El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, negó este lunes que el cuerpo de seguridad o sus agentes posean "cárceles clandestinas" en las que permanecen detenidas personas arbitrariamente, como denunció recientemente en una entrevista con la prensa internacional un defensor de derechos humanos.
"De parte de la Policía no existen estas denominadas cárceles clandestinas. Cuando se trata de imputados en general, que no están bajo la posibilidad de ningún criterio de oportunidad, están recluidos en las bartolinas policiales (calabozos) o en los penales debidamente habilitados", señaló Cotto en conferencia de prensa.
El coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), Arnaú Baulenas, dijo en una entrevista a una agencia internacional que agentes de la Policía mantienen "cárceles clandestinas".
"Lamentablemente, puedo afirmar, por algunos casos que estamos acompañando, que existen cárceles clandestinas en El Salvador", y "esta es una realidad que está existiendo hace relativamente poco", señaló Baulenas.
Indicó, sin entrar en detalles por "confidencialidad" de las víctimas, que el IDHUCA acompaña un caso en el que unos jóvenes fueron detenidos por las autoridades y "no están registrados en ninguna bartolina ni centro penal".
El abogado añadió que se da seguimiento a otro caso en el que las personas pasaron 4 meses incomunicadas, sin que figurara su detención en ningún registro oficial, y al ser encontrados dijeron que "siempre habían estado en manos de la Policía, en una casa que propiamente le podemos llamar cárcel clandestina" y en la que había un "conjunto amplio de personas".
Esta se suma a la denuncia realizada en abril pasado por pobladores de la localidad de Victoria, del central departamento de La Paz, donde supuestamente dos jóvenes fueron detenidos por la policía tras auxiliar a una persona herida de bala y pasaron varios meses incomunicados.
El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen más de 600 células en todo el país, y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
