dos en combate con policí­as ya no son creí­bles. La población de colonias y pasajes ya no puede confiar en unos agentes asociados a la mentira y al crimen institucional. La Policí­a Comunitaria y las medidas preventivas son inalcanzables. Los repetidos llamados gubernamentales a la unidad para combatir el delito caen en saco roto.

Es penoso que el Gobierno del FMLN haya recurrido al escuadrón de la muerte para perseguir pandilleros, así­ como antes los militares lo usaron para exterminar guerrilleros. Es muy discutible que pueda someter a las pandillas con escuadrones de la muerte. Y aunque lo consiguiera, dejará organizada y armada una estructura criminal clandestina que, al acabarse las pandillas —si tal cosa fuese posible—, se dedicará a otra clase de crí­menes, porque no conoce otro medio de vida. En esto también es muy similar a la pandilla. No obstante, esa estructura satisface una necesidad de venganza muy sentida por un amplio sector social. Los miles de seguidores de los sitios web patrocinados por esa estructura forman parte de este sector. En este sentido, la tolerancia gubernamental es popular. Pero sobre el odio y la venganza no se puede construir una sociedad.

Qué valores cí­vicos, morales, culturales y patrióticos promoverá el Gobierno del FMLN con motivo de las celebraciones de la independencia de 1821. Serí­a interesante que los promotores de las festividades hicieran un esfuerzo por describirlos y por demostrar cómo esos valores cobran actualidad hoy en dí­a. En este punto, el pasado no es relevante. ¿Cómo puede el Gobierno proclamar que El Salvador avanza “en convivencia y desarrollo” cuando sus polí­ticas represivas siembran rencores y muerte?

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Rodolfo Cardenal
Columnista y director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA)

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